Ciudad de México.-El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (OHCHR) ha emitido 3 decisiones históricas condenatorias a Ecuador y Nicaragua como responsables de haber forzado a 3 niñas víctimas de violencia sexual a la maternidad, aún, en contra de sus deseos expresos de acceder a una interrupción legal de su embarazo, lo que es considerado tortura.
Este litigio se llevó a través del esfuerzo conjunto del Movimiento Son Niñas, No Madres que, desde el 2019, ha realizado sinergia con más de una decena de organizaciones para llevar el caso de Norma, Lucía y Susana a instancias internacionales con el objeto de responsabilizar a los sistemas ecuatorianos y nicaragüenses por trasgredir los derechos humanos de las infancias, pero también, deja a su paso un antecedente histórico: Forzar a ambos países a garantizar el aborto y eliminar los obstáculos para que las niñas y mujeres puedan acceder a este servicio de salud.
Las decisiones emitidas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones son una obligatoriedad e instan a los Estados demandados a producir, de forma expedita, toda medida de reparación para las víctimas, así como garantizar la no repetición. Paralelamente, se abre un camino de justicia extensiva al producir un antecedente donde miles de niñas de todo el mundo pueden gozar de esta jurisprudencia internacional, pues las decisiones y recomendaciones aplican a los 170 países firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La región de América Latina y el Caribe es la segunda con el mayor número de partos de niñas menores de 15 años a nivel global, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 5 de cada 100 niñas de la región fueron madres en 2021.
De este universo, al menos 2 de cada dos de estos partos fueron productos de violencia sexual, mayormente, violaciones repetidas en contra de la niña. Se estima que el 80% del abuso sexual de América Latina y el Caribe, tiene como víctima a una niña de entre 10 y 14 años, según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
¿Por qué resulta histórica esta sentencia y cuál es la condena?
La decisión del Comité representa un esquema histórico pues, por primera vez se reconoce que la maternidad forzada interrumpe y obstaculiza los objetivos personales, asimismo, restringe los proyectos de vida de las niñas y las copta de una vida digna.
Asimismo, el órgano internacional ha decretado que negar el acceso a servicios de salud reproductiva refuerza estereotipos de género basados en la función reproductiva de las mujeres lo que constituye una forma de discriminación basada en género y edad.
El Comité estableció medidas históricas para ser aplicadas a nivel global. Estas son las más destacadas:
- Modificar la legislación para asegurar y garantizar la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, legal y efectiva, especialmente en casos que impliquen intensos sufrimientos, como los embarazos que son producto de violación sexual, o cuando implique un riesgo para la vida o la salud de la
persona embarazada. Esto para asegurar que se brinden servicios de salud
integrales, incluido el aborto, y que se eliminen las barreras de acceso. - Emprender acciones para combatir la violencia sexual en todos los sectores, incluyendo acciones educativas y de sensibilización para prevenir, atender y judicializar estos casos, además de ofrecer una reparación integral para las sobrevivientes.
- Capacitar a profesionales de salud y operadores de justicia sobre atención integral en casos de violencia sexual y velar por una actuación efectiva cuando exista peligrosidad debido a antecedentes por agresiones similares.
- Aplicar medidas de reparación individual, como la indemnización a las sobrevivientes, apoyo para retomar sus estudios, contar con acompañamiento psicológico y otras medidas que les permitan retomar sus
proyectos de vida y lograr sus metas educativas, profesionales y familiares, interrumpidos previamente por las maternidades forzadas.
Ante esta victoria que es punta de lanza en nuestra región, el movimiento Son Niñas, No Madres, exige a los Estados responsables a realizar una hoja de ruta en coordinación con las organizaciones civiles y llama a la comunidad internacional a reforzar los mecanismos de monitoreo para garantizar el cumplimiento de las condenas a través de la presentación de datos verificables y transparentes.
Asimismo, este movimiento continúa a la expectativa de que pronto se falle a favor de Fátima, adolescente de 14 años forzada a la maternidad luego de que el Estado de Guatemala le prohibiera la interrupción legal de su embarazo, aún, con pruebas de abuso sexual reiterado desde la infancia.
Norma, Lucía y Susana
Norma vs Ecuador
Norma vivía con su padre, un hombre que contaba con un historial de denuncias al haber violentado sexualmente a su prima. Por este hecho, se supondría que Norma sería puesta bajo protección bajo el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia de Ecuador; nunca pasó.
