Ciudad de México.- En lo que va del 2024, han desaparecido 158 personas en la entidad de Tlaxcala, 60 de ellas, son mujeres. Veinticinco eran menores de edad cuando desaparecieron, la mayoría, niñas (68%); Tlaxcala enfrenta una crisis de desapariciones forzadas, sin embargo, a pesar de que los datos apunten al aumento de este fenómeno desde 2021, la legislatura tlaxcalteca continúa haciendo caso omiso a la creación del Consejo Ciudadano de Búsqueda en Tlaxcala.
En un panorama general, la actual legislatura dejará el cargo este 30 de agosto y entrará en su lugar la LXV Legislatura del Congreso, que se mantendrá vigente hasta el 2027. Las y los nuevos diputados ya han hecho una ceremonia cívica con los tres poderes de gobierno para asumir el cargo, pero la ciudadanía no olvida: Han postergado la creación de este órgano y vulnerado las garantías de las familias buscadoras.
Tlaxcala es una de las entidades que cuentan con un vacío legislativo sobre el Consejo Ciudadano de Búsqueda, un órgano encargado de la vigilancia, seguimiento y persuadir las acciones estatales para atender la crisis de personas desaparecidas que arrecia en la entidad.
Un antecedente legislativo y una deuda pendiente
La Comisión Nacional de Búsqueda es un órgano gubernamental que tiene la responsabilidad de coordinar acciones para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en México.
Su creación data del 17 de noviembre del 2017 como una acción de emergencia del Gobierno de México para atender el fenómeno. Entre sus ejes principales, se encuentra el desarrollo de estrategias que faciliten la localización de estas personas, brinda apoyo y actúa de manera conjunta con otras instituciones estatales, proporcionando información vital para el caso.
Además, su ámbito de acción también abarca la colaboración federal, abonando a la sistematización de información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO), herramienta central que organiza y concentra datos relevantes de personas.
Se debe recordar que este Consejo ya ha sido determinado como un requisito legal a nivel nacional y se encuentra contenido en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. Según refiere la Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, sin embargo, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la búsqueda de personas desaparecidas, continúa pendiente en la entidad de Tlaxcala que, de 2022 al 2024, se ha disparado en un 50% la desaparición.
Hay que hacer un apunte y es que, a comparación de otros Estados como el Edomex o Guadalajara, Tlaxcala presenta menos casos de desaparición, sin embargo, esto no exime que las familias buscadoras continúen enfrentando el abandono legislativo e institucional al no contar con un órgano que les sirva de refugio y escudo en sus búsquedas.
Además, se debe referir que existe otro fenómeno latente que ha sido incontenible para Tlaxcala: La trata de personas. De esto deviene la preocupación particular de que el 68% de las personas menores de edad desaparecidas, sean niñas.
El Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, ha denunciado de forma reiterada que el gobierno de Tlaxcala ha evidenciado una incapacidad para prevenir la trata, proteger y atender a sus mujeres, adolescentes y niñas. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado, en los últimos 10 años, se han realizado 250 denuncias por este hecho, sin embargo, el estado sólo ha emitido 15 sentencias condenatorias.
«Las redes de tratantes tlaxcaltecas siguen operando estatal, nacional e internacionalmente, y sigue habiendo una falta de acceso a la justicia a las víctimas”. (Comité del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas).
En febrero del 2021, Tlaxcala aprobó la ley en Materia de Desaparición de Personas y tuvo por objetivo garantizar los derechos de las personas desaparecidas, garantizar sus derechos hasta saberse su identidad y brindar asistencia. Con este avance, se creó la primera Comisión de Búsqueda, pero ¿quién vigila a este órgano y garantiza que no se ejerza violencia institucional y revictimizante?
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, ha referido que el Consejo Ciudadano de Búsqueda en Tlaxcala es prioritario, pues su trabajo permite supervisar las Comisiones de Búsqueda y evidenciar la falta de acción.
En entrevista para el medio local, Escenario Tlaxcala, la abogada Cristina Lozano de la Garza del IMDHD, señaló:
«La situación en Tlaxcala es preocupante. A diferencia de otras entidades como Oaxaca, que han avanzado en la creación de estos consejos, Tlaxcala ha incurrido en omisiones que limitan la supervisión y la participación ciudadana en la búsqueda de personas desaparecidas.»
La respuesta que ha dio la legislatura en su momento al increparles sobre la creación del Consejo, fue que “en algún momento se agregaría a la agenda”, pero su legislatura ya ha terminado y entrado en vigor una nueva. Al frente del gobierno, la morenista Lorena Cuéllar -que terminará su gubernatura hasta el 2027- y que desde su toma de protesta ha autoafirmado su compromiso por atender los asuntos en materia de género y combatir la violencia contra las mujeres, no ha realizado ningún posicionamiento sobre el Consejo que, para la sociedad civil de Tlaxcala, se convierte en una necesidad omitida desde hace 3 años, cuando la desaparición repuntó en la entidad; la vulneración a los derechos no sólo descansa sobre las familias buscadoras, sino también, en la garantía de justicia para las niñas y adolescentes tlaxcaltecas, quienes atraviesan los estragos más crudos de la trata y la desaparición forzada.
