El problema de fondo en la negativa a reconocer el derecho de las mujeres y niñas a recibir asistencia médica del Estado para acceder al aborto en forma legal en la mayoría de los estados no es un problema de conciencia de fe o de moral, sino la persistencia de una sociedad patriarcal que insiste en tutelar desde el Estado, y de los hombres en la sociedad, los cuerpos de las mujeres y las niñas como se ha hecho históricamente.
No se trata de una posición de fe llevada -claro está, rompiendo el Estado laico- a sus posiciones como legisladoras o legisladores, incluso en la falta de decisión o un posicionamiento claro sobre el tema, y la evasión del mismo no ayuda ni contribuye al cumplimiento del Estado laico y del marco constitucional de los Derechos Humanos, sino al dogma de un sistema social-patriarcal que sí permite y alienta los vientres de alquiler, la prostitución y la trata, el matrimonio infantil y la sexualización de las niñas y ubicarlas como “producto de consumo”.
En recientes fechas, para ser específica en el estado de Campeche se legisló literalmente a “escondidas” para incluir en la Constitución del estado “el derecho a la vida desde el momento de la concepción”, y posteriormente se rechazó una débil iniciativa de ampliar las causales a “la malformación congénita” que tendría que estar subsumida en el riesgo para la vida de la madre y las condiciones dignas de vida.
La primera modificación legislativa si bien no afecta el acceso a las tres causales de aborto legal en el estado, en cambio revela graves aspectos sobre la importancia en la agenda de los Derechos Humanos de las niñas y las mujeres; por un lado evidencia la partidización de fondo, pues se da en el marco de acuerdos de fracciones parlamentarias que se tomaron previo a la elección, en el quit pro quo de las alianzas entre partidos y el voto de otras fracciones en el congreso estatal que secundaron esta posición y aceptaron la inclusión en la Constitución local.
La consecuencia no es grave en lo que respecta al acceso a la interrupción legal del embarazo, pero lo que sí es grave, es que se procure una acción que otorga derechos a la vida desde la concepción en un estado en el que los últimos años han sido catastróficos por la simulación en la protección de los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas, de las juventudes, de la población indígena y en general de las personas adultas mayores, así como de la protección del derecho a la vivienda, a la alimentación, el derecho al trabajo y a un proyecto de vida.
La incongruencia en este marco de eventos es justo que esas mismas posiciones institucionales son las que reconocen que las niñas y las adolescentes no podrían jamás intentar adoptar una niña o niño, pero en su lógica sí deben poder criar un hijo. Ahí también se ubican quienes piensan que se debe promover la esterilización de las mujeres en el ámbito rural e indígena o mujeres interdictas o mujeres en situación de calle, de pobreza extrema, adictas, o que viven con VIH.
Desde una perspectiva de género y de Derechos Humanos el simple análisis es que desde esa visión, el Estado puede decidir, los hombres pueden decidir, las mujeres “guardianas del patriarcado” consideran que las mujeres no pueden decidir por sí mismas sino que se encuentran en esa eterna infancia y alguien más tiene que decidir velar por decidir sobre sus cuerpos, decidir que está bien que se prostituyan porque no tienen oportunidades laborales o que sean víctimas de la trata o de la violencia digital que es grave y poco se ha hecho para sancionar a grupos plenamente identificados que comercializan las fotos de niñas y adolescentes. Pero voltean la cara para otro lado cuando se habla de estos temas.
Además de que pasan por alto la obligación que tiene el Estado Mexicano de garantizar el acceso al aborto legal y seguro para las mujeres que han tomado esa decisión en el marco de su realidad y sus condiciones de vida, menoscaban la accesibilidad al ejercicio de los derechos que creen que no están bien desde sus visiones sesgadas.
En el caso de la segunda propuesta sobre ampliar excepciones, estas se han hecho desde hace varios años al Congreso por parte de una organización local que trabaja en la promoción y la defensa de los derechos de las niñas y las mujeres, en un estado en donde el abuso sexual, el estupro, el matrimonio servil, y el incesto, son la normalizada violencia contra las niñas y adolescentes de la que no se habla, pero más allá de decidir en el marco de la realidad se legisla en el marco de negociaciones partidistas, no desde una convicción moral que no es válida que podrían alegar.
En general en la Península y probablemente en muchas regiones del país está tan normalizado el abuso sexual de las niñas en las familias que ni siquiera se considera en las violencias que dan origen a todo este engranaje de violencia sistémica que termina en feminicidio.
Hay que ponerle nombre a los problemas, hay que decir que los lugares no son perfectos aunque lo simulen, y que si Oaxaca y la Ciudad de México son entidades en donde hay personas católicas, cristianas, evangélicas y ateas, y conciliaron y comprendieron que la legislación tiene la obligación de atender a las realidades, lo mismo pueden llegar a hacer en otras entidades, también estados como Campeche o de la Península donde la violencia sexual es, como dicen las hermanas de Quintana Roo, «el olor a sangre en el paraíso que nadie quiere mirar».
21/ACM/LGL
