Ciudad de México, Este 6 de junio de 2021 se lleva a cabo una jornada electoral calificada como “histórica” para las mexicanas. Ésta, la votación más grande de la historia en México por el número de cargos públicos a elegir (más de 500 cargos de elección federal y 19 mil 915 de carácter local, entre ellos 15 gubernaturas, 30 congresos locales y mil 249 presidencias municipales o alcaldías) sería la primera vez que la población femenina representa la mayoría entre el electorado con 51 por ciento.
Asimismo, gracias a la reforma constitucional de 2019 conocida como “Paridad en todo” (que establece que los poderes de la Unión, organismos autónomos, las 32 entidades federativas y los ayuntamientos, deben integrarse por la mitad de mujeres y hombres), también será la primera ocasión en que las mujeres serán mayoría entre quienes compiten por algún cargo, (con 71 mil 165 postulantes).
Esta jornada electoral, además, es la primera en la que México cuenta con distintas leyes, reglamentos y protocolos previamente reformados para registrar, denunciar y sancionar la violencia política contra las mujeres.
Con estos cambios en las leyes se espera que estas elecciones de 2021 redistribuyan el poder de manera igualitaria entre mujeres y hombres con un incremento significativo de mujeres en los puestos de poder, explicó la investigadora del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, Lorena Vázquez Correa, al participar en el programa especial “Elecciones 2021. Participación política de las mujeres”, que transmitió hoy Violeta Radio por el 106.1 de FM.
La politóloga explicó que uno de los pasos más importantes en materia de paridad se verán reflejados en gubernaturas, ya que al implementar la paridad en las postulaciones se espera que México pase de 2, como está actualmente, a que sean 4 o 5 las entidades gobernadas por mujeres.
No obstante, reconoció, persisten los obstáculos dentro de los partidos para cumplir con la paridad de género, por ejemplo, a través de la violencia política contra las mujeres, expresiones que tratan de inhibir la participación de las mujeres en la política a través de impedir que se postulen a cargos de elección popular.
Violencia política
Vázquez Correa dijo que si bien este proceso electoral no es reconocido como el más violento de la historia, las cifras muestran un contexto preocupante, toda vez que durante el proceso electoral de este 2021, la autoridad electoral registró 29 asesinatos de aspirantes, precandidatas, candidatos y candidatos, lo que representa 2 asesinatos más con respecto a la jornada electoral de 2018. No obstante, otros datos aseguran que fueron en total 91 las personas asesinadas, entre ellas 14 mujeres, 75 por ciento del total eran personas opositoras.
“Sigue habiendo muchísima resistencia para que las mujeres participen en igualdad de condiciones con los hombres y en ambientes libres de violencia. Estas expresiones de agresividad y violencia lo que quieren es inhibir la participación de las mujeres (…) las reformas por violencia política contra las mujeres fueron importantes porque se visibilizó y se trató de subir el estándar ético de las personas que van a acceder a los cargos y que van a tomar decisiones”, detalló la especialista.
Hasta mayo de 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) registró 108 quejas de mujeres por violencia contra ellas. Al inicio de la jornada de este 6 de junio de 2021, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género tenía un total de 66 personas registradas por cometer violencia política, 58 de ellas sancionadas. De este total, 45 fueron hombres y 13 mujeres; la gran mayoría eran presidentes o presidentas municipales. Oaxaca y Veracruz encabezaron la lista con 19 casos cada uno.
Al respecto, la integrante de la Red Mujeres en Plural, Teresa Hevia Rocha, quien también participó en esta emisión especial de Violeta, recordó que la primera reforma para tipificar la violencia política contra las mujeres se presentó ante el Senado hace 9 años, en noviembre 2012.
A lo largo de los 8 años siguientes, precisó la especialista, hubo más de 44 iniciativas que buscaban legislar la violencia política. Fue hasta abril de 2020 cuando se consiguió reformar 8 leyes, 6 generales y 2 federales, entre ellas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, entre otras.
