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Instituto Federal de la Defensoría Pública representará a mujeres acusadas del delito de aborto

Por Anayeli García Martínez

Ciudad de México. – Con el objetivo de terminar con la criminalización de las mexicanas que deciden interrumpir un embarazo no deseado, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, anunció que el Instituto Federal de la Defensora Pública defenderá a las mujeres acusadas penalmente del delito de aborto en todo el país.

Un día después de invalidar la disposición del Código Penal del estado de Coahuila que sancionaba el aborto con una pena de uno a tres años de prisión, el ministro Zaldívar informó en conferencia de prensa que esta institución de defensoría pública, que depende del Consejo de la Judicatura Federal y cuya misión es ofrecer asesoria jurídica, también representará a familias de víctimas de feminicidio.

Sin embargo, hasta ahora no hay un estimado del número de mujeres que podrían ser representadas por el Poder Judicial, ni de las y los abogados disponibles para ofrecer este servicio. Asimismo, destacó que tampoco se pedirán más recursos públicos para esta nueva tarea.  Es de mencionar que esta institución ofrece representación jurídica a quienes no pueden pagar un abogado privado.

Desde antes de esta anuncio, una de las tareas de esta institución es asesorar casos en materia penal, tarea que realizan 855 defensores.

El anunció llegó un día después de que el 7 de septiembre el pleno determinó por unanimidad de diez votos, ante la ausencia del ministro Jorge Pardo Rebolledo, declarar inconstitucional que se criminalice a las mujeres que abortan e invalidar el artículo 196 del Código Civil del estado de Coahuila por sancionar esta conducta con uno a tres años de cárcel.

Tras esta histórica sentencia, el ministro presidente explicó que por acuerdo del Consejo de la Judicatura, el Instituto Federal de la Defensoría Pública va a asesorar, defender y representar a mujeres acusadas o encarceladas por interrumpir un embarazo. “Vamos a defender a las niñas más pobres de este país, a las mujeres más marginadas; no vamos a permitir desde el Poder Judicial que se siga discriminando a la mujer, que se le siga condenando a una prisión injusta simplemente por defender sus derechos”, señaló.

Zaldívar declaró que la reciente resolución del máximo tribunal en materia de maternidad libre y voluntaria favorecerá a las mexicanas más pobres, por ello confió en que sea retomada por tribunales constitucionales de otros países y aprovechó para reconocer que esto fue un logro del movimiento feminista y de las jóvenes que han promovido la defensa de la salud sexual y reproductiva, desde la llamada “Marea Verde”.

El compromiso de la Judicatura es que esta resolución no se quede en la academia, en los libros o en los medios de comunicación, por ello el ministro Zaldívar dijo que desde la defensoría pública se ofrecerá una defensa de calidad, comprometida y que permita que aquellas que están en prisión recuperen la libertad y quienes sean imputadas no sean procesadas. Esto hará realidad los criterios que estableció el pleno este martes 7 de septiembre.

En caso de la legislación de Coahuila las y los magistrados establecieron que todas las juezas y jueces federales y locales deberán respetar el derecho de todas las mujeres a decidir sobre su maternidad. Sin embargo, aun falta que los congresos de 28 entidades del país reformen sus códigos penales para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, como está vigente en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

Por otro lado, el ministro Zaldívar destacó que reconocer la autonomía de las mujeres en materia de embarazo no atiende toda la agenda de género, por eso al Consejo de la Judicatura Federala acordó otorgar licencias de paternidad por treses meses a los hombres, igual que a las mujeres, una acción que, aseguró, coloca al Poder Judicial en la vanguardia en temas de igualdad y que permitirá terminar con el estereotipo de la “mujer cuidadora”.

En la siguiente sesión, el pleno de la Suprema Corte analizará dos acciones de inconstitucionalidad (106/2018 y 107/2018) promovidas por diputadas y diputados del Congreso de Sinaloa y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes demandaron la invalidez la reforma que protege la vida “desde la concepción” en el estado de Sinaloa, por violar el derecho a decidir el número y espaciamiento de hijas e hijos, entre otros argumentos.

21/AGM/LGL

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