Así, a la edad de 12 años fue obligada a vivir con su padre y tras dos años de violencia sexual reiterada, Norma presentó un embarazo. Pese a sus severas afectaciones a su salud mental e incluso, tentativas de suicidio, Norma fue forzada a llevar su embarazo a pesar de haber pedido a las instituciones que no quería ser madre.
Ecuador sólo consideraba el aborto en casos específicos como que estuviera en peligro la vida de la madre, sin embargo, como éste no representaba un riesgo para Norma, se le fue negado su acceso al aborto.
Norma no pudo volver a la escuela, pues no existía compatibilidad entre sus horarios educativos y su trabajo de cuidados con su bebé. Su agresor murió años después y Norma jamás recibió justicia por el abuso sistémico que ejerció el Estado ecuatoriano en su contra.
Lucía y Susana vs Nicaragua
Lucía tenía 13 años y participaba en el coro infantil de la parroquia cuando iniciaron las violenbcias sexuales por parte del sacerdote de su poblado. El agresor, la violentó de forma reiterada en diversas ocasiones y a la edad de 13 años, inició su periodo de gestación.
Tras enterarse del embarazo, la familia de Lucía denunció al sacerdote, sin embargo, la localidad les comenzó a revictimizar; Lucía era responsable de haber «seducido» al religioso, la revictimizaron.
La policía sabía bien dónde vivía el hombre, pues era bien conocido en el pueblo, sin embargo, a pesar de existir una orden de aprehensión, nunca fue detenido, ni procesado por su crimen.
En Nicaragua el aborto está penalizado bajo todas las circunstancias y por ello, Lucía fue forzada a llevar su embarazo a pesar de existir pruebas contundentes del abuso y sus intentos por terminar con su vida a causa de las secuelas emocionales que este proceso trajo consigo.
«Lucía no sólo espera que compartir su caso genere reparaciones que le permitan continuar con su proyecto de vida, sino también, que ninguna otra niña sea obligada a interrumpir su infancia por cuenta de una maternidad forzada», se señaló en conferencia.
Susana
Desde los 7 años, Susana fue violentada sexualmente por parte de su abuelo, un hombre temido en el pueblo por ser miembro de un grupo armado de la región.
A la edad de 13 años, Susana inició un embarazo no deseado y a pesar de que su abuela denunció el caso en 5 ocasiones, las comisarías rechazaban proceder. Así, Susana, sin ningún apoyo de legalidad, fue forzada a llevar su embarazo y ejercer la maternidad.
Tiempo después, Susana logró interponer una denuncia penal, sin embargo, el Estado la abandonó y no obtuvo ninguna respuesta, hasta 4 años después, que le informaron: No se puede hacer nada a causa de los grupos armados de la zona.
Su agresor sigue en libertad y teme de forma constante por su vida, se mantiene a la expectativa y desea que el Comité haga justicia en su caso, pero también, ponga la lupa en lo que está sucediendo en Nicaragua
Fátima vs Guatemala (Pendiente)
La madre de Fátima acudía a centros de cuidados con el objetivo de recibir educación y seguridad. Ahí, un hombre identificado por ser docente y miembro de la institución comenzó a violentar sexualmente a Fátima quien, en ese entonces, tenía 13 años; edad en la que inició su periodo de gestación.
La familia de Fátima inició un proceso de denuncia en contra del hombre, quien era respetado en la comunidad, sin embargo, comenzaron a amenazarles para que retiraran los cargos en su contra. El agresor jamás fue detenido.
Al igual que en Ecuador, en Guatemala no se contempla el aborto a causa de abuso sexual y sólo se accede a este derecho cuando está en peligro la vida de la madre. Fátima fue negada de obtener un amparo para la interrupción legal del embarazo.
Fátima, además, vivió revictimización por parte del personal médico quienes le decían que si le había gustado «abrir las piernas«, al momento de dar a luz, pues la niña de 14 años no soportaba el dolor.
Se le forzó a cuidar de su bebé y hacerse cargo de él a pesar de señalar explícitamente que no deseaba verlo, ni ser madre. Asimismo, al intentar volver a su vida cotidiana y estudiar, la institución le negó el acceso, refiriendo que no se le aceptaría porque ya tenía un hijo y además, no estaba casada.
Las instituciones guatemaltecas violentaron de forma reiterada a Fátima; desde sus espacios de esparcimiento para las infancias, las instituciones educativas y sus hospitales. Hoy se lucha para que el Estado de Guatemala reconozca su culpabilidad en este caso, pero también, en los miles que se gestan en total impunidad en el país.
