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Sistema de justicia protege a hombres agresores con poder y desampara a víctimas

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa
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Ciudad de México.- Cuando los hombres que violentan a sus parejas tienen cuentas bancarias millonarias, cargos públicos, políticos o empresariales, o son amigos que logran que policías, jueces y magistrados cumplan sus órdenes, las víctimas enfrentan una red de complicidades (patriarcales y de corrupción) en las que casi siempre están destinadas a perder. 

Ejemplo de ello son las historias de mujeres que fueron víctimas de violencia por parte de hombres con poder como el empresario y expresidente de la Coparmex en Quintana Roo, Sergio León Cervantes; el exidrector de Amazon, Juan Carlos García; el senador Noé Castañón Ramírez, el exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Manuel Horacio Cavazos López; el exgobernador priista Arturo Montiel o el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel.

Catalina Castro, denunció el 21 de enero de este año a su esposo, el empresario y entonces presidente de la Coparmex en Quintana Roo, Sergio León Cervantes, por violencia familiar. Aunque aún no ha sido notificada oficialmente, Catalina supo después que Sergio León la denunció también; el empresario consiguió que su denuncia tuviera como fecha 20 de enero, un día antes de que Catalina presentara la suya.

El 24 de enero presentó una demanda ante el Juzgado Primero Oral Familiar por divorcio y por la guarda y custodia de sus dos hijos. León Cervantes, por su parte, demandó el divorcio cuatro días después. Si bien Catalina fue notificada el 8 de febrero, ese mismo día, la jueza Lilia Isabel Nadal Álvarez emitió un acuerdo en el que otorgó al empresario la custodia de los hijos y obligó a Catalina a abandonar el domicilio familiar.

“Como se puede observar, en un tiempo récord de 6 días hábiles se promueve, se previene, se desahoga la prevención y se notifica dicha demanda, cuando el mismo juzgado tarda por lo general de cinco a seis semanas en darle trámite a los escritos iniciales de demanda; y me atrevo a señalar, ya que tengo más de 20 años litigando la materia familiar y penal, que el promedio de admitir y acordar es arriba de un mes”, expresó el abogado Mauricio Solís.

Éste, sin embargo, no es un caso particular. El 25 de noviembre de 2019 –en el contexto de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer—Abril Pérez Sagaón fue asesinada en la Ciudad de México por orden de su expareja, Juan Carlos García, director de la empresa Amazon en 2015 y director de comercio digital de Elektra. Once meses antes del feminicidio, Abril estuvo a punto de ser asesinada por Carlos García, quien la golpeó frente a sus hijos y le dejó heridas graves.

Tras escapar del agresor, Abril se fue a Monterrey a resguardarse de su exesposo pero presentó una denuncia en la Ciudad de México por intento de homicidio. Pese a las evidencias y el testimonio de sus hijos, que presenciaron los hechos, el juez del Tribunal Superior de Justicia de la capital, Federico Mosco González, decidió reclasificar el delito a violencia familiar y lesiones, con lo que Carlos García alcanzó el derecho de pagar una fianza y salir de prisión preventiva.

Días después de esta decisión, Abril –que vino a los juzgados de la capital del país a continuar su defensa legal—fue asesinada por dos sicarios.

Mosco González fue destituido el 25 de marzo de 2020 por el gobierno de la Ciudad de México, quien informó que el caso de Abril no se juzgó con perspectiva de género pero no detalló si el funcionario, además, sería investigado por recibir algún soborno por parte del empresario, quien actualmente sigue prófugo de la justicia y es buscado por la Interpol. 

Otro caso emblemático es el del senador Noé Castañón Ramírez, también hijo del exministro de la SCJN y exsecretario de gobierno en Chiapas. En éste, el político fue acusado por su expareja, Mayte López García, de utilizar su poder para impedirle ver a sus hijos.

De acuerdo con lo narrado por López García a la prensa, en 2016 el funcionario fue protegido por funcionarios públicos de Chiapas para arrebatarle de manera violenta a los niños y trasladarlos ilegalmente de la Ciudad de México a Chiapas. Desde entonces, Mayte presentó una denuncia por violencia familiar y por la sustracción de los menores de edad pero los juzgados favorecieron a Castañón con la custodia y con acuerdos de convivencia que lo beneficiaban principalmente a él.

No fue sino hasta 2018, previo a su toma de protesta como senador por el Partido Revolucionario Institucional, que Castañón Ramírez –cuya defensa legal es el reconocido abogado Javier Coello, investigado por presuntamente falsificar documentos en otros casos– fue detenido por violencia familiar y trasladado a un penal en Chiapas, de donde pudo salir días después tras pagar una fianza de 20 mil pesos.

En octubre de ese mismo año, el político tomó protesta como senador; si bien se giró otra orden de aprehensión contra él por “falsedad de testimonio”, el Tribunal de Justicia del estado de Chiapas decidió no vincularlo a proceso y permitirle mantener a sus hijos, aunque les impida ver a su madre.

Un caso más que demuestra relaciones de poder desiguales, es el ocurrido en 2011 en el juicio de custodia entre el político y exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel (pertenenciente al grupo pirísta conocido como Atlacomulco, uno de los más poderoso en el país y al que perteneció el expresidente Enrique Peña Nieto) y la ciudadana francesa, Maude Versini.

Durante los cuatro años que duró el proceso legal, el político priísta –que de 1999 a 2005 gobernó el Estado de México, que actualmente tiene dos Alertas de Violencia de Género por feminicidio y desaparición– fue avalado por el poder judicial de la entidad mexiquense para retener a sus hijos sin posibilidad de que viajaran con su madre.

Otros casos en los que la justicia ha favorecido a hombres encumbrados en el poder es el del exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Manuel Horacio Cavazos López, acusado de violar sexualmente a sus hijas.

En este caso, en 2021 el Poder Judicial de la Ciudad de México determinó no ejercer acción penal contra Cavazos López porque “faltaban elementos”, a pesar de que se encontró que el testimonio de las niñas era congruente y consistente. Es de recordar que en medio de estas acusaciones, Cavazos López buscaba ser ratificado en el nombramiento de la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Actualmente, Mariel Albarrán, la expareja de Cavazos y denunciante, sigue peleando mediante amparo que se reabra la investigación contra el funcionario.    

Sin duda, uno de los casos que más ha llamado la atención es el del exministro y presidente de la SCJN, Genaro Góngora Pimentel, acusado de no sólo no pagar pensión alimenticia de sus dos hijos con autismo, sino incluso de mantener en prisión por un año a su expareja, Ana María Orozco, después de que ella lo denunciara a él por incumplimiento de pensión alimenticia.

En este caso, Ana María fue enviada por delito de fraude al haber puesto a su nombre, y no al de sus hijos, una casa en Xochimilco, por la que el exministro pagó dos millones de pesos. Fue el propio Góngora Pimentel quien admitió públicamente que se había dejado llevar por sus “emociones de desconcierto” y fue dos semanas después del anuncio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dejó a Ana María en libertad y absuelta de cargos al considerar que no se demostró “de forma plena” el delito.

Corrupción en el sistema de justicia

En el caso de las mujeres que tienen una pareja influyente, la revictimización se da muchas veces por corrupción, ya que existe toda una estructura que la favorece, lo que se traduce en impunidad para las mujeres, explicó en entrevista Cimacnoticias la codirectora de Equis Justicia para las Mujeres, Isabel Erreguerena. 

Cifras analizadas por Equis Justicia detallan que sólo 1 de cada 7 personas confían en las y los jueces en México, y 7 de cada 10 personas considera que esta autoridad es corrupta. No obstante, observó, se desconoce cuántos jueces han sido juzgados y sancionados por el delito de corrupción. Además, la violencia de género es el delito que más se denuncia en México pero el que menos número de sentencias consigue.

Estos datos faltantes, así como estadísticas, las sentencias completas y las resoluciones (con protección de datos personales) sobre casos de justicia para las mujeres, deben ser transparentados, primero porque es un derecho de las mujeres conocer por qué se tomaron ciertas determinaciones y porque contribuye a que ellas tengan una defensa adecuada, explicó Erreguerena.

De acuerdo con la abogada, es muy común que en los procesos de justicia en los que los padres son adinerados, saquen a las niñas y niños del país imposibilitando hasta por 10 años que las madres los vean.

“Muchas veces quedan congelados los juicios y sacan a los niños del país. Lo que están haciendo es procesos muy largos en los que las madres quedan en indefensión y sin ver a sus hijos, y al final el daño es irreparable: perderte la vida de tus hijos es irreparable”, explicó la también defensora de los derechos de las mujeres.

“Esto es un ejercicio de poder que además se ve muchas veces reforzado por pactos patriarcales entre los mismos hombres. Como sabemos, el poder judicial tiene más hombres que mujeres entre su personal, con una estructura patriarcalizada. Muchas veces son pactos patriarcales, que se cree que la mujer está loca, y que el hombre, por tener el dinero debe tener a los hijos, y sacan muchas interpretaciones basadas en estereotipos de género”, detalló la experta.

La jurisprudencia 22/2016 de la SCJN, cuya aplicación es obligatoria en todas las instancias, señala que una persona juzgadora debe identificar si existen situaciones de poder que, por cuestiones de género, impliquen un desequilibrio entre las partes; cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo de género, y visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de género; y ordenar las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación.

La jurisprudencia también dice que en caso de detectarse una desigualdad de género, se debe cuestionar la neutralidad del derecho y evaluar el impacto diferenciado para buscar una resolución justa de acuerdo al contexto de desigualdad, aplicar los estándares de Derechos Humanos y evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos.

Sin embargo, en algunas ocasiones hay una relación dispar en los recursos económicos que tienen las mujeres y los que tienen los hombres, por lo que ellas deben buscar empleo y ese argumento es utilizado para decir que la mujer no tiene las capacidades para cuidar de sus hijas e hijos, ya sea por dinero o tiempo, explicó Errereguerena.

En su opinión se requiere una reforma judicial que aborde el tema de la corrupción, no desde la mirada punitiva, sino desde un enfoque preventivo y de protección, y que fortalezca los mecanismos existentes para evitar que las mujeres queden en indefensión, sin importar su estrato socioeconómico o el poder de influencia de sus victimarios.

22/ AJSE/LGL

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