Ciudad de México.- Tras ocho años del asesinato de Berta Cáceres, defensora del territorio y de los derechos del pueblo Lenca, por su lucha contra el proyecto Agua Zarca de la empresa hidroeléctrica Desarrollo Energéticos S.A. (DESA), la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó la culpabilidad de Sergio Rodríguez por asesinato agravado, por lo que continuará con su sentencia de 30 años de prisión.
Gracias a la ratificación de la sentencia de Sergio Rodríguez, de nueva cuenta se le atribuye la responsabilidad del homicidio de Berta Cáceres a los ocho implicados: Elvin Rápalo, Oscar Torres, Edilson Duarte, Henry Hernández, Douglas Bustillos y Mariano Díaz como autores materiales; Sergio Rodríguez como autor por inducción (aquel que no cometió el delito, pero induce a alguien para hacerlo) el cual fue recalificado por decisión de la Corte; y a David Castillo como autor intermediario.
Debido a una apelación de los ocho involucrados, en noviembre de 2024 la Sala de lo Penal –compuesta por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz y Nelson Danilo Mairena Franco- confirmó la condena de siete de ellos, menos la de Sergio Rodríguez por un desacuerdo entre los integrantes de la Sala. Esto alarmó al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que co-fundó la defensora.
Por lo que, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia, instancia a la que escaló el caso de Berta Cáceres, la ratificación de las ocho sentencias, así como la captura y enjuiciamiento de los miembros de la familia Atala Zablah (dueños de la empresa DESA) vinculados con el crimen, y el compromiso del gobierno hondureño para proteger la vida de quienes defienden el territorio y derechos humanos.
Además, el COPINH evidenció la existencia de pruebas en contra de Sergio Rodríguez como las comunicaciones extraídas de su teléfono y el registro de llamadas que demostraron su relación con el delito al identificar, vigilar, hostigar y proporcionar información de Berta Cáceres a los autores materiales. Dichas pruebas fueron admitidas ante la Sala I del Tribunal de Sentencia que llegaron a declararlo culpable.
El COPINH también remarcó el rol de Sergio Rodríguez en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el que desempeño el puesto de gerente ambiental y social cuando en realidad, dirigió sus acciones a infiltrar, enemistar y agredir a la comunidad Lenca del Río Blanco, así como de vigilar e identificar a los líderes opositores, desde el 2013.
Hasta el momento, estos han sido los logros en la búsqueda de justicia del caso Berta Cáceres, señalados por el COPINH:
- Fallo condenatorio contra ocho autores materiales.
- Fallo condenatorio contra David Castillo, coautor del crimen.
- Expulsión de la empresa china «SINOHYDRO» de la comunidad de Río Blanco.
- Parar la construcción de la presa hidroeléctrica Agua Zarca.
- Demanda civil y penal contra el Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO, por sus siglas en neerlandés) por la financiación del proyecto.
- Identificar y evidenciar a los autores intelectuales del crimen: la familia Atala Zablah.
- Reconocimiento del papel de las comunidades indígenas en los procesos de búsqueda de justicia.
- La culpabilidad de 3 personas por el caso “Fraude sobre el Gualcarque”: Roberto David Castillo Mejía (gerente de la empresa DESA) y Carolina Lizeth Castillo Argueta (ex-funcionaria de la ENEE) por fraude; así como Raúl Pineda Pineda (ex-alcalde de San Francisco de Ojuera) por usurpación de funciones y falsificación de documento.
Sin embargo, la ratificación de la Corte Suprema de Justicia de Honduras no da término a la justicia del caso, ya que aún falta la captura de todos los responsables del asesinato de Berta Caseres como Daniel Atala Midence, ex director financiero de DESA, quien se encuentra prófugo y sólo tiene un requerimiento judicial por parte de las autoridades hondureña.
