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Violencia contra periodistas y defensoras colombianas, estrategia de control e intimidación

Por Aline Espinosa Gutierrez
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Ciudad de México. Cometer actos de violencia sexual contra mujeres periodistas o defensoras de Derechos Humanos (DH) en Colombia, más en el contexto armado en el que se encuentra este país desde hace 28 días, es una estrategia de control e intimidación que busca silenciar a las víctimas y a la comunidad a la que ellas pertenecen, pero sobre todo, envía un mensaje social: proteger los DH o informar son labores de alto riesgo. 

Esta fue una de las reflexiones en la que coincidieron el relator especial sobre la promoción de la verdad, justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Fabian Salvioli; la vicedecana y profesora de derecho internacional de The George Washington University Law School, Rosa Celorio; el profesor de la Universidad de Columbia, Louis Bickford; y la directora del Programa Senior en Global Transitional Justice Initiative, Ereshnee Naidu durante el conservatorio virtual “Reparaciones y sitios de conciencia”. 

Este evento fue organizado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) con motivo del “Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado”, el cual se conmemora cada 25 de mayo desde 2014 como una medida de reparación colectiva  a raíz del caso de la periodista colombiana, Jineth Bedoya, quien fue víctima de secuestro y violencia sexual por paramilitares en el 2000 cuando realizaba una investigación en Bogotá. 

Durante el conversatorio, explicaron que la violencia sexual contra periodistas y defensoras de DH se relaciona con la labor que ellas realizan, ya que no cumplen con los roles de género o estereotipos que la sociedad les exige, en vez de ello, salen a la calles a documentar, registrar o demandar un alto a la violencia, a salvaguardar la vida de las personas o a revelar la verdad. 

Pese a que la violencia sexual, dijeron, es una de las agresiones más graves, el daño de ésta ha sido muy poco visibilizado así como que la mayoría de estos actos se cometen aún cuando las autoridades colombianas tienen conocimiento de que la periodista o defensora de DH estaba en riesgo. Esto demuestra que no existe una estrategia de protección y de prevención sobre los distintos tipos de violencia que afectan a las mujeres en este país. 

Ejemplo de ello, es el caso de la periodista Bedoya Lima. Ella fue secuestrada y sometida a actos de tortura y violencia sexual debido a su labor por paramilitares, ya que desarrollaba una investigación en la prisión “La Modelo” con el objetivo de evidenciar las graves violaciones de Derechos Humanos y corrupción que existían dentro. Actos en los que estaban involucrados paramilitares y agentes estatales. 

Resaltaron que aunque las autoridades colombianas sabían que Bedoya Lima estaba en peligro no hicieron nada, pues le negaron la protección que ella solicitó luego de recibir diversas amenazas bajo el argumento de que “no había ningún riesgo”. Este desinterés de las autoridades de cumplir con sus obligaciones continuó, por lo que este caso se mantuvo en la impunidad y sin avances por casi 17 años. 

Es por ello que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en 2019 al considerar que el Estado colombiano no cumplió con las recomendación que les hizo en su informe para investigar el caso de Bedoya, reparar las consecuencias de la violencia y adoptar medidas. Ahora la CoIDH dictará una sentencia respecto al caso de la periodista en los próximos meses. 

Las y los presentes esperan que esta sentencia marque los patrones de violencia e impunidad en los casos de violencia sexual contra mujeres en el país y sea una oportunidad para analizar la violencia diferenciada que viven las periodistas, demostrar el rol esencial que ellas poseen y establecer medidas de reparación que les permitan ejercer su trabajo en espacios seguros. 

Además, desean que la sentencia de la CoIDH genere expectativas para el contexto actual colombiano, el cual requiere de mejores herramientas para garantizar la dignidad de las víctimas de violencia sexual, la libertad de expresión y el acceso a la justicia. Del 28 de abril al 24 de mayo, se han registrado 22 casos de violencia sexual por parte de policías contra mujeres y niñas durante las movilizaciones del Paro Nacional, según la organización Temblores. 

Al respecto de estas cifras organizaciones civiles de mujeres en Colombia declararon que la violencia sexual por parte de policías sucede bajo dos patrones: se aísla a las víctimas o son llevadas a lugares custodiados por agentes de seguridad en las protestas. Este tipo de delito, dijeron, data desde el 2015 en su país. 

Las y los panelistas concluyeron que es necesario que la CIDH defina la reparación del daño desde una visión transformadora, con perspectiva de género y en la que permita la participación de la víctima a fin de erradicar las causas estructurales que promueven y repiten los actos de violencia sexual contra mujeres y haya una reparación simbólica al cerrar la cárcel “La Modelo”. 

21/AEG/LGL

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