Inicio AgendaEn Movimiento ¿Punto de inflexión en migración y violencia?

¿Punto de inflexión en migración y violencia?

Por Lucía Melgar Palacios
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

Hay noticias que causan malestar o dan esperanza, según el cristal con que se lean. Si, por una vez somos optimistas, la llegada a México de mujeres y periodistas afganos tras el anuncio de la oferta de asilo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), puede llevarnos a imaginar cambios deseables y necesarios en política de migración y prevención de la violencia. Ofrecer asilo a personas en grave peligro implica garantizarles condiciones de vida acordes con los Derechos Humanos. 

Supongamos entonces que el gobierno mexicano, además del asilo, les garantizará una vida sin violencia, acceso a trabajo, salud, educación, etc., mientras pueden irse a Estados Unidos u otro país o si deciden quedarse en México.

Por mínima coherencia, si esto ofrece a quienes huyen de Afganistán, tendría que hacer lo mismo con quienes huyen de Haití y Centroamérica, sin pretextar, como ya hizo el canciller, que unos son migrantes económicos y otros políticos, cuando la migración desde Centroamérica y el Caribe también se debe a la violencia.

Debería estar planeando cómo garantizar los derechos de quienes han sido y son expulsados de Estados Unidos bajo la abominable política “Quédate en México” de Trump, refrendada esta semana por la Suprema Corte de EU pero ya antes fortalecida bajo el pretexto de la pandemia con la medida “Title 42” que prohibe el ingreso a EU y permite las expulsiones inmediatas “para evitar los contagios por COVID” por no ciudadanos, que ha sido sostenida por el gobierno de Biden, pese a presiones de organizaciones promigrantes y la ACLU.

Así mismo, hemos de suponer que a las miles de personas mexicanas forzadamente “retornadas” en estos años se asegurarán mejores condiciones de vida y trabajo puesto que el Estado debe garantizar los Derechos Humanos de su población. De hecho, la sociedad mexicana entera debería contar también con el compromiso de su gobierno de reducir (y hasta eliminar) la violencia, crear empleos y garantizar la salud y la educación. Se demostraría así que la política “humanista” y hasta “feminista” de la que habla el gobierno no es mero juego verbal.

La mala costumbre de la desconfianza ante la sistemática política de simulación gubernamental, nos lleva, sin embargo, a mirar cifras y noticias que nos alejan del ensueño del “mejor de los mundos” posibles. Además de las cifras de feminicidio y homicidio doloso que ya muchos han recordado esta semana, o de los continuos ataques a los medios en el discurso oficial y el hecho de que México es el país más peligroso para el periodismo, veamos algunos datos de migración.

Ante lo que la propia COMAR llama “la cuarta oleada” migratoria desde el exilo español de 1939, el gobierno mexicano, con apoyo de ACNUR, ha tomado algunas medidas como el procesamiento de asilo simplificado para algunas nacionalidades, la contratación de más personal, con apoyo de ACNUR, que también intenta mejorar las condiciones en campamentos de la frontera norte.

Sin embargo, las propias cifras de COMAR sugieren rezagos  ya que de 223 mil 067 solicitantes entre 2013 y junio 2021, sólo se resolvieron 84 mil 616 casos y se otorgó condición de refugiado o protección complementaria (status menor que el asilo) a 62 mil 674 solicitantes, lo que sugiere que más del 50 por ciento no se procesaron.  

Según Refugees International, no se puede medir el éxito de estas mejoras porque la COMAR no publica datos acerca de solicitudes abandonadas.

Al rezago en el otorgamiento de asilo, se añade la desigualdad por nacionalidad: mientras que a migrantes de Honduras y El Salvador se les considera bajo una definición de asilado más amplia, que incluye entre otras causas la violencia generalizada en el país de origen, quien huye de Guatemala o Haití tiene menores posibilidades de convertirse en refugiado: 22 por ciento si viene de Haiti vs. 86 por ciento si es de Honduras (2020). Contraste que puede deberse también a discriminación.

Más allá de las cifras, mera aproximación a un mundo de migraciones crecientes y diversas, los medios demuelen cualquier quimera acerca de la hospitalidad del gobierno mexicano: en años recientes se han denunciado hacinamiento y malas condiciones de salud, agravadas por el COVID-19, campamentos de Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros y en estaciones migratorias del sur.

Este año se repiten notas sobre “liberación” de migrantes secuestrados por el crimen organizado, asesinatos y violaciones.  

Habrá quien argumente que Estados Unidos es culpable en México del mismo trato inhumano que impone a los migrantes en su territorio. Sin embargo, quien debe garantizar los DH aquí es el gobierno mexicano, que aceptó hacerse cómplice de esa necropolítica y que ha dejado a merced del crimen organizado a personas migrantes y a millones de connacionales. Si su vocación derechohumanista fuera auténtica, tendría que rechazar la continuación impuesta del “Quédate en México” y las expulsiones masivas desde EU.  

México debe seguir siendo tierra de asilo pero primero debe garantizar a todos condiciones de vida dignas y seguras.

21/LMP/LGL

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