Ciudad de México.- La elección judicial del 2025 ha avanzado de manera laxa, cerrando su último proceso el 15 de diciembre cuando el Comité de Evaluación publicó el listado de las personas con los perfiles de elegibilidad más idóneos. Así, el Instituto Nacional Electoral proyecta que, a más tardar, el 4 de febrero se depurará este listado a través de una insaculación pública, a un mes de que este hecho se geste, la JUFED (Juzgadoras y Juzgadores Federales) advierte de los peligros de este proceso electoral, entre los que destaca la corrupción, la opacidad y la baja participación ciudadana.
De acuerdo con la asociación nacional, los riesgos que plantea la elección de personas juzgadoras son demasiados, esto a causa de severas inconsistencias que ya han sido nombradas por el propio Instituto Nacional Electoral, órgano que ha dado a conocer que concretar la elección será un desafío logístico titánico debido al recorte presupuestal del 52% impuesto por el Congreso de la Unión, lo que ha forzado al INE a reajustar el número de casillas disponibles reduciéndolas en un 43% a lo proyectado originalmente.
Paralelamente, la JUFED sostiene que este tipo de irregularidades demuestran la inviabilidad de la elección y denuncia que, autoridades internacionales han puesto en tela de juicio este proceso cuestionando el desmantelamiento de la justicia federal, un hecho contrario a la narrativa que ostenta el gobierno.
«El margen de desinterés y abstencionismo comprometen directamente la calidad del proceso electoral y abren la puerta a irregularidades como el acarreo, la compra de votos y la disparidad en los porcentajes de votación para los distintos puestos a ser sujetos de elección. Además de que no existen precedentes en el marco electoral para este tipo de procesos y su impugnación», denuncia la JUFED.
Entre las exigencias de esta asociación juzgadora, también se encuentra la complejidad del modelo de voto que contemplará 6 boletas diferentes con hasta 60 candidatos que puede reproducir -como en otras elecciones-, el voto superficial o malinformado que, aunado a la baja participación ciudadana reconocida por el INE (un aproximado del 10% del padrón votante), evidencia el desinterés popular, pero también, el intento de «concentrar el poder político», según la JUFED.
«El diseño de la elección pone en riesgo la imparcialidad judicial al permitir que las candidaturas sean propuestas por los tres poderes, con un evidente sesgo hacia quienes tienen afinidad con el partido en el poder. Esto no solo amenaza la independencia del Poder Judicial, sino que pone en peligro el derecho de las y los ciudadanos a contar con juzgadores imparciales y capacitados, seleccionados con base en méritos y no en
lealtades políticas»
Como antecedente, la JUFED ha sido uno de los bastiones primarios en contra de la reforma al Poder Judicial, llevando el caso ate la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 13 de noviembre y participando en la conferencia magistral “Impacto de la Reforma Judicial en México, ¿Qué significa para la Justicia?” en la Universidad de Washington, Georgetown University.
Entre detrimentos y una serie de denuncias consistentes, la JUFED va por tirar la reforma judicial, todo ello, a pesar de su inminente aprobación y publicación en el Diario Oficial; mientras el combate se gesta desde las filas de la JUFED y su titular, la jueza Juana Fuentes, el gobierno presidido por Claudia Sheinbaum avanza certero rumbo a unas elecciones que parecen imbatibles.
«No pueden detener este cambio constitucional»: Sheinbaum
En contracara, la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene al margen la defensa de esta histórica ofensiva política sobre el Poder Judicial, atajando que la reforma cumple con todas las reglas establecidas por la Constitución, por lo que ha advertido, «no pueden detener este cambio constitucional».
Además, ha subrayado que la reforma al Poder Judicial es necesaria por el esquema de corrupción que padecen las instituciones encargadas de la procuración de justicia, lo cual se eliminará gracias a que todas las personas con experiencia comprobada en esta área podrán tener oportunidad de ser electas como ministros, magistrados o jueces.
“¿Va a ser benéfico para México esto?: Sí, porque tenemos un Poder Judicial con mucha corrupción; la propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia aceptó que hay 46 por ciento de nepotismo, en el informe que presentó, Imagínense, quiere decir que la manera en la que se distribuyen los puestos en el Poder Judicial es por el hermano, por el primo, por el hijo, por el nieto, ¿cómo podemos romper ese esquema? Pues que venga de abajo.”