Agua Zarca, el proyecto contra el que lucho la defensora
El proyecto Agua Zarca fue una central hidroeléctrica planificada sobre el Río Gualcarque, Honduras, que fue impulsada por Desarrollo Energético S.A. (DESA). Desde sus inicios, generó controversia y una oposición, principalmente de las comunidades indígenas lenca, por el acceso al agua y la afectación a sus derechos territoriales.
La resistencia fue liderada por Berta Cáceres, quien desde el 2013 señaló el involucramiento de intereses privados, el gobierno y el Ejecito Nacional para la aprobación y desarrollo del proyecto. Asimismo, denunció la nula consulta previa, libre e informada sobre la construcción de la central hidroeléctrica en un espacio con significado espiritual.
La oposición al proyecto estuvo ligada a la violencia y represión contra activistas y personas de la comunidad lenca. Integrantes del COPINH fueron atacados, criminalizados y amenazados, lo que llevo al asesinato de Tomás García, líder indígena, en manos del Ejército Nacional, provocando que, tanto la constructora china Sinohyfro y el Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO) abandonaran el financiamiento del proyecto.
El punto de quiebre de una lucha llegó el 2 de marzo de 2016, cuando Berta Cáceres fue asesinada en su casa en La Esperanza, Intibucá. Sicarios contratados, irrumpieron en su hogar y le disparon, provocando también que el activista Gustavo Castro resultara herido.
Las investigaciones determinaron que se trataba de un crimen premeditado para silenciar la oposición del proyecto. En 2018, un tribunal condenó a siete hombres -entre los que figuraron sicarios, exmilitares y empleados de DESA- como autores materiales. También se señaló la responsabilidad de Sergio Rodriguez por identificar a Berta como objetivo y proporcionar información vital para ejecutar el asesinato.
Tres años después, David Castillo, presidente de DESA y exoficial de inteligencia militar, fue condenado como co-autor intelectual del crimen, pues se comprobó que coordinó a los sicarios y uso su influencia para vigilar y castigar a Berta Cáceres antes de su asesinato.
- David Castillo: mediador entre los autores intelectuales del crimen y los sicarios, participó de la planificación y pago del crimen.
- Sergio Rodríguez: identificó a Berta como objetivo y proporcionó la información vital para ejecutar el asesinato.
- Douglas Bustillo: planificó y coordinó directamente con los sicarios y con David Castillo la ejecución del asesinato.
- Mariano Díaz Chávez: planificó y coordinó las acciones para llevar a cabo el atentado.
- Henry Javier Hernández Rodríguez: militar.
- Elvin Heliberto Rapalo Orellana: sicario contratado.
- Edilson Atilio Duarte: sicario contratado.
- Óscar Aroldo Torres Velásquez: sicario contratado.
Tras su muerte, el proyecto Agua Zarca quedó suspendido. Su lucha inspiró movimientos ambientales en América Latina y puso en evidencia los riesgos que enfrentan los defensores del medioambiente en la región. Su familia y el COPINH continúan exigiendo justicia para los responsables de más alto nivel.
«El asesinato de Berta Cáceres no solo fue un crimen, sino también un mensaje intimidante para todas las defensoras de derechos humanos en el país. Este acto de violencia de género se entrelazó con la violencia estatal y empresarial, convirtiéndose en un símbolo de la represión que sufren quienes defienden la vida y el medio ambiente» -Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIH)
Recordando a Berta Cáceres
De acuerdo con información de COPINH, Berta Isabel Cáceres Flores, nació en el municipio de La Esperanza, Intibicà el 4 de marzo de 1971 siendo la hija menor de doce hermanas y hermanos. Su vida se caracteriza porque creció bajo un régimen conservador y gobierno autoritario, por lo que sus primeros años se vieron marcados por la lucha contra el conservadurismo militar.
Mientras estudiaba en el Jardín de Niños “Esperanzano” y más tarde en la Escuela Guia Técnica número 12 “Juan Emilio Flores”; acompañaba a su madre a las labores de enfermería y asistencia médica hacia las mujeres en labor de parto, pero también estuvo en las luchas solidarias de los movimientos sociales llevando el correo entre la insurgencia.
Cuando cursó la