Ciudad de México. El acceso de las mujeres a un aborto seguro sigue siendo una ilusión, en la realidad, el personal médico utiliza la normativa mexicana para condicionar o negar este derecho de salud y los gobiernos lo emplean como “una moneda de cambio, negociación o promesa electoral entre los partidos. No hay una vocación para garantizar el libre acceso a la interrupción del embarazo”, declaró la abogada feminista, Julia Escalante de Haro.
La también especialista en Derechos Humanos participó junto con la gerente médica de Marie Stopes México, Aida Sánchez y la coordinadora del Observatorio de Médicos de Cimac, Cirenia Celestino Ortega, en el evento virtual “Interrupción legal del embarazo, situación actual y siguientes pasos”, organizado por la la Fundación Marie Stopes México, con motivo del 14 aniversario de la de despenalización del aborto en la Ciudad de México.
El 24 de abril de 2007, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó reformas al Código Penal y a la Ley de Salud local para que las mujeres que desearan interrumpir un embrazo por voluntad propia pudieran hacerlo hasta las 12 semanas de gestación. Las reformas también incluyeron la atención para las mujeres en una red de hospitales (13) de la capital a los cuales las mujeres pueden acudir para realizarse una interrupción legal del embrazo (ILE) y en donde reciben consejería e información sobre métodos anticonceptivos de manera gratuita y confidencial.
De acuerdo con las panelistas, cada año se producen 22 millones de abortos inseguros y casi 47 mil muertes de mujeres relacionadas con complicaciones de un aborto inseguro, 5 millones de mujeres padecen una incapacidad debido un aborto inseguro, por lo que este tipo de interrupción del embarazo se posiciona como la cuarta causa de muerte materna en México.
Explicaron que el aborto inseguro y la mortalidad de mujeres podría evitarse si se respetara y aplicaran las causales vigentes en cada estado, se dejara de criminalizar y agredir a las mujeres y se difundiera información científica en las escuelas, hospitales y medios de comunicación con el fin de desmentir los mitos que rodean a el aborto. Todos estos cambios motivarían un cambio cultural.
En opinión de la doctora Aida Sánchez es esencial comprender que un aborto seguro garantiza dos cosas: la vida y salud mental de las mujeres porque el proceso es realizado por personas calificadas, quienes emplean instrumentos y medicamentos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El negarles o condicionar este derecho propicia que las mujeres opten por abortos inseguros.
Sánchez y la comunicológa, Cirenia Celestino, coincidieron que es necesario priorizar una agenda que hable sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, sin prejuicios, y desde la propia voz de ellas con el fin de posicionarlos en los medios y de impulsar una narrativa que no las criminalice por ejercer sus decisiones.
“Abortar es seguro cuando se realiza con personal capacitado y con las técnicas adecuadas; la fertilidad no se afecta posterior a un procedimiento de aborto seguro; el síndrome post aborto no existe, no hay información científica que compruebe que este proceso afecta la estabilidad emocional de las mujeres; el aborto no causa cáncer de mama; el aborto es una decisión responsable”, enlistó la doctora Sánchez como una forma de deconstruir algunos de los mitos que rodean esta práctica.
Por su parte, Cirenia Celestino detalló que de acuerdo con el Observatorio de Medios que realizó Cimac en 2015, de cada 100 noticias sobre salud, 76 por ciento se centran en una voz masculina, de las cuales 59 por ciento son funcionarios y 8 por ciento son organizaciones civiles de Derechos Humanos. Éstos se dedican a opinar sobre cómo y en qué situaciones las mujeres deberían ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, sin la participación de ellas.
Otros datos, dijo, revelaron que 90 por ciento de las notas sólo informan sobre la salud de manera muy general mientras que 20 por ciento sí habla abiertamente sobre el derecho al aborto de las mujeres. En la mayoría de las noticias prevalece una imagen que vincula a las mujeres a la maternidad o de ellas siendo violentadas.
“En los medios de comunicación estoy viendo esto todos los días, estoy viendo debates de hombres opinando, en los medios se abren páginas enteras para que grupos conservadores tengan en donde expresar su postura frente a este tema y no se impulsa la información basada en Derechos Humanos o con perspectiva de género feminista”, resaltó.
