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Esto ya lo habíamos advertido…

Por Teresa C. Ulloa Ziáurriz

Hace ya algunos meses lo habíamos advertido, cuando se empezó a detectar el desplome de la economía, el cierre de empresas y el profundo incremento del desempleo y la pobreza, que ha afectado principalmente a las mujeres.

El pasado 29 de mayo en varios medios se reportaba que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) había reportado que durante el mes de abril se rompió el récord de casos de trata de personas en el presente sexenio, incluso en comparación con 2019 y 2020.

Y digo que ya lo habíamos advertido, porque habíamos dicho que se estaban conformando las condiciones para que nos atacara otra pandemia, ya no sólo la del COVID-19, sino la de los delitos en materia de trata de personas.

Lamentablemente, las estadísticas del SESNSP no nos reportan el sexo de las víctimas o posibles víctimas, ni los lugares de origen, ni el tipo de explotación a la que sometieron o se presume que sometieron a las víctimas.

Aquí el problema no sólo es que no hay estadísticas clasificadas por el sexo de las víctimas, sino que se están divididas en delitos del orden común y del orden federal.

Incluso, cuando una entra a los delitos de violencia contra las mujeres no aparece la trata, ni ninguna de las formas de explotación que se previenen en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Y ahí es donde yo me pregunto de qué le sirve a las víctimas y posibles víctimas la paridad en el Gabinete Federal, o de qué nos sirve tener la primera mujer en la historia de nuestro país como secretaria de Gobernación.

Si contáramos con una mejor estadística de la incidencia delictiva que nos permitiera saber el sexo de las víctimas y posibles víctimas, los lugares de origen, y la forma de explotación, se podrían diseñar políticas de prevención focalizadas y generales, y con ello tratar de disminuir las situaciones que colocan a las víctimas en situación de vulnerabilidad.

Pero, lamentablemente la ideología liberal postmoderna del gobierno federal no permite fijar políticas públicas que disminuyan la pobreza, la falta de oportunidades, la violencia que se vive en la frontera sur y la norte, y en muchas entidades bajo el control de la delincuencia organizada.

Según “El Economista”, en su edición del 8 de marzo de 2021 “…Bajo un contexto de violencia generalizada en nuestro país, hasta ayer había registros de al menos 20 mil 939 mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas en México…

No obstante, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las cifras de mujeres desaparecidas alcanzaron un máximo histórico. Entre el 1 de diciembre del año 2000 y el 7 de marzo del 2003, Gobernación tiene registros de la desaparición y no localización de 63 personas.

Para el periodo similar de Felipe Calderón, es decir, entre el 1 de diciembre del 2006 y el 7 de marzo del 2009, el número de mujeres desaparecidas y no localizadas se ubicó en 476.

Con Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre del 2012 y el 7 de marzo del 2015, se tiene registros de 2 mil 418 mujeres desaparecidas y no localizadas.

Mientras que en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre del 2018 hasta el día de ayer, 7 de marzo, se contabilizaban 4,267 mujeres y niñas desaparecidas y no localizadas…”

Pero siempre he tenido la duda de si en esas mujeres que la Comisión Nacional de Búsqueda reporta como desaparecidas o no localizadas, incluyen a las que se presumen víctimas de delitos en materia de trata de personas y de las distintas formas de explotación; lamentablemente porque no se entiende que la trata termina cuando empieza la forma de explotación a que se somete a las víctimas y que el consentimiento no se debe tomar en cuenta cuando la víctima se encuentra en situación de vulnerabilidad. Incluso la Ley General establece que el consentimiento otorgado por la víctima a cualquier forma de explotación no constituirá excluyente de la responsabilidad penal del o de los tratantes y explotadores.

Lo cierto es que no hay políticas de prevención, de persecución y sanción efectivas. Tampoco hay opciones de salida dignas para las víctimas, ni reparación integral y por lo tanto, tampoco se ha garantizado a la víctima y a la sociedad que el crimen que se perpetró no volverá a ocurrir en el futuro, que incluye el derecho a la verdad que permita conocer lo que verdaderamente sucedió; la justicia, que busca que los criminales paguen por lo que han hecho; y a la reparación integral. Tampoco contamos con el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, a ya casi tres años de que llegara al poder el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y esto sucede porque no se tiene claro que sin demanda no hay oferta, que estos son delitos que afectan mayormente a las mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad y que según la propia Ley General de la materia se define en su Artículo 4, Fracción XVII, como:

“…Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada de uno o más de las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice la actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito:

a)         Su origen, edad, sexo, condición socioeconómica precaria;

b)         Nivel educativo, falta de oportunidades, embarazo, violencia o discriminación sufridas, previas a la trata y delitos relacionados;

c)         Situación migratoria, trastorno físico o mental o discapacidad;

d)        Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena;

e)         Ser una persona mayor de sesenta años;

f)         Cualquier tipo de adicción;

g)         Una capacidad reducida para formar juicios por ser una persona menor de edad, o

h)         Cualquier otra característica que sea aprovechada por el sujeto activo del delito…”

De todo lo anterior, se puede concluir que el tema de los delitos en materia de trata de personas no se encuentran en la agenda pública del gobierno federal, a no ser por el titular de la UIF que está comprometido en la persecución de las inmensas ganancias ilícitas que deja la explotación sexual de las mujeres y niñas.

Ojalá nos escucharan y se diseñen mejores estadísticas y políticas públicas de prevención, ante la desgracia que ronda a las mujeres y niñas mexicanas.

21/TUZ/LGL

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