Inicio Ernestina Ascencio Exhorta CNDH a Fiscalía de Veracruz a reabrir expediente de Ernestina Rosario

Exhorta CNDH a Fiscalía de Veracruz a reabrir expediente de Ernestina Rosario

Por La Redacción
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Ciudad de México.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGJV) a reabrir el caso de la indígena Ernestina Ascencio Rosario que fue violada por militares en la sierra de Zongolica, Veracruz, en 2007.

Como lo informó en marzo pasado, la CNDH está en un proceso de revisión de su propia actuación en el caso de Ernestina Ascencio, una mujer indígena, adulta mayor, que habría sido violada en 2007 por militares pero cuya muerte derivada de este ataque el entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, catalogó como “muerte por gastritis crónica”.

La CNDH dijo que analizaría presuntas violaciones al derecho a la libertad sexual, al derecho a la vida y al derecho a la protección de la salud de Ernestina Ascencio Rosario bajo una perspectiva de género.

Derivado de esa revisión, la Comisión emitió un comunicado este 15 de abril, en el cual reconoce que si bien la familia de Ernestina presentó oportunamente las denuncias y quejas correspondientes ante la FGJV (investigación 140/2007/AE por violación y posterior homicidio) y la CNDH (queja número 2007/901/2/Q), “es la fecha que la justicia plena sigue siendo un reclamo porque hay incumplimiento en la atención a las personas familiares de la señora Ernestina Ascencio, quienes exigen el esclarecimiento de las indagatorias”

“Producto de un proceso de revisión exhaustiva de varios procedimientos, entre los que destaca la propia Recomendación 34/2007, esta Comisión Nacional ha llegado a la convicción de que es tiempo de avanzar y generar un proceso de colaboración y coordinación interinstitucional en favor de garantizar los derechos de las personas en situación de víctimas”, señaló la CNDH.

Por ello, la Comisión exhortó públicamente a la FGJV para que gire instrucciones para que la Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos, a través de la Coordinación de Asuntos Indígenas y la Coordinación de Derechos Humanos, reabra la investigación con las consecuencias legales que correspondan y se faciliten los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación.

Esta Comisión Nacional, dijo, “ofrece toda su colaboración, en el marco de sus atribuciones, y exhorta asimismo para que, junto con la Secretaría de Gobernación a través de su Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, se dé paso a un proceso de investigación capaz de generar una conciliación entre el Estado mexicano y las personas en situación de víctimas sin necesidad de recurrir ante instancias supranacionales”.

De acuerdo con la CNDH, en particular los argumentos que han dado las autoridades en este caso no son congruentes con el principio pro persona -consistente en brindar la protección más amplia al gobernado- ni con el derecho a un recurso efectivo señalado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En esta nueva revisión, la CNDH emitirá un diagnóstico desde un enfoque de interseccionalidad, además de que se comprometió a colaborar en la queja que se presente en la Contraloría General de la Fiscalía en contra de quienes resulten responsables de las irregularidades señaladas.

La CNDH también se comprometió a llevar a cabo revisiones periódicas de las carpetas de investigación iniciadas por violencia sexual, desaparición de personas; garantizar los derechos de debido proceso y seguridad jurídica de las personas; reparar a las personas en situación de víctimas, tanto directas como indirectas; generar una estrategia de cumplimiento a las medidas de no repetición, entre otras. 

Es de recordar que el pasado 4 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una audiencia pública en la que diversas organizaciones civiles solicitaron que el Estado mexicano sea juzgado por este caso en la Corte Interamericana de DH, lo cual está por evaluarse. Ese mismo día, la representación del Estado aseguró que ningún derecho habría sido violado para Ernestina, su familia ni organizaciones civiles; seis días después, la Secretaría de Gobernación rectificó su postura y ofreció que la FGV reabra el caso.

21/AJSE/LGL

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