Ciudad de México.- Durante la pandemia por COVID-19 aumentó la migración de mujeres jornaleras en la Montaña de Guerrero sin que las autoridades locales desarrollen acciones para su atención y sin que los programas sociales del gobierno federal, como «Sembrando Vida», lleguen a sus familias, evidenció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Durante la conferencia de prensa “El peregrinar invisible de las familias jornaleras indígenas de la Costa-Montaña de Guerrero”, este Centro de Derechos Humanos explicó que contrario a lo que informaron inicialmente las autoridades, durante la pandemia por COVID-19 las familias jornaleras no se quedaron en las comunidades sino que, al menos las que habitan en esta región de Guerrero, empezaron a migrar masivamente para trabajar en los campos agrícolas de Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Zacatecas y Baja California.
Desde febrero a diciembre de 2020, Tlachinollan registró la salida de 15 mil 423 personas jornaleras de La Montaña de Guerrero, entre ellas 7 mil 669 mujeres (mayores, jóvenes y niñas), lo que refleja –observaron– una mayor migración femenina en comparación en años anteriores (sin dar cifras). En lo que va de este 2021, ya se registró una migración de 10 mil 572 personas entre mujeres y hombres, explicaron.
De acuerdo con el coordinador de Tlachinollan, Abel Barrera, las jornaleras están migrando solas, muchas de ellas son niñas y algunas otras presentan embarazos. La mayoría son monolingües y no han tenido acceso a la educación.
Estos registros, explicó, los elaboraron de manera independiente las organizaciones que acompañan a la población migrante, ya que ni las autoridades municipales, estatales ni federales, están registrando de manera oficial estos desplazamientos.
“En esta nueva temporada, no estamos encontrando eco en las autoridades del estado para la atención de las familias jornaleras. Se requiere una intervención interinstitucional”, señaló Abel Barrera, quien precisó que si bien ya se habían creado en las administraciones pasadas algunas comisiones interinstitucionales para la población jornalera, en realidad no se ha visto interés por parte de las autoridades del estado, de ayuntamientos, ni de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Guerrero para darle seguimiento.
Barrera explicó que otro problema que encuentra la población jornalera de la región es que por falta de registros y censos adecuados, no existen programas sociales que puedan resarcir las afectaciones que presentan las familias jornaleras antes de irse, durante los trayectos, en los campos agrícolas ni a su regreso a la entidad.
Por ejemplo, explicó, los programas sociales insignia del gobierno federal no están llegando a la población jornalera. En su registro de 2020, sólo cuatro personas adultas mayores eran beneficiarias del Programa para el Bienestar, sólo cinco mujeres fueron beneficiadas con los apoyos para madres solteras y sólo cinco familias recibieron apoyos del programa Sembrando Vida.
Esto se debe, explicó el defensor, a que cuando se hace el censo para ubicar a las poblaciones que requieren los apoyos, estas familias no están en sus comunidades sino que están trabajando, por lo que se requiere un mecanismo de registro que sí las incluya.
Por su parte, la indígena náhuatl e integrante del «Consejo Jornalero Agrícola de la Montaña», Aureliana Díaz Benigna, relató que su esposo, también jornalero, tuvo un accidente durante mientras laboraba en los campos agrícolas y falleció, por lo que ella tuvo que regresar a Guerrero.
Actualmente Díaz Beningna apoya en la preparación de alimentos en la Casa de los Jornaleros, ubicada en el municipio de Tlapa. Esta Casa, pensada para recibir y atender integralmente a la población jornalera, actualmente está desmantelada, toda vez que en la administración pasada del gobernador Héctor Astudillo, la empresa contratista se llevó las camas y otro mobiliario bajo el argumento de que lo repararían pero ya no lo regresaron.
A esto se suma que si bien hay instalaciones para ofrecer servicios médicos para mujeres embarazadas, niñas y niños que llegan con desnutrición o personas adultas mayores, que generalmente presentan diabetes o problemas del corazón, no hay personal médico que las utilice.
Díaz Benigna pidió a las autoridades estatales que les apoyen con víveres para la alimentación, ya que el principal servicio que ofrecen es de alimentación pero no tienen los insumos suficientes. Esta petición ya se presentó formalmente en un oficio a la Secretaría de Pueblos Indígenas, pero no hubo respuesta.
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