Ciudad de México. A pesar de que la normativa en México, Colombia y Argentina permite la interrupción del embarazo en caso de violación, las mujeres, en particular las niñas y adolescentes, continúan enfrentando diversas dificultades para acceder a este derecho, lo que las dejas en una situación de vulnerabilidad, viola sus derechos sexuales y reproductivos y pone en mayor riesgo su vida, más, si el procedimiento es urgente, declararon defensoras y especialistas en género.
Durante el “Conversatorio Latinoamericano sobre la implementación del derecho al aborto en caso de violación”, detallaron que en sus países el personal médico y las autoridades no respetan la normativa sobre aborto en caso de violación, pues exigen a las mujeres y menores de edad requisitos adicionales “ilegales” que ellos se inventan para así dilatar el acceso de ellas a la interrupción de su embarazo, lo que las orilla a realizar procedimientos inseguros.
Explicaron que el personal médico de estos países hacen creer a las mujeres y menores de edad que deben presentar un comprobante de denuncia de la violación ante las autoridades pertinentes para poder abortar, sin embargo no es así, ya que las leyes estipulan que en estos casos se debe preponderar la voluntad de la víctima, considerar si su vida se encuentra en peligro y las y los profesionales de salud deben brindarle un servicio médico digno, confidencial y seguro.
Debido a esa desinformación, dijeron, difundida por el personal médico, muchas mujeres y menores de edad atraviesan un camino que las llega a violentar aún más, es decir, se enfrentan a autoridades que desestiman la agresión que sufrieron, que las revictimizan y las hacen recrear muchas veces el hecho, que les exige pruebas, y que las culpabiliza. Todo este proceso no les garantiza obtener una denuncia, y de lograr tener una, su derecho al aborto es condicionado en los hospitales.
Además de estas barreras, agregaron, una común que enfrentan las mujeres y menores de edad en estos países es la objeción de conciencia, uno de los derechos del personal médico para negarse a realizar un aborto, pero este derecho es utilizado a “conveniencia, no se respeta las excepciones en las leyes, y es mal interpretado”, por ejemplo, las y los profesionales de salud se declaran objetores aún cuando son el único o única médica en el centro de salud, y la vida de las mujeres corre mucho riesgo.
Señalaron que aunque en cada uno de estos países las excepciones son diferentes para que el personal de salud se declare objetor de conciencia, en general, las y los médicos no pueden utilizar este derecho si no hay más personal que pueda realizar un aborto en la región, si la vida de la mujer está en peligro, y en caso de objetar deben referir a la ciudadana a otro hospital donde sí le puedan dar el servicio.
Comentaron que este panorama que padecen las víctimas de violación para ejercer su derecho a abortar sin perder la vida en ello es grave, porque visibiliza que en la sociedad y en el sistema de salud prevalecen diversos estereotipos sexistas que evitan que empaticen hacia la agresión que ellas vivieron, a pesar de que esta violencia es una de las que quita a las mujeres la tranquilidad, libertad corporal y disfrute de su cuerpo.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a nivel mundial 15 millones de mujeres experimentaron alguna vez violencia física o sexual por parte de su pareja o un desconocido; y entre 45 y 55 por ciento de ellas ha padecido acoso sexual desde los 15 años de edad.
Detallaron que es importante resolver estas dificultades porque el delito de violación afecta en particular a las niñas, ya sea que la agresión se cometa en sus hogares o escuelas. Por ejemplo, registraron 3 mil embarazos en menores de edad en Argentina en un año, 10 mil en México en 2019 y 4 mil 578 en Colombia en 2019, cantidades que pueden ser mayores hoy en día debido a muchos factores, en particular, las medidas restrictivas sanitarias por la pandemia.
Estas cifras, resaltaron, evidencian la importancia las autoridades y hospitales de estos países desarrollen protocolos de actuación enfocados en menores de edad que hayan sufrido una violación y que los gobiernos aseguren una educación sexual y reproductiva y espacios seguros en las escuelas para que las niñas y adolescentes puedan identificar cuando están en riesgo o a qué personas pueden acercarse para buscar apoyo.
Estas medidas de prevención y de actuación, recalcaron, no son opcionales es una obligación que el Estado de estos países debería realizar de forma asertiva para prevenir y erradicar este tipo de violencia contra las menores de edad, sin embargo, sus respuestas son vagas y poco efectivas. Ante ello, agregaron, son las defensoras quienes salen a cumplir con las obligaciones del Estado y buscan que las niñas accedan a la interrupción segura de sus embarazos.
“Persisten las barreras y en muchos casos estas son insuperables para muchas mujeres y niñas. Precisamente porque estas se exacerban y acentúan en poblaciones con menores recursos como son las rurales y donde inclusive las redes feministas no han llegado. El Estado y las autoridades deben garantizar el acceso al aborto en todo el territorio, pero no es así, por ello sigue persistiendo una necesidad de vigilar la actuación de las autoridades”, dijo la directora regional por América Latina y el Caribe del centro de Derechos Reproductivos en Colombia, Catalina Martínez Coral.
Enfatizaron que mientras estas dificultades no sean resueltas es importante que las defensoras y feministas formen alianzas para que su actuar se fortalezca y la lucha porque todas las mujeres y niñas víctimas de una violación puedan acceder al aborto seguro y también a través de su labor demuestren que este tipo de violencia es crítica en sus países.
En este evento también participaron al antropóloga social del Centro de Estudios Superiores en Antropología Social en México , Roxana Aguilar, y las bioquímica y egresada de la Universidad del Rosario en Argentina, Narcisa Silvia Augsburger.
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