Ciudad de México. ¿Es posible que una persona que quiere suicidarse use guantes de látex para dispararse tres veces: primero al sillón, después en una pierna y al final en la cabeza? Esa fue una de las inquietudes de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ante las declaraciones de José Antonio Pérez Bravo, quien fuera coordinador de los agentes que investigaron la muerte de la abogada y defensora, Digna Ochoa y Plácido, en 2001.
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Los jueces Elizabeth Odio Benito y Eugenio Raúl Zaffaroni llamaron la atención sobre este detalle en la primera de dos audiencias a distancia que se realizan este lunes 26 y martes 27 de abril. En esta reunión, seis de los siete jueces del alto tribunal realizaron preguntas para conocer más sobre este caso, donde la familia de Digna Ochoa aseguró que el Estado mexicano investigó sin considerar la labor y las amenazas que enfrentaba; mientras que el Estado argumentó que la indagatoria incluyó todas las líneas de investigación.
En 2001 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), hoy Fiscalía General, abrió una indagatoria que duró 10 años. Después de una década, la institución determinó el no ejercicio de la acción penal debido a que concluyó que se trató de un suicidio. La familia consideró que hubo diversas irregularidades y que no se garantizó el acceso a la justicia, por lo que acudió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien en 2013 aceptó el caso y en 2019 lo envió a la Corte Interamericana.
La teoría del suicidio
Desde 1995 Digna Ochoa vivió amenazas y hostigamiento, incluso fue secuestrada en dos ocasiones y tuvo medidas de protección. Aun así los procuradores Bernardo Bátiz Vázquez, Rodolfo Félix Cárdenas y finalmente Miguel Ángel Mancera Espinosa, mantuvieron firme la determinación de suicidio. En la gestión de Mancera, quien ahora es senador, la Procuraduría dictó su última resolución.
Sobre esta teoría, el juez Eugenio Raúl Zaffaroni preguntó al testigo presentado por el Estado mexicano. “La Comisión (Interamericana de Derechos Humanos), al presentarnos el caso refiere que ha habido tres disparos. Uno en la pierna de la víctima, otro en la cabeza y otro en un sofá o en sillón. ¿Cómo se explica un suicidio con tres disparos”.
“De acuerdo con las pruebas periciales que fueron desahogadas, la explicación que nos proporcionó fue que Digna Ochoa primero accionó el arma, para el sillón o en el sillón, fue el primer disparo, para hacer como prueba de sonido, para saber si se acercaba algunas persona. Segundo momento el disparo en la pierna y tercer momento el disparo en craneo”, respondió José Antonio Pérez Bravo.
Sin embargo, minutos antes, Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna Ochoa, explicó ante la Corte Interamericana que la investigación no tomó en cuenta las amenazas e intento de asesinato que vivió su hermana. El juez Zaffaroni retomó esos detalles y volvió a preguntar. ¿Se dio por probado esta situación definitivamente (el suicidio) o no se siguieron otras líneas de investigación posibles?
Quien fuera funcionario de la PGJFD destacó, “Sí, bueno la investigación llevó varias líneas de investigación, además de los trabajos periciales que se desahogaron, las líneas de investigación fue: línea ‘militares’, línea ‘Guerrero’, el entorno social, familiar y laboral denominada ‘Digna Ochoa’, y se investigó todo de manera integral, el entorno, a partir de su trabajo profesional como abogada”.
La jueza Elizabeth Odio Benito preguntó si se hicieron pruebas en las manos de la víctima para saber si ella disparó el arma. El entonces funcionario respondió que sí, pero fueron negativas porque la abogada llevaba guantes de látex. “Usted me está diciendo que una persona que se va a suicidar se pone guantes? ¿Es eso lo que usted está diciendo?”, inquirió la jueza. “En el caso así fue”, respondió el testigo.
Las amenazas contra Digna Ochoa
Los jueces Humberto Antonio Sierra Porto y Patricio Pazmiño Freire cuestionaron cómo es que una persona defensora con amenazas y sin problemas familiares tiene problemas mentales que la llevan al suicidio. José Antonio Pérez Bravo dijo que después de revisar diversos análisis no se encontró evidencia de que en la escena de la muerte hubiera otra persona que hiciera el disparo. También señaló que se hizo una “necropsia psicológica” y hubo elementos de prueba como sus diarios personales que dieron cuenta de su personalidad.