Ante este contexto, Celestino Ortega explicó que es indispensable construir un periodismo de paz para las mujeres. Para ello describió algunos ejes a trabajar: abrir espacios para diversificar las voces, hablar sobre el derecho de las víctimas, citar la normativa, explicar el porqué de la existencia de las causales, crear contenidos con datos científicos, cuidar el lenguaje y la representación audiovisual de las mujeres.
“Hablemos de mujeres, no madres, hablemos de producto no de bebé. Las y los periodistas deben especializarse en este tema. No se puede explicar lo que no se entiende por eso es importante conocer cuáles son las causales para que podamos acercar a la información, no para crear prejuicios, sino para ampliar y dar mayor información a las mujeres”, agregó.
En cuanto a la normativa en el país, la abogada Escalante de Haro reconoció que existe un avance que se visbiliza en la creación de leyes como: la NOM46, el Reglamento de la Ley General de Salud, la Ley General de Víctimas y el artículo 1º Constitucional que consagra el principio ProPersona y el derecho al aborto sin condición alguna. Todas ellas, dijo, si bien garantizan el aborto seguro aún queda mucho camino por recorrer.
“México está en un punto intermedio. Tenemos lo que se denomina un sistema de causales o de permisos, en los cuales el aborto no se considera como un delito. Cada entidad federativa tiene un Código Penal donde reconoce algunas causales. En los últimos años, se han ido incorporando algunas causales más y aún cuando hablamos de la misma causal cada entidad federativa la puede regular con ciertos matices, que la hacen hasta cierto grado distinta”, explicó.
Ejemplo de ello, dijo, es que en algunos estados se exige una serie de trámites para realizar un aborto seguro por las causales de riesgo de vida de la madre o “malformación del feto”, a pesar de que la atención sea urgente. Misma situación se repite en la causal de violación, la cual está permitida en las 32 entidades del país y además, cuenta con protocolos de actuación para ella, sin embargo, en la realidad es difícil de aplicar.
“Hoy en día no deberíamos de necesitar estos protocolos, las víctimas de violación deberían tener asegurado este derecho como parte de la reparación del daño. Tenemos una protección jurídica muy sólida, muy amplia para garantizar que todas las mujeres, niñas y adolescentes tengan derecho a abortar cuando son víctimas de violación sin haber una denuncia antes, sin plazos fijos, sin que se condicione, pero no es así”, declaró.
El aborto espontáneo, dijo, no se sanciona en 29 entidades federativas, pero existen 3 entidades donde las mujeres son encarceladas si sufren un aborto de este tipo. En 24 entidades se reconoce la causal de riesgo de vida de la madres, en 16 se valida la causal por daños fetales en el producto, en 3 se permiten la causal por inseminación artificial sin consentimiento, 2 entidades (Michoacán y Yucatán) validan la causal por situación económica y 2 entidades (Cuidad de México y Oaxaca) reconocen el aborto por elección durante el primer trimestre de las gestación.
Las panelistas aclararon que existe una iniciativa para promover un Código Penal único con el objetivo de despenalizar el aborto en todo el país, sin embargo, ésta lleva casi 3 años en el olvido y no hay una propuesta para que se discuta pronto. La única opción, dijeron, es impulsar la despenalización en cada estado como se ha hecho en los últimos años.
Llamaron a que las y los periodistas presten atención en cómo representan a las mujeres en las narrativas y en las imágenes, por otro lado, pidieron a la población informarse sobre este derechos y la normativa existente en México con base en los Códigos Penales, en medios de comunicación e investigaciones que integren la perspectiva de género y de Derechos Humanos.
De acuerdo con el último informe de la Secretaría de salud capitalina, de abril de 2007 al 31 de diciembre de 2020 se han realizado 231 mil 901 ILE, de las cuales, 160 mil 483 fueron a mujeres de la capital, 62 mil 280 del Estado de México, mil 458 de Puebla, mil 280 de Hidalgo y 639 de Querétaro.
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