Ciudad de México.- Chihuahua, emblema de la violencia feminicida en el país por el alto número de mujeres asesinadas y desaparecidas, se convirtió hoy en la entidad número 20 con una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por violencia feminicida.
Dos años después de que la Comisión Nacional y la estatal de los Derechos Humanos la solicitaran, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), declaró este 17 de agosto una AVGM para cinco municipios de Chihuahua: Chihuahua, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, Juárez e Hidalgo del Parral.
Esta alerta contempla 21 medidas que deberán implementar los tres órdenes de gobierno y los Poderes Legislativo y Judicial locales. Entre ellas se establecen diversas medidas de seguridad, prevención y justicia. Por ejemplo, con esta declaratoria se obliga al Poder Ejecutivo de la entidad, encabezado por el gobernador Javier Corral, establecer y consolidar el funcionamiento de las instancias municipales de las mujeres, garantizando que no sustituyan ni se subsuman a las acciones que se realicen en favor de la familia.
Al declarar este mecanismo, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alaníz, dijo: “lo hacemos, reconociendo que hoy, a diferencia del pasado el Estado no es el problema, sino parte de la solución al fenómeno de la violencia por razones de género. La Alerta que hoy se emite, tiene la virtud de conjuntar el esfuerzo de las instituciones locales y nacionales que compartimos la impostergable tarea de garantizar a las mujeres seguridad, libertad y justicia.”
Por su parte, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, declaró: “es un paso muy importante del Estado mexicano para reconocer la gravedad del problema, pero también para dar pasos firmes en su resolución”.
Décadas de resistencia para reconocer el feminicidio
Desde la década de los noventa, Chihuahua y Ciudad Juárez captaron el interés nacional e internacional por las numerosas noticias que reportaban el hallazgo de cuerpos de mujeres con extrema violencia, en lotes baldíos o lugares públicos. Además de los casos que se reportaban a diario, las madres de las mujeres asesinadas y desaparecidas se convirtieron en pioneras en enfrentar, a través de marchas, plantones, mítines y otras protestas, a un sistema mexicano que no se preocupaba por atender estos casos o empatizar con su dolor.
Esta exigencia de justicia cobró la vida en 2010 de Maricela Escobedo, quien fue asesinada afuera del Palacio Municipal de Chihuahua mientras mantenía una huelga de hambre para que se procurara justicia en el feminicidio de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobed.
Por este contexto, el Estado mexicano se hizo acreedor en 2010 de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos conocida como “Campo Algodonero”, que exigió al gobierno de Chihuahua y al gobierno federal implementar medidas urgentes para no sólo erradicar, sino también prevenir la violencia feminicida.
Pese a ello, el gobierno de la entidad de Chihuahua mantuvo su resistencia para reconocer la existencia de violencia feminicida en la entidad y tardó 20 años en tipificar en su Código Penal el delito de feminicidio, el cual ahora se condena una pena de 30 a 60 años de prisión y reparación del daño.
Lejos de convertirse en punta de lanza para la prevención de la violencia feminicida, este día la Conavim reconoció que durante los últimos diez años en los municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y Guadalupe y Calvo se asesinó a más de 2 mil 400 mujeres, es decir, una mujer cada dos días.
Además, siete de cada 10 mujeres y niñas en Chihuahua han sido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea física, sexual, económica, patrimonial, psicológica o política, y esto ha ocurrido principalmente al interior de su hogar, pero también en sus centros de trabajo, escuelas, calle, o transporte público.
De enero a junio de este año, Chihuahua se colocó como la tercera entidad del país con más homicidios dolosos de mujeres y como el segundo con la tasa más alta por el delito de violación; y en la primera mitad de 2021, Chihuahua es el estado del que se recibieron más llamadas de emergencia al 9-1-1 en todo el país, por casos de violencia contra mujeres.
Obstáculos para la declaratoria
Alertada por el alza en la violencia contra las mujeres en la entidad, la Comisión Nacional y estatal de Derechos Humanos solicitaron a la Segob en junio de 2019 que investigara el contexto feminicida y, de ser pertinente, declarara una AVGM.
Una de las integrantes del Grupo de Trabajo para investigar la situación de violencia en la entidad, Andrea Medina Rosas (litigante en el caso Campo Algodonero), explicó en entrevista pasada con Cimacnoricias que al ser una entidad con una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pidió una metodología de investigación que empatara con los indicadores de seguimiento de la Convención Belém Do Pará, un instrumento internacional de cumplimiento obligatorio para México que establece ampliamente las responsabilidades de los Estados para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, ni la Conavim ni el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) tenían el personal capacitado para llevar a cabo una metodología como la que propusieron las expertas. Asimismo, tampoco hubo los recursos económicos suficientes ni el apoyo institucional de las dependencias federales para llevarla a cabo.
Mientras las investigadoras contaron con el respaldo total de las dependencias estatales y municipales, la Conavim inicialmente limitó la participación en el proceso de la Comisión de Derechos Humanos en el estado y las reuniones con la Conavim fueron limitadas.
Si bien las investigadoras ya concluyeron gran parte del informe desde julio de 2020, no podían presentarlo porque estaban a la espera de información del ámbito federal que Conavim tardó en hacerles llegar.
Con la de Chihuahua, México tendría un total de 23 AVGM declarados en 20 entidades del país.
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