Ciudad de México. La búsqueda de justicia de la periodista colombiana, Jineth Bedoya Lima, quien en el año 2000 fue secuestrada y torturada sexualmente, se desarrolla en medio de actos de hostigamiento y un litigio malicioso por parte del Estado colombiano.
Para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), acompañantes legales de la periodista, los representantes del Estado no han actuado con la solemnidad y la dignidad que requiere el litigio que se desarrolla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
A más de 20 años del crimen, este 15 de marzo se realizó la primera de tres jornadas de una audiencia pública virtual convocada por la Corte Interamericana para determinar la responsabilidad del Estado en el secuestro y tortura sexual de la periodista.
Después de escuchar el testimonio de la también defensora de víctimas de tortura sexual y las preguntas de los jueces, los representantes de Colombia anunciaron que se retiraban y “recusarían” a los jueces por hacer preguntas que prejuzgaban y no eran objetivas ni imparciales, es decir, pedirían su separación de este caso.
En esa primera audiencia, Bedoya, quien durante su trayectoria ha trabajado con fuentes judiciales, relató que en el año 2000, cuando realizaba una investigación, agentes de la policía le sugirieron entrevistarse con jefes paramilitares en la Cárcel Nacional Modelo. El encuentro, el 25 de mayo de ese año, fue una trampa para secuestrarla, violarla y torturarla.
El crimen en su contra no fue investigado, por ello en 2011 la periodista presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que encontró elementos para acreditar violaciones de Derechos Humanos por motivos vinculados a su profesión y a la falta de protección del Estado. En 2019 la CIDH envió el caso a la Corte Interamericana.
En la sesión virtual del 15 de marzo la representación de Colombia decidió no hacer preguntas a la periodista; mientras que las y los jueces le pidieron detalles sobre las amenazas que vivió antes y después del secuestro y la tortura y de la actuación del Estado sobre las pruebas en las que se indicaba la participación de funcionarios en el secuestro.
En el interrogatorio, los jueces también declararon su admiración a la periodista por sostener su testimonio durante dos décadas. Ante las inquietudes de la CoIDH, Bedolla habló de que su investigación periodística permitió encontrar a 3 autores materiales de su crimen; del autogobierno en la cárcel donde fue secuestrada; y de los cuerpos que quedaban en la Moderna por los enfrentamientos entre grupos rivales.
En esa jornada, donde también se llamó a declarar a un testigo, el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado de Colombia, Camilo Gómez Alzate, interrumpió la audiencia y anunció que los representantes del Estado se retiraban por falta de garantías de objetividad en el proceso y señaló que ante la falta de imparcialidad presentaría un escrito para recusar a cinco de los seis jueces.
Ante lo sucedido, el 16 de marzo organizaciones defensoras de la libertad de expresión como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instaron al Estado colombiano a regresar a la audiencia de la CoIDH para cumplir sus obligaciones de garantizar la justicia en casos de violencia contra periodistas.
La representación gubernamental cumplió su advertencia. Después de escuchar el testimonio de la también defensora de víctimas de violencia sexual, se retiró sin atender la declaración del siguiente testigo.
Este 17 de marzo el máximo tribunal de la región informó que recibió el incidente de recusación planteado por el Estado de Colombia y declaró improcedente las acusaciones contra la presidenta Elizabeth Odio Benito, el vicepresidente Patricio Pazmiño Freire y los jueces E. Raúl Zaffaroni y Ricardo Pérez Manrique.
El mismo día que la Corte Interamericana desechó la solicitud de Colombia, donde también pedían excluir del expediente las preguntas formuladas por las y los jueces, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado envió una comunicación al correo personal de Bedolla para proponerle una “solución amistosa”, mecanismo judicial permitido por la Corte para evitar una sentencia condenatoria.
Sin respuesta de la periodista, esta carta fue difundida por la Agencia Nacional en diferentes redes sociales, una acción que para Cejil y la FLIP “constituye un acto de hostigamiento y de litigio malicioso, que desde ningún punto de vista responde a la solemnidad y la dignidad del proceso”.
Estas organizaciones, que representan a Bedolla, señalaron que esta carta era una táctica más de dilación en el proceso y aseguraron en un comunicado público que si el Estado desea aceptar su responsabilidad por las violaciones cometidas y comprometerse a la implementación de las reparaciones requeridas, debe hacerlo ante la Corte Interamericana.
Cejil ha señalado que el Estado puede presentar pruebas escritas en la Corte. En medio de la indignación por la actitud de los funcionarios de Colombia,este jueves 18 Camilo Gómez Alzate, envió una nueva carta a la Corte para pedir que fije nuevas fechas para las dos audiencias que quedaron pendientes.
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