Por ello, reafirmó que gracias a la reforma al Poder Judicial hoy México se constituye como un nación más democrática y soberana. De esta manera se constituye el arranque del 2025, donde la resistencia por tirar la reforma al Poder Judicial sigue vigente, pero también, el blindaje del gobierno por llegar de manera limpia al 4 de febrero donde se darán a conocer a las y los candidatos oficiales seleccionados a través de una tómbola.
Sobre esto último, hay que recordar que la participación de mujeres ha sido considerablemente menor a la de sus congéneres, es decir, hay más hombres buscando un lugar dentro de las elecciones que mujeres, especialmente, en los cargos de alto poder jerárquico.
De acuerdo con la presentación de Arturo Zaldívar durante la mañanera del pueblo del 18 de diciembre, los hombres candidatos ganaron cancha con un total de 6 mil 954 representantes que van a la carrera para disputarse las elecciones; las mujeres, rozando apenas la mitad, alcanzaron los 3 mil 996 lugares.
Aunque en todos los cargos que se disputarán en las futuras elecciones judiciales las mujeres son minoría, el fenómeno de nula paridad se recrudece conforme al poder en el cargo; la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió a 228 personas interesadas en ocupar el cargo como ministras, de este universo, sólo 66 son mujeres; 160 son hombres, es decir, hay 100 candidatos masculinos más con la elegibilidad suficiente para quedar al frente de la SCJN.
Según se promete, durante la insaculación pública, la paridad de género será un requisito a fin de que las mujeres con los mejores perfiles puedan participar de manera paritaria, por lo que resultará prioritario tener la lupa puesta sobre el proceso que se gestará el próximo 4 de febrero, pero también, en cuáles serán las herramientas de las asociaciones para hacer frente al Gobierno Federal; la disputa bilateral por la llamada soberanía judicial arreciará con mayor fuerza durante estos primeros meses del 2025.
La conexión entre el Poder Judicial y las mujeres es más estrecha de lo que pensamos
Más allá de los asuntos políticos, la oposición o simpatía por el 4T, entender la reforma al Poder Judicial es un hecho necesario que está lejos del movimiento partidario, pues está relacionada a uno de los Poderes de la Unión; pilares que sostienen a nuestro país y su estructura.
Cimacnoticias conversó con Fátima Gamboa, titular de Equis Justicia quien explicó que no se trata de saber si se está a favor o en contra, porque la cuestión no es aumentar la polarización, sino más bien, bajar esta reforma al poder judicial, reconocerla y saber que para la población civil no trae consigo un beneficio esencial.
¿Por qué no atiende realmente la injusticia y los fenómenos que nos atraviesan, específicamente, a las mujeres?: Porque la reforma no atiende, ni de cerca, estos problemas de violencia, discriminación, desigualdad e inseguridad. Es una reforma totalmente estéril para garantizar los derechos de las mujeres y personas en vulnerabilidad de nuestro país.
Ninguna reconfiguración interna del sistema judicial será lo suficientemente poderosa, si en el actuar, se continúa perpetuando la impunidad, el clasismo, el nepotismo, el sexismo, la revictimización y otros sistemas de opresión que atraviesa a las mujeres, personas indígenas, racializadas y migrantes.
Entonces, se habla de una reforma que, puntualmente en materia civil, no cuenta con características que neutralicen la ineficiencia de la impunidad o mejore la atención judicial desde sus cimientos, pero sí se atañe un valor preocupante, que es el de permitir un proceso electoral donde se ondeen banderas políticas; la reforma no garantiza el acceso a la justicia para las mujeres.
«La mayoría de la población está harta de los partidos políticos, sabemos que hay mucha corrupción, sabemos que hay mucha opacidad, sabemos que los partidos políticos tienen intereses, que están muy desvinculados y muy alejados de los intereses de las mayorías. Entonces imagínate partidista la justicia que se da en los poderes judiciales con todos los problemas, que ya tienen los Poderes Judiciales el centro, sería agregar un problema bastante grave», explica la abogada.
Saber que el Poder Judicial, contrapeso para el Poder Ejecutivo, puede comenzar a volcar su balanza a través del interés político es uno de los ejes medulares donde la población civil debe poner el ojo; los dos poderes ya ejercen demasiada violencia en contra de las mujeres como para hablar de una unificación que se tiña del mismo color y que vele por los mismos intereses. Con o sin reforma, la lucha por el acceso a la justicia de las mujeres y niñas, no claudicará hasta que el Estado abole toda impunidad e injusticia.
