Imagina salir de tu país porque las condiciones son precarias. Cruzar por siete países y llegar a un lugar que representa la posibilidad de un mejor futuro para ti y tus hijos, pero alguien te difama, te denuncia, te quitan a tus hijos y llevas meses separada de ellos.
Ese es el caso de María, una mujer venezolana que salió de su país junto a sus tres hijos en busca de mejores oportunidades. En México, y pese a las fronteras, su pareja se las arregló para quitarle a sus hijos, quien también envió a que la denunciaran por violencia familiar, sin pruebas. Los niños fueron llevados a un albergue. María no ha dejado de pelear para que sus hijos vuelvan a estar con ella, sin embargo, la denuncia le juega en contra.
La falta de documentos migratorios que le brinden seguridad jurídica, junto con la ausencia de un enfoque de género y de derechos humanos en el caso ha llevado a perpetuar la separación familiar de María. Este caso es una muestra de las barreras estructurales que enfrentan las mujeres migrantes para acceder a la justicia en México.
Después de la sustracción de sus hijos, María interpuso una denuncia en contra de las personas que se los quitaron, a su vez, estas personas hicieron una denuncia en contra de ella acusándola de violencia familiar.
Al buscar ayuda con las autoridades, María se encontró con un sistema de justicia indiferente al contexto migratorio que viven las personas provenientes de otros países en México.
Este actuar de las autoridades derivó en una orden de restricción por considerar que la acusación de violencia en contra de sus hijos era cierta. Por su parte, las autoridades enviaron a los tres niños a un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia sin considerar, dentro de la evaluación del interés superior, el principio de unidad familiar. Se tiene conocimiento que uno de los hijos de María tiene estrés postraumático derivado de su experiencia migratoria.
La falta de atención psicojurídica, de información y la condición migratoria irregular colocaron a María en una posición de desventaja para el acceso a la justicia, pues ella no contaba con las herramientas para defenderse legalmente. Mientras la carpeta penal, por aparente violencia familiar, esté abierta, y no hay ninguna posibilidad, en el corto plazo, de que los niños vuelvan con su mamá, por más que ella se establezca en una casa, tenga un trabajo formal y reciba atención psicológica.
Este caso no es aislado, sino una constante en la experiencia de las mujeres migrantes y sus familias. Es importante que las autoridades cuenten con capacidades técnicas fortalecidas en temas de género, migración, derechos humanos y perspectiva de infancia que les permita implementar las mejores resoluciones para asegurar la unidad familiar y el acceso a la justicia para las mujeres migrantes y sus familias en México.
María, a través del apoyo del IMUMI y otros aliados, sigue buscando las formas de recuperar a sus hijos. Su caso sigue en proceso.
