En un contexto donde las políticas migratorias de los Estados separan familias, hay historias que recuerdan la importancia de la reunificación familiar y los estragos a la salud mental de la niñez y la adolescencia. Hace 2 años, Graciela, quien vive en Estados Unidos, nos contactó para solicitar apoyó para que su hija Guadalupe, que se encontraba en México, se reunificara con ella.
Graciela, junto con Guadalupe, salió de su país de origen en busca de atención médica en Estados Unidos, con la ayuda de una abogada. En su tránsito por México fueron separadas. Graciela logró llegar a territorio estadounidense, pero Guadalupe fue detenida por las autoridades migratorias y fue trasladada a un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. La adolescente estuvo separada de su madre por varios años.
El caso de Guadalupe muestra que la reunificación familiar no es sólo un derecho, sino una necesidad para las niñas, niños y adolescentes migrantes que se encuentran separados de sus madres, padres o algún referente significativo para ellas y ellos.
La espera, la incertidumbre y la falta de una respuesta ágil, por parte de las autoridades mexicanas, causó afectaciones a su salud mental, teniendo incluso la idea de escapar del espacio donde se encontraba para intentar seguir su trayectoria a Estados Unidos de manera irregular, sin importar que se expusiera a todos los peligros que esto conlleva.
En el acompañamiento a Guadalupe para reunificarse con su madre, las abogadas y psicóloga del IMUMI, en alianza con el albergue donde se encontraba y una organización binacional, dieron seguimiento a su caso durante casi dos años.
Después de años de separación familiar e incidencia con las autoridades, se logró que la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes emitiera una medida de protección, determinando el derecho de la adolescente a la unidad familiar, de acuerdo con su interés superior. En el tiempo que Guadalupe estuvo esperando la resolución de las autoridades, ella mostró signos de estrés, ansiedad, enojo, rabia y tristeza.
Finalmente, Guadalupe logró reunificarse con su mamá en Estados Unidos, sin embargo, su proceso no fue sencillo pese a que desde noviembre de 2020 se logró la armonización de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el que se establece la no detención de niñez, adolescencia y familias migrantes.
Además establece la obligación de las autoridades migratorias de otorgar documentos de estancia por razones humanitarias a la niñez, la adolescencias y sus familias; en ella, se define a las Procuradurías de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes como las autoridades responsables de proteger a la niñez y la adolescencia durante el tiempo en que estén bajo responsabilidad de las autoridades mexicanas, y quien elaborará, ejecutará y dará seguimiento del cumplimiento del Plan de Restitución de Derechos, individualizado.
Por lo que hacemos un llamado para que las leyes que protegen a la niñez y la adolescencia migrante se apliquen de manera pronta, eficiente, y bajo el interés superior de la niñez, con el objetivo de garantizar el derecho a la unidad familiar de niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad, ya sea en México o en un tercer país.
En México, de 2018 a agosto de 2024, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, se registraron 464 mil 827 eventos de detención migratoria de niñas, niños y adolescentes; quienes salen principalmente de sus países a causa de la pobreza, la falta de oportunidades, los conflictos internos de su país, los desastres naturales o en busca de reunirse con sus familias.