Sin embargo, Jesús Ochoa y Plácido relató que su hermana fue amenazada en varias ocasiones, algo que atribuyó a su trabajo en defensa de víctimas de casos donde se involucraban elementos del Ejército mexicano, por ejemplo, la masacre de El Charco en 1998, la de Aguas Blancas en 1995 y la tortura de dos campesinos ecologistas en 1999, todos casos ocurridos en Guerrero. Además de la ejecución del Ejido Morelia, en Chiapas y la defensa de los hermanos Cerezo, acusados de terrorismo.
Para Jesús Ochoa, lo que más le afectó a la familia después del asesinato de Digna fueron las filtraciones a los medios y que en la investigación de los hechos las autoridades cuestionaran su vida privada, su sexualidad y su entorno familiar y que dudaran de su profesionalismo. “Justicia es encontrar la verdad, saber quién mató a Digna, y llevarlo ante la autoridad”, dijo.
En su testimonio también nombró a Renato Sales Heredia, quien fuera subprocurador de Procedimientos Jurídicos y de Derechos Humanos de la PGJDF, al entonces procurador Bernardo Bátiz Vázquez y a Margarita Guerra Tejada, quien fue designada fiscal especial para el caso Digna Ochoa. Estos tres funcionarios, dijo Ochoa, fueron los responsables de sostener la hipótesis del “suicidio simulado”.
Los jueces preguntaron si al momento de los hechos el Gobierno Federal y el gobierno de la Ciudad de México eran del mismo partido. Sin embargo, en los testimonios se constató que no había relación política entre estos órdenes de Gobierno, debido a que la capital era gobernada por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, y la presidencia de la República era ocupada por el panista Vicente Fox Quesada.
En esta primera audiencia la directora para Las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, quien acudió como perita, presentó una radiografía sobre la situación de las personas defensores de Derechos Humanos en México y afirmó que hay “un grave deterioro de los Derechos Humanos” desde mediados de la década de 1990, cuando ocurrió la muerte de Digna Ochoa. La audiencia continuará este 27 de abril.
Contexto del caso
De acuerdo con la familia, Renato Sales Heredia trató de convencer a la opinión pública de que Digna Ochoa cometió “suicidio simulado’”. Los familiares de la defensora se quejaron de esta teoría con el entonces jefe de Gobierno de la capital, Andrés Manuel López Obrador. Sales renunció a su encargo el 20 de junio de 2002 y en agosto de 2002 la investigación estuvo a cargo de una fiscalía especializada, encabezada por Margarita Guerra y Tejada.
De acuerdo con la información del expediente, que conoció la Comisión Interamericana, durante la etapa inicial de la investigación se practicaron mil 370 diligencias: 282 declaraciones, 247 diligencias ministeriales, 269 pruebas periciales y 572 oficios recibidos e informes de la policía judicial.
La Procuraduría revisó cartas personales, diarios, correos electrónicos y documentos privados y públicos de Digna Ochoa, revisó un viaje que hizo a Estados Unidos, su salida del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, su trabajo como becaria para la Fundación MacArthur y una póliza de seguro que contrató, información según la cual planeaba quitarse la vida. La autoridad concluyó que padecía un Trastorno Esquizofrénico de la Personalidad, con marcados rasgos paranoides.
Sobre la línea de investigación que involucraba a militares, la Procuraduría señaló que sólo eran conjeturas y sobre la línea que llevaba a caciques del estado de Guerrero, afectados por el trabajo legal de la abogada, la autoridad señaló que había duda sobre la autenticidad de los datos. Entre 2002 y 2003, con el apoyo de la Comisión Interamericana, un grupo de expertos independientes, a cargo del consultor Pedro Díaz Romero, revisó las investigaciones y emitió su informe en el que recomendó ampliar declaraciones y profundizar la investigación sobre Guerrero y los militares.
21/AGM/LGL
