El 2024 culminó con buenas noticias para la protección de las personas que buscan asilo en América Latina y el Caribe gracias a la adopción de la Declaración y el Plan de Acción de Chile, dentro del Proceso de Cartagena +40.
Durante el año pasado, organismos internacionales y gobiernos de la región trabajaron en conjunto para consolidar estos documentos con el objetivo de continuar el “espíritu de Cartagena”, un proceso intergubernamental que se lleva a cabo cada diez años para conmemorar la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 y renovar los compromisos para su implementación. Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) seguimos de cerca el proceso, abogando por la inclusión de nuestras propuestas en los textos finales.
Es importante señalar que, a pesar de que los gobiernos no permitieron la participación directa de la sociedad civil en la elaboración de los primeros borradores de estos documentos, se incluyeron consideraciones innovadoras como:
1. Agilización de los procedimientos para el reconocimiento de la condición de persona refugiada. Se hace un llamado a eliminar trámites innecesarios y se promueve el reconocimiento colectivo prima facie. Esto es fundamental, especialmente considerando la situación en Venezuela y Haití que ha obligado a las personas a dejar sus comunidades en busca de protección. En el caso de México, organizaciones han abogado por la eliminación del requisito de firmas para quienes son solicitantes de asilo pues les obliga a acudir presencialmente y de forma recurrente, lo cual, en muchas ocasiones, obliga a las personas a que tengan que ausentarse de empleos o trabajos de cuidado.
2. Enfoque interseccional. En varios apartados del Plan de Acción, los Estados se comprometen a integrar la perspectiva de género, diversidad e interculturalidad. Se reconoce que las personas desplazadas pueden enfrentar diversas vulnerabilidades, lo que hace necesario un enfoque que contemple estas diferencias en los procesos de determinación de la condición de persona refugiada y de integración. Desde el IMUMI hemos evidenciado que durante los procesos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) no suele haber una perspectiva de género en el personal que permita que las mujeres solicitantes accedan al reconocimiento sin ser revictimizadas, por lo que es necesario un mayor esfuerzo para incorporar este enfoque.
3. Protección para las personas desplazadas por el cambio climático. El Plan de Acción refrenda que el principio de no devolución aplica para estas poblaciones y establece medidas para garantizar que las personas desplazadas por desastres ambientales o efectos del cambio climático puedan acceder a la protección internacional. Después de años de advertencias por parte de la sociedad civil, la región finalmente reconoce este fenómeno y propone acciones para mitigar sus efectos, promover la cooperación regional y proteger a quienes más lo necesitan. En el caso de México no existen vías de regularización migratoria específicas para esta población ni acciones para determinar correctamente si las personas desplazadas por el cambio climático tienen un temor fundado de tal manera que accedan a la protección que necesitan.
4. Participación activa de las personas con experiencia en el desplazamiento. Tanto la Declaración como el Plan de Acción instan a que las organizaciones lideradas por personas refugiadas sean parte integral de la toma de decisiones sobre políticas de protección internacional. Este proceso ha sido único, pues se dio espacio para que las personas refugiadas participen activamente en las consultas temáticas y en varias reuniones de negociación, lo que permitió que sus voces fueran escuchadas por los gobiernos y organismos internacionales. En México, hasta hace poco las personas con experiencia vivida no eran parte de los mecanismos de formulación de políticas de asilo.
Gracias a la persistencia de la sociedad civil durante las consultas y negociaciones del proceso de Cartagena +40 se logró la inclusión de una “red de seguimiento”, compuesta por diversas partes, encargada de monitorear el cumplimiento de los compromisos anuales establecidos en la Declaración y el Plan de Acción. Un objetivo clave de las organizaciones, incluida el IMUMI, es garantizar que los acuerdos multilaterales no se queden solo en el papel. Para ello, se promoverá la creación de una ruta de acción que contemple tanto un enfoque regional como nacional, con indicadores claros de evaluación y fomentando el diálogo constante con la sociedad civil, la academia y las personas refugiadas, quienes tienen un conocimiento directo de las realidades en el terreno. De esta manera, se podrá avanzar hacia una localización efectiva de las acciones, asegurando la rendición de cuentas y la transparencia.
En el caso de México, un país que ha sido un fuerte promotor del proceso de Cartagena +40 y que desempeñó un papel destacado en las negociaciones, es fundamental que el gobierno demuestre coherencia al incorporar los postulados de ambos documentos en sus políticas nacionales y locales de asilo. Esto incluye, el Plan Nacional de Desarrollo, el Modelo Humanitario de Movilidad Humana y las políticas de las oficinas de la COMAR (idealmente, los postulados de la Declaración y el Plan de Acción de Chile deben permear en todo su actuar en los próximos diez años). Además, el gobierno mexicano debe aprovechar los espacios de toma de decisiones existentes, como las Mesas Interinstitucionales sobre Refugio y Protección Complementaria y el Mecanismo Cuatripartito para la protección e integración de personas refugiadas para diseñar una ruta nacional para la implementación de Cartagena +40.
Desde el IMUMI continuaremos monitoreando el progreso de la Declaración y el Plan de Acción de Chile, tanto en México como en la región, con la esperanza de que el proceso de Cartagena +40 sea un referente global de solidaridad y corresponsabilidad que catalice acciones concretas para garantizar el derecho a solicitar y recibir asilo.
