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Niñas y adolescentes colombianas más perseguidas y criminalizadas por aborto

Por La Redacción

Ciudad de México. Las niñas y adolescentes en Colombia son el grupo de la población más afectado por la violencia sexual en su país, de los 26 mil 158 casos de este tipo, 73 por ciento de ellos (9 mil 427) tienen como víctima a un menor de edad entre los 0 y 17 años de edad, sin embargo la cifra puede ser mayor debido al subregistro causado por las dificultades para presentar una denuncia, falta de educación sexual, encubrimiento de los agresores, entre otras, que deben ser eliminadas para garantizar una vida libre de violencia para ellas. 

Así lo reveló el informe “Las niñas y adolescentes en Colombia son las más afectadas por la violencia sexual en el país” elaborado por el Centro de Derechos Reproductivos, cuyo objetivo es visibilizar esta problemática que tiene como resultado que diariamente 15 niñas entre 10 a 14 años de edad se convirtieran en madres en 2018 y otras 86 por ciento denunciaron haber sido agredidas sexualmente en lo que va de 2021, 90 por ciento de estos casos involucran un contexto de violación reiterada. 

Este panorama fue aún más grave debido a la pandemia, señala el informe, por lo que de marzo a abril de 2021 la Fiscalía General de la Nación de Colombia recibió 3 mil 69 denuncias de violencia familiar, de las cuales mil 407 se relacionaban también con violencia sexual contra menores de edad, esto se traduce en un promedio de 27.2 abusos sexuales cada día hacia niñas y adolescentes, en particular hacia indígenas, quienes han sido víctimas de esta violencia por parte de elementos de las Fuerzas Armadas. 

Ante el recrudecimiento de la violencia sexual, menciona el informe, las menores de edad y las mujeres en general, enfrentaron diversos obstáculos para interrumpir su embarazo de manera legal pues a pesar de que el Ministerio de Salud y Protección Social ordenó que estos servicios fueran esenciales, muchos hospitales no adaptaron sus protocolos ni rutas de acceso para ello. De marzo a septiembre de 2021, 75 casos de niñas embarazadas que fueron acompañadas por “Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres” para abortar, enfrentaron barreras para llevar a cabo este procedimiento. 

El informe detalló que según la Corte Constitucional despenalizó el aborto bajo tres causales, a través de su sentencia C-355 de 2006: cuando existe riesgo de la vida o salud o salud mental de la mujer; cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto; cuando el feto es inviable. En el caso de las niñas, menciona, la Corte estableció que su acceso al aborto no se puede ver condicionado a la presentación de una denuncia; es necesario brindarles la información necesaria y completa; y se debe respetar su decisión, incluso si sus padres o tutores no están de acuerdo. 

El informe señala que a pesar de que la normativa respalda el aborto, las niñas y adolescentes sufren de mayor criminalización cuando deciden abortar y son perseguidas. En 2017 se registraron 37 denuncias en contra de menores de edad, 2 casos de ellos tenían entre 11 y 12 años, quienes sí quisieron ejercer este derecho. “Las menores de edad resultan más sancionadas que mujeres de otros grupos de edad, 12.5 por ciento de los casos investigados involucran a menores de edad y 24 por ciento de las sanciones se dirigen hacia esta población”. 

Fuera de estas causales el aborto es considerado como un delito. El artículo 122 del Código Penal colombiano describe que “la mujer que causare su aborto o permitiere que otros se los cause incurrirá en prisión de uno a tres años”. La persistencia de la penalización crea un sistema dual, en el cual, por el un lado, hay un acceso a la IVE, pero por otro, es considerado una conducta delictiva, dice el informe. 

“Aunque el país se encuentra en un marco normativo de tres causales con una interpretación amplia que incluye el riesgo para la salud mental, la penalización que persiste por fuera de dichas excepciones, crea un estigma que hace difícil, en la práctica, la implementación adecuada de las causales, desde obstáculos para la entrega de información clara sobre el procedimiento, menor disponibilidad de profesionales de salud que practiquen este servicio, y prejuicios y discriminación contra quienes sí lo practican”, enfatiza el informe. 

A fin de cambiar este panorama, un grupo de organizaciones que conforman el “Movimiento Causa Justa” presentaron una demanda ante la Corte Constitucional en 2021, la cual busca eliminar el delito de aborto del Código Penal debido a que recrudece las brechas de manera desproporcional para las niñas y adolescentes. La despenalización del aborto permitiría caminar hacia un cambio cultural social, en el que el aborto sea entendido como un derecho fundamental y un servicio de salud. 

El informe describe que otras ventajas serían la disminución de muerte y daños físicos o psicológicos en menores de edad asociadas con abortos en condiciones inseguras; prevenir maternidades forzadas; reconocer los estándares internacionales sobre Derechos Humanos de la infancia; y eliminar la posibilidad de que víctimas de violencia sexual sean más criminalizadas por decidir sobre su cuerpo. 

Medios de comunicación locales anunciaron que las y los magistrados de la Corte Constitucional de Colombia votarán si se debe retirar el aborto como un delito dentro del Código en las próximas semanas. Esta decisión debe estar definida antes del 19 de noviembre, por lo que durante estos días organizaciones feministas han desarrollado distintas acciones para hacer mayor presión. 

Para que la despenalización sea una realidad es necesario el voto favorable de cinco de los nueve magistrados en cualquiera de los dos debates que se lleven cabo, aunque las posibilidades de que el aborto deje ser considerado un delito son pocas. Hasta el momento, sólo hay asegurados cuatro votos favorables, según las organizaciones feministas. 

El Centro de Derechos Reproductivos recordó que la Comisión Internacional de Derechos Humanos y otros organismos han destacado la importancia de que las instituciones médicas adopten protocolos adecuados para garantizar el acceso legal y oportuno, métodos anticonceptivos e información veraz, ya que no permitir a una víctima de violencia a ejercer su derecho a abortar, trae consecuencias negativas hacia su vida y salud.  

21/AEG/LGL

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