Ciudad de México.- A nueve años del feminicidio de Karla Pontigo Lucciotto, en San Luis Potosí, el Poder Judicial de la entidad reconoció que existe un conflicto de interés por parte de la Fiscalía General estatal, por lo que el Juzgado Primero de Distrito, instó a la Fiscalía General de la República (FGR) a atraer la investigación conforme a los lineamientos emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el amparo en revisión 1284/2015, el cual señala que la intervención de la FGR se justifica al ser ésta integrante del Sistema Nacional Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) informó en un comunicado que el Juzgado Primero de Distrito, donde se judicializó el caso de Karla Pontigo (asesinada en 2012), determinó que es evidente la existencia de conflicto de interés por parte de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) el cual fue denunciado por la propia titular de la Unidad Especializada Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género (UEMI), Candy Elizabeth Martell Sandoval –a cargo de la investigación del caso–, quien manifestó ante el órgano judicial que el actual Vicefiscal Jurídico y Encargado del Despacho de la Fiscalía, José Luis Ruiz Contreras, es hermano de Julián Ruiz Contreras, el primer Juez que llevó el caso de Karla Pontigo y quien calificó el feminicidio como homicidio culposo (no intencional o por accidente). Además de que el propio José Luis Ruíz Contreras fue secretario particular del entonces Procurador General de Justicia de la entidad cuando sucedieron los hechos.
“…Dada la relevancia del asunto, su impacto social y la petición expresa al respecto efectuada por la parte quejosa, en su calidad de víctima indirecta, así como vistas las manifestaciones de la Fiscal encargada de la investigación del caso (…), la investigación e integración de la averiguación previa, se encuentran en una situación que impide estructuralmente la eficacia de la investigación por falta formal de independencia e imparcialidad debido a un conflicto de intereses, se concluye que lo procedente es otorgar la intervención legal al Fiscal General de la República…”, advirtió el juzgado, en el acuerdo emitido el pasado 19 de octubre de 2021.
Los hechos
El 28 de octubre de 2012, el hermano de Karla fue a buscarla en la discoteca donde trabajaba, como habían acordado. Al notar que no se encontraba la llamó a su celular, pero no respondió. Se alarmó y entró al lugar a la fuerza porque no se lo permitían. Ahí, encontró a Karla gravemente herida, al día siguiente la joven falleció en el hospital. Tenía 22 años de edad.
La versión de la Procuraduría de Justicia de San Luis Potosí es que Karla estaba a punto de salir del trabajo, por lo que subió al segundo piso de la discoteca a recoger su mochila. El lugar estaba oscuro, lo que causó que chocara con una puerta de cristal y se lesionara la pierna derecha con un vidrio. La lesión, dicen las autoridades, provocó su muerte.
El dueño de la discoteca Jorge Vasilakos Reyes, fue acusado del delito de homicidio culposo, al considerar que fue negligente al no colocar algún señalamiento en la puerta de cristal para evitar que la joven se impactara. Pero la familia de Karla nunca creyó que su muerte fuera accidental. La también estudiante de nutrición, desde que comenzó a trabajar con Vasilakos vivió una situación de violencia laboral, psicológica y acoso sexual.
Urgen investigar con perspectiva de género
La Fundación para la Justicia, que acompaña legalmente el caso, llamó al fiscal Alejandro Gertz Manero y a Leticia Catalina Soto Acosta, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), a cumplir con la resolución del Juzgado Primero de Distrito de SLP sobre el caso de Karla del Carmen Pontigo Lucciotto.
Y aseguró que la correcta investigación, con perspectiva de género, y la sanción a los responsables, tanto por su muerte, como por la investigación irregular que se llevó a cabo inicialmente, sentará un precedente relevante en contra de la violencia de género.
“Estamos frente a una oportunidad para que las autoridades de la procuración de justicia de la Nación demuestren su actuar real y vigente para atender, investigar, buscar que se sancione y se erradique la violencia contra las mujeres”, declaró.
La Fundación recordó que en noviembre de 2019, la SCJN determinó que el feminicidio de Karla Pontigo “estuvo rodeado de circunstancias de violencia, basadas en género”, por lo que ordenó que se hiciera una investigación diligente, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género, que se ejerza acción penal contra quien resulte responsable por feminicidio y se investigue la responsabilidad (administrativa y penal) de las autoridades intervinientes .
Además, desde que Amnistía Internacional documentó el caso en el año 2016, insistió en que éste fuera investigado con perspectiva de género, a la luz de las convenciones internacionales de la CEDAW y de Belém do Pará, y de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
La Fundación dijo que aunque la FGR atraiga la investigación del feminicidio de Karla Pontigo, esto no exime la responsabilidad de la FGESLP, la cual ha mantenido a la Unidad creada para la investigación de los hechos (como lo ordenó la SCJN), sin recursos materiales, humanos y financieros básicos para su debido funcionamiento.
Además, señaló, se solicitó en diversas ocasiones la colaboración de expertos independientes nacionales e internacionales que intervinieran en la investigación a través de una Comisión Especial y, si bien se logró una reunión de colaboración (a instancias de la FJEDD) entre algunos de esos expertos, la FGESLP nunca contrató a ninguno de ellos.
También recordó que en 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 55/2015, por las graves violaciones a Derechos Humanos cometidas, ordenando la reparación integral del daño a la familia de Karla Pontigo, reparación que tuvo mínimos avances en el gobierno anterior, pero aún queda pendiente la Reparación integral en favor de la familia, por ello, llamó al actual Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, a tomar la deuda histórica que tiene con las víctimas de feminicidio y demuestre su interés para que obtengan justicia, verdad y reparación a la que tienen derecho.
Y exigió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, que se garantice la seguridad de la familia Pontigo Lucciotto y recordó al gobierno del estado de San Luis Potosí que la vida e integridad de la familia están en sus manos.
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