En el contexto del Día Internacional de la Mujer se dio a conocer el Pronunciamiento Feminista respecto a la industria de la explotación reproductiva en México, un documento respaldado por alrededor de 200 agrupaciones y colectivas feministas, activistas, académicas y víctimas de explotación reproductiva, en el que nos pronunciamos contra esta práctica conocida también como “gestación subrogada” o vientres de alquiler, que se ha disfrazado como ejercicio de derechos y supuesta autonomía.
El Pronunciamiento hace un llamado a legisladoras y legisladores, periodistas, y sociedad en general, a hacer frente a las iniciativas de Ley que se han pronunciado a favor de las agencias intermediarias que lucran con las mujeres, niñas y niños nacidos por esta práctica, en medio de un contexto de precariedad y desigualdad.
Y textualmente establece: “Exigimos actuación inmediata y legislaciones que erradiquen no sólo el alquiler de vientres, sino también la “ovodonación”, prácticas que robustecen el mercado reproductivo internacional en detrimento de los Derechos Humanos de las mujeres, niñas y niños. Requerimos condiciones de vida que sean favorables a su autonomía y libertad, que no menoscaben su dignidad humana, ni mercantilicen sus cuerpos.
Por ello, en consonancia con la Coalición Internacional por la Abolición de la Maternidad Subrogada (CIAMS, por sus siglas en inglés) y el Manifiesto Latinoamericano contra la Explotación Reproductiva, desde México señalamos:
- • La “gestación subrogada”, “gestación por sustitución”, “úteros subrogados”, “maternidad subrogada” o “vientres de alquiler” es la práctica en la cual se pone a disposición de terceras personas el uso y explotación de mujeres para gestar a niñas y niños que serán entregados a personas que los han encargado, previo a una remuneración, en la mayoría de los casos que suceden en México.
- • Por lo tanto, el uso de las mujeres como medio para la satisfacción de los deseos de otras personas, refuerza el estereotipo sexista acerca de las mujeres como “seres para otros”.
- • Algunas mujeres son sometidas a múltiples presiones, ya sean económicas, sexistas, relaciones de dominación familiares o geopolíticas, por mencionar algunas, para firmar un contrato que pone en riesgo su salud y su vida.
- • La “gestación subrogada” se ha desarrollado como una práctica en la que intervienen empresas de reproducción humana en un sistema organizado de producción que incluye, laboratorios, profesionales de la medicina y el derecho, agencias intermediarias, personas reclutadoras, casas de control, notarios públicos, profesionales de la medicina y la psicología, entre otros. Por lo tanto, es un sistema económico que depende de las mujeres como medios de producción.
- • Toda reglamentación en esta materia representa un contrato en el que se exige a las mujeres la renuncia al derecho fundamental a la filiación de sus hijos e hijas y la cesión de éste a terceros, lo cual resulta inadmisible en el marco del reconocimiento de los derechos de las mujeres y de la niñez en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por nuestros países.
- • Otro de los derechos que corre el riesgo de ser vulnerado por la práctica es la interrupción legal del embarazo (ILE), conquista y logro del movimiento feminista de mujeres en algunos estados, pero negado en otros. Por esta razón, para las feministas es inaceptable el condicionamiento de la ILE inherente a los acuerdos de la llamada “gestación subrogada”, comúnmente a través del establecimiento de “cuotas de reparación económica” inalcanzables para las mujeres que ya no desean continuar con el embarazo; sumado a la constante reducción selectiva de embriones o abortos selectivos, impuestos a las mujeres por las agencias intermediarias y contratantes.
- • Para las niñas y niños nacidos a través de esta práctica, supone un cúmulo de usurpaciones y violaciones de Derechos Humanos, vulnera el derecho a la dignidad de las personas menores de edad al convertirlas en objeto de contrato, vulnera su derecho a no ser separadas de sus progenitoras y a ser criadas por ellas, vulnera el derecho bidireccional madre-hijo/hija a la filiación y a la lactancia materna, vulnera el derecho de la persona a la identidad, a una familia y a conocer su origen y vulnera el derecho a la reagrupación familiar.