Con ello se consiguió que las sanciones contra quienes cometieran violencia política se elevaran a multas o incluso prisión. “Esto lo que nos ofrece es un marco jurídico muy robusto, muy bien diseñado, para que las mujeres puedan denunciar actos de violencia contra ellas en el ejercicio de sus derechos políticos y para que las autoridades cuenten con las atribuciones, los mandatos específicos, para perseguir este tipo de violencia”, detalló Hevia Rocha.
La también autora de la “Guía práctica para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres en razón de género” dijo que la violencia contra mujeres está muy normalizada también en el ámbito político, donde incluso se tiene la noción que quien quiere entrar en la política tiene que aguantar “el trato rudo” que se experimenta en esta esfera, sin embargo, “la violencia no tiene por qué ser un costo de participar en política.
Las mujeres no tienen por qué sufrir de esta hostilidad sistemática, de estas barreras que buscan sacarlas del juego político”, expresó.
Agresores en el poder
Durante su participación en el programa, la defensora feminista e integrante de “Las Constituyentes feministas CDMX”, Yndira Sandoval, señaló que pese al trabajo constante de las organizaciones civiles de mujeres por visibilizar las candidaturas que no cumplieron con la iniciativa conocida como “#3De3VsViolencia”, es probable que agresores de mujeres lleguen a algunos de los cargos políticos que hoy se disputan.
La iniciativa fue impulsada conjuntamente con diputadas federales y defensoras de los derechos políticos de las mujeres desde 2017, quienes consiguieron que en octubre de 2020, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinara que los aspirantes a una candidatura debían firmar y entregar tres documentos donde declararan no estar sancionados por ser deudores de pensión alimenticia, por ejercer acoso o violencia sexual ni por ser agresores de mujeres en el ámbito familiar o político, es probable que agresores de mujeres lleguen a algunos de los cargos políticos que hoy se disputan.
Precisó que en esta jornada electoral de acuerdo con los registros de la “Observatoria Ciudadana Todas MX”, 106 agresores lograron colarse a la contienda electoral. Entre los partidos con más casos está Morena con 31, 11 del Partido Acción Nacional (PAN) y 7 del Movimiento Ciudadano, pero en todos los partidos hay. Los principales delitos fueron violencia sexual (proxenetas, pedófilos, violadores, acosadores y hostigadores) y violencia familiar (por lesiones graves o feminicidio en grado de tentativa).
En este último delito, añadió, las integrantes de la “Observatoria” tuvieron acceso a algunas carpetas de investigación y descubrieron que por la magnitud de las lesiones contra las víctimas debían ser clasificadas y en su caso sancionadas como feminicidio en grado de tentativa.
Ejemplo de ello, dijo, es el candidato del partido “Fuerza por México” a la gubernatura de Michoacán, Cristóbal Arias, quien tiene una carpeta de investigación por intento de feminicidio; mientras que el candidato de ese mismo partido pero por la alcaldía de Cuernavaca, Sergio Estrada Cajigal, el cual cuenta con 3 carpetas de investigación por violencia familiar.
“Estamos frente a una amenaza de que no solamente aparezcan frente a la boleta posibles agresores, deudores, acosadores, sino que muy probablemente nos legislen, nos gobiernen y sean parte de la administración y de la toma de decisiones de la vida pública de nuestro país (…) el llamado es que las mujeres salgamos a votar pero ponderando quién respeta, se compromete, garantiza o se compromete con nuestros Derechos Humanos”, dijo Sandoval.
Explicó que registraron 106 agresores de mujeres como aspirantes a una candidatura y 77 antiboletas, de las cuales algunas fueron promovidas por organizaciones civiles de mujeres, 26 fueron tramitadas por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) del Estado de México y 3 por el INE, sin embargo, más tarde éste regresó 2.
“Son 106 los que alcanzamos a detectar. Si pudiéramos multiplicar los 21 mil cargos que se van a elegir, de los cuales alrededor de más de 10 mil pertenecen a las candidaturas de hombres, multiplíquenlo por los 10 partidos federales, más los partidos locales, más las 32 entidades federativas. Estamos hablando de un mundo de quién sabe cuántos (agresores de mujeres) que están en las boletas y que es probable que nos gobiernen”, dijo Yndira Sandoval.
