El 26 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio Rosario -una mujer náhuatl de 73 años- perdió la vida tras haber sido violada por miembros del Ejército Mexicano. Apenas en 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación para reabrir el caso, y este 2022 diversas organizaciones han pedido que se realice una investigación independiente para, por fin, alcanzar la justicia. Mientras tanto, el Senado de la República aprobó borrar el carácter civil de la Guardia Nacional y adscribirla a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dando un paso más hacia la militarización en México y la consecuente violación a los derechos humanos que esto trae.
La noche del 24 de febrero, varios soldados del 63 Batallón de Infantería del Ejército instalaron un campamento cerca del hogar de Ernestina en Tetlatzinga, un pueblo veracruzano ubicado cerca de los límites con el estado de Puebla. A la noche siguiente, el 25 de febrero, los familiares de la señora Ascencio Rosario la encontraron herida de gravedad muy cerca del campamento militar; antes de intentar trasladarla al hospital, ella alcanzó a señalar a los soldados como los presuntos culpables de haberla agredido.
A esta violencia le siguieron otras más que no son sino pruebas de la vulneración constante de las comunidades indígenas por parte de las instituciones públicas. Y es que tuvieron que pasar cerca de 10 horas para que la familia de Ernestina Ascencio finalmente pudiera recibir atención médica en el hospital regional de Río Blanco (donde, por otro lado, no había intérpretes de lengua náhuatl que facilitaran la comunicación entre el personal médico y la paciente).
Finalmente, Ascencio Rosario falleció el 26 de febrero. De acuerdo con la necropsia realizada en el hospital -en la que también participó una ginecóloga de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV)-, la mujer indígena presentaba desgarres en las zonas vaginal y anal. Pero ya desde un día antes, el personal del hospital y la familia de Ascencio habían levantado una denuncia por violación frente a la PGJV. Por su parte, la Sedena inició una investigación con la Procuraduría de Justicia Penal Militar.
A pesar de todo esto (las pruebas, las denuncias y las supuestas investigaciones), en abril, las autoridades veracruzanas cerraron el caso. ¿La conclusión? Ernestina Ascencio Rosario murió de una gastritis crónica, una resolución avalada por la CNDH y reiterada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa en marzo, un mes antes de que se diera el carpetazo a la investigación.
Con esto, la muerte de Ernestina pasó a formar parte de una larga lista de casos de violencia sexual contra mujeres perpetrada por parte del Ejército Mexicano. También se unió al catálogo de los miles de casos hundidos en la impunidad del sistema de justicia de nuestro país.
El caso de Ernestina Ascencio no es un caso aislado
A 15 años de la muerte de Ernestina, pocas cosas han cambiado. De acuerdo con un informe de 2019 elaborado por la organización Human Rights Watch, entre diciembre de 2012 y julio de 2019, la CNDH recibió más de 4 mil 841 quejas por abusos de todo tipo perpetrados por las fuerzas armadas.
Por su parte, en 2020, la CDNH registró al menos 219 denuncias contra la Guardia Nacional desde su creación en mayo de 2019 hasta agosto de 2020. Entre las agresiones registradas hay desde intimidaciones y detenciones injustificadas hasta desaparición forzada, asesinatos y tortura sexual.
De hecho, desde años antes de la creación de la Guardia Nacional por órdenes del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, medios como El País informaron sobre el caso de tortura ejercida contra Magdalena Saavedra en San Luis Potosí. Esta mujer fue violada y torturada por miembros de la Marina por cerca de 11 horas para, después, llevarla a una casa de seguridad clandestina y obligarla a firmar una declaración que la ligaba con los Zetas y el cartel del Pacífico.
Esto sucedió en 2013; cinco años después, en 2018, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentó un informe que comprobaba que esto no era un caso aislado. Prodh documentó los casos de otras 29 mujeres que, entre 2006 y 2015, enfrentaron la misma situación de Magdalena, donde la corrupción permitió a las fuerzas armadas usar la tortura sexual como método para inculpar a mujeres inocentes.
Pese a estos datos, en 2018, se cristalizó la orden de López Obrador de conformar una Guardia Nacional. Y ahora, pese a que las quejas y denuncias contra el Ejército y dicha institución no cesan, el gobierno vuelve a ignorar las voces de organizaciones civiles, expertas y expertos para unir la Guardia Nacional a la Sedena.
Daira Arana Aguilar (internacionalista y especialista en militarización y militarismo) ha advertido que esto puede aumentar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en México. El caso de Ernestina y Magdalena son ejemplo de ello. Pese a ello (pese a la impunidad, las agresiones y la corrupción), parece que la militarización del territorio mexicano todavía no se detendrá.