A todo ello hay que añadir los graves efectos del desapego impuesto en esta práctica tanto para las mujeres “gestantes”, como para las y los bebés y sus consecuencias futuras, aún no estudiadas. Además, convierte a las niñas y niños nacidos por “alquiler de vientres” en objeto de transacción comercial, asignando “ofertas” según los paquetes comerciales ofrecidos que pueden incluir prácticas eugenésicas como la selección de gametos con determinadas características o selección de rasgos que se desean en la o el futuro bebé, incluido el sexo.
- Como ya ha ocurrido en otros países, las propuestas de regulación altruista abren las puertas a la regulación comercial, aumentando el riesgo de turismo reproductivo y trata de mujeres, niñas y niños, además de resultar incompatibles con la prohibición del acto de venta de personas menores de edad, tal y como es definido por el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña (Art. 2)[7], y en flagrante contradicción con lo estipulado por los Códigos Penales vigentes en materia de venta y tráfico de personas menores de edad.
- Y en consecuencia, nos pronunciamos en contra de la explotación reproductiva de las mujeres y la mercantilización de niñas y niños nacidos por esta vía, considerados como mercancía, antes que, como personas, por lo que exigimos:
- 1) No aprobar ninguna iniciativa de ley en materia de “gestación subrogada” o cualquiera de los eufemismos para la explotación reproductiva, ni ninguna disposición que atente contra la dignidad humana y derechos de las mujeres en razón de su sexo o que pueda favorecer cualquier forma de explotación.
- 2) No legislar deseos individuales elevándolos a categoría de derechos, como el de producir niños y niñas con una determinada carga genética a costa de la dignidad humana. No disfrazar la explotación reproductiva de las mujeres como técnica de reproducción humana asistida o libre desarrollo de las familias. El embarazo es un proceso biológico complejo que puede implicar riesgos para la salud y la vida de las mujeres, por lo que no puede ser tratado de forma superficial, irresponsable, ni deshumanizante.
- 3) Legislar a favor del interés superior de las niñas y niños. Se les debe garantizar protección adicional por parte del Estado, obligado a garantizar en igualdad los mismos derechos fundamentales a todas las personas. El principio de precaución y de no discriminación debe ser el eje rector de toda legislación que tenga efectos en la vida de las niñas y niños.
- 4) Legislar para facilitar los procesos de adopción garantizando el interés superior de la niñez. Ésta es una vía ética y factible para que el legítimo deseo de maternidad/paternidad pueda ser realizado sin vulnerar la dignidad y los derechos de igualdad sustantiva y no discriminación de las mujeres, niñas y niños, al mismo tiempo que se atienden sus necesidades cuando se encuentran en situación de orfandad.
- 5) Legislar para que la maternidad sea ejercida en libertad, cuándo, cómo, con quién y las veces que decidamos, sin subordinación ni vulneración de derechos, con acceso a la contracepción y al aborto legal, seguro y gratuito, sin sujeción a causales. Porque nosotras parimos, nosotras decidimos y reivindicamos el derecho a decidir sobre nuestra maternidad deseada, frente a la imposición de la maternidad contratada como rol central y fundamental de nuestra condición de mujer. Justo lo contrario de lo que pretende la “gestación subrogada”.
- 6) Políticas públicas y acción inmediata del Estado para combatir la histórica feminización de la pobreza exacerbada por la pandemia, que es aprovechada para convertir a nuestros países, en especial para México, en paraísos de la explotación reproductiva y sexual.
- 7) Y finalmente, aprobar, en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, la reforma propuesta por la Diputada Beatriz Rojas de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de esos Delitos y de la Ley General de Salud para detener la explotación reproductiva de las mujeres y la compra de bebés o tráfico de niñas y niños por contrato como si fueran mercancías.
22/TUZ/LGL