En su opinión, es necesario que se siga trabajando para que la “#3De3VsViolencia” no caduque como un lineamiento electoral, sino que sea parte del marco jurídico local y federal en las legislaciones para cargos de elección, de designación (que son todo el funcionariado público) y de concurso (que son los órganos autónomos como fiscalías, entre otros).
Llamó a que las mexicanas salgan a las urnas a votar por quienes sí les interesa proteger sus Derechos Humanos y no son agresores porque la única fuerza política que puede cambiar el rumbo del país son las mujeres y el feminismo.
Cabe recordar que previo a las elecciones, “Transparencia Mexicana” publicó en un informe que en 5 estados: Coahuila, Colima, Durango, Sinaloa y Yucatán, se podía consultar qué aspirantes han presentado su declaración “3De3VsViolencia”, pero en 27 estados y a nivel federal no hay plataformas para consultar esta información.
Poco avance en los escaños para candidaturas a personas indígenas
Si bien la paridad de género aumentó la presencia de las mujeres en los espacios de poder a nivel federal, esto no ha repercutido en las comunidades indígenas, donde los partidos políticos utilizan tácticas para no cumplir con la paridad y además y suplantan identidades indígenas, así lo dijo la coordinadora del Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Zenaida Pérez quien también participó en este programa especial de Radio Violeta.
En estas elecciones, los partidos políticos estuvieron obligados a registrar 30 candidaturas indígenas, 21 por mayoría relativa y 9 por el principio de representación proporcional. Recordó que esta medida afirmativa inició en 2018, cuando la autoridad electoral obligó a los partidos a postular fórmulas integradas por indígenas paritariamente en por lo menos 12 de los 28 distritos electorales federales.
La defensora consideró que aunque en estas elecciones se incrementaron los escaños para indígenas, los partidos políticos siguen cometiendo “trampas” y no respetan las reglas electorales, por ejemplo emiten constancias falsas para usurpar las identidades indígenas, por lo que estas comunidades están en una continua lucha por ganar estos espacios de poder que les corresponden y que sus derechos sean reconocidos.
De acuerdo con el INE, de las 6 mil 420 candidaturas que respondieron el cuestionario de identidad, 509 se identificaron como personas indígenas, de las cuales la mayoría pertenecen a Movimiento Ciudadano con 16.99 por ciento; seguido por el Partido Encuentro Solidario con un 15.12 por ciento; Redes Sociales Progresistas con 10.01 por ciento; Partido Verde Ecologista de México con 7.46 por ciento; y Partido de la Revolución Democrática con 6.28 por ciento.
En días previos a la elección, el INE detectó 132 aspirantes a candidaturas que simulaban identidades indígenas, los cuales presentaron constancias falsas, documentos solicitados bajo engaño, o firmados en blanco.
Recordó que el día de ayer todavía se bajó la candidatura de una persona que usurpó la identidad indígena. Esto, dijo, no garantiza a la población que quienes los van a representar sí van a trabajar por sus necesidades y además, demuestra que “todo se ha hecho a destiempo y de manera muy opaca, sin transparencia”.
En su opinión sería deseable que las personas indígenas que aspiran a algún cargo de elección popular puedan validar su identidad a través de sus autoridades tradicionales y comunitarias y no de las autoridades estatales con el fin de disminuir las irregularidades en los procesos electorales y visibilizar que esta problemática afecta al 25 por ciento de las personas que se reconocen como indígenas en el país.
También consideró necesario modificar las estructuras de los partidos a fin de que exista más transparencia en cómo se van designando las candidaturas desde un inicio, se verifique si esa persona cuenta con las características para ser parte de esta cuota y se promueva una normativa que asegure la reparación del daño para las y los indígenas a los que les roben sus espacios de poder.
Para impulsar la paridad, agregó, es indispensable que las autoridades locales recomienden que se incorpore la perspectiva de género en las constitución de los ayuntamientos de las comunidades indígenas, promuevan la presencia de las mujeres todo el año y no sólo en las elecciones, y que el INE desglose sus cifras de candidaturas indígenas por género para hacer un balance de la participación de las indígenas en la política.
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