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Hoy extinguieron órganos autónomos. En duda transparencia, herramienta básica en agenda feminista

Por Lizbeth Ortiz Acevedo

Ciudad de México.- Este 20 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por mayoría calificada de 347 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, el dictamen extingue siete órganos autónomos, y los ahorros presupuestarios que esta acción traiga genera que se destinen todos esos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar en términos de la legislación aplicable y tras esta extinción de dependencia relevantes para el acceso a la información pública sobre los derechos de las mujeres en México surgen dudas, ¿ahora a quién le pertenecerá la información?

Se debe recordar que hace 22 años el INAI abrió sus puertas en México, como resultado del trabajo colectivo de periodistas, personas de la academia, organizaciones y sociedad civil que demandó al Estado la construcción de un órgano autónomo que pudiera ser contrapeso y vigilar la función del gobierno de manera apartidista y objetiva.

Isabel Erreguerena Citeri, excoeditora de Equis Justicia, mencionó a Cimacnoticias su importancia, pues la transparencia y acceso a la información resulta una herramienta fundamenta para la investigación, diagnóstico, monitoreo y evaluación que permite realizar incidencia en leyes y políticas públicas relacionadas con las diferentes agendas feministas. 

“Utilizar la transparencia como herramienta de investigación e incidencia aún presenta obstáculos e incluso tiene costos en cuanto al uso de recursos. (…) El uso de ésta representa un área de oportunidad no sólo para nuestras agendas, sino para las organizaciones que buscan incidir en los derechos de diferentes personas discriminadas”. 

Cabe señalar que la desaparición del INAI, organismo encargado del acceso a la información pública y la protección de datos personales, así como el CONEVAL, organismo descentralizado con autonomía para generar información sobre la situación política social y la medición de la pobreza en México, son de los más preocupantes para la agenda feminista.

Ambos organismos juegan un papel relevante para el acceso a la información, la protección de los derechos humanos de las mujeres y el acceso a la justicia. 

“Utilizar la transparencia como herramienta de investigación e incidencia aún presenta obstáculos e incluso tiene costos en cuanto al uso de recursos. (…) El uso de ésta representa un área de oportunidad no sólo para nuestras agendas, sino para las organizaciones que buscan incidir en los derechos de diferentes personas discriminadas”. Isabel Erreguerena Citeri en «La transparencia como herramienta para la incidencia en la agenda feminista: una mirada desde la práctica de ocho organizaciones de América Latina INAI». 

De acuerdo con integrantes de Morena quienes defienden esta extinción, señalan que estos órganos autónomos recibieron 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos desde su creación con incrementos anuales en su presupuesto, “favoreciendo empresas privadas” y no a las y los mexicanos. 

Tras la votación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que «contar con un instituto de transparencia es resultado de una lucha de muchos años donde han participado distintos actores, más allá de intereses partidistas, con objetivo de exigir la rendición de cuentas y defender la vida democrática del país».

Las y los diputados de la oposición, señalaron que la desaparición de estos organismos no son para ahorrar presupuesto, sino para mantener el control y la opacidad la información pública que ahora provendrá de las dependencias de gobierno.

Con esta votación desaparecieron estos organismos autónomos y serán transferidos a:

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
Secretaría de la Función Pública y otros órganos internos
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)La medición de la pobreza y la evaluación de políticas públicas, sociales y laborales que pertenecían al Coneval se integrarán al Inegi.
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
Formarán parte de la Secretaría de Economía
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)Formarán parte de la Secretaría de Economía
Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU)Secretaría de Educación Pública
Comisión Reguladora de Energía (CRE)Secretaría de Energía
Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH)Secretaría de Energía

A partir de esta noticia, organismos defensores de Derechos Humanos, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, hicieron un recuento de las informaciones obtenidas a través de recursos interpuestos ante el hoy extinto INAI.

Uno de esos avances en información pública fue el conocimiento de casos de graves violaciones a derechos humanos como el caso de Ayotzinapa.

También, gracias al INAI se obtuvo información pública para demostrar que los datos que resguardan las fiscalías estatales no estaban integrados al Banco Nacional de Datos Forenses, que debe operar la Fiscalía General de la República y que es una herramienta indispensable para enfrentar la crisis de desaparición y de rezago forense en el país.

Por el INAI, conocemos las versiones públicas de los expedientes de militares involucrados en la guerra sucia. Se obtuvieron expedientes de víctimas y perpetradores del vía transparencia, tras interponer recursos de revisión. Así como las averiguaciones integradas contra el expresidente Echeverría en 1968 y el halconazo.

Conocemos las versiones públicas de reportes pormenorizados sobre el uso de la fuerza de elementos de la Guardia Nacional, a pesar de que los han negado a dar la información en diversas ocasiones.

Tanto en Ciudad de México, como en Bachajón, en Chiapas, se presentaron recursos ante el INAI para documentar la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional.

El INAI ordenó a la Sedena a hacer públicos los contratos con la empresa Antsua proveedora del malware Pegasus en México.

El INAI ha presentado relevantes controversias constitucionales contra disposiciones legales que buscaban reservar información de interés público, como por ejemplo la Ley de Seguridad Interior y el Acuerdo por el que se declaran como de seguridad nacional e interés público los proyectos y obras de infraestructura del Gobierno.

Hay que recordar que gracias al INAI se conocieron los excesos de las toallas de Vicente Fox y la Casa Blanca de EPN; y en este sexenio los desfalcos de Segalmex.

Concentración de Poder

El Poder Ejecutivo y no el Estado mexicano será quien concentre todo el poder de estas nuevas direcciones.

Por ejemplo, el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

La información que se refiere a la vida privada y los datos personales estará protegida por los sujetos obligados que contarán con facultades suficientes para su atención. Esos sujetos deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.

Las leyes deberán establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de estos derechos, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados.

El organismo encargado de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, también estará a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones y establecer las formas de coordinación del organismo con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.

El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética del país, contará con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos.

El Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país, contará con las facultades necesarias para cumplir con dicho objeto.

El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos; también conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los partidos políticos.

Subraya que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable. Los recursos humanos con que cuenten los entes públicos que se extinguen a consecuencia del presente decreto pasarán a formar parte de aquellos que asuman sus atribuciones, cuando corresponda.

Previo a la aprobación de esta reforma, un total de 170 organizaciones y 362 periodistas lanzaron un férreo posicionamiento en el que pedían meter freno a la discusión y abrir el diálogo bajo la demanda de defender la autonomía institucional.

Asimismo, tras el dictamen, organismos como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se posicionaron en contra de esta reforma y calificaron la iniciativa como un “retroceso que afectará gravemente el ejercicio pleno de los derechos humanos en nuestro país”. 

Además, compartieron contrastes presupuestales para señalar que el tema no es el «ahorro» de presupuesto, sino eliminar los contrapesos «del poder para el poder», tal como lo señaló la entonces diputada del PRI, Laura Haro Ramírez.

“Se habla de una supuesta intención de austeridad, pero tenemos un claro ejemplo, el INAI, el instituto responsable de que las personas se nos garantice un derecho constitucional, que es el de la información, cuesta a las y los mexicanos mil millones de pesos, mientras que PEMEX ha reportado perdidas de 251 mil millones de pesos. Si vamos a hablar de ahorrar, solamente cada dos horas de lo que pierde PEMEX es el costo del INAI”.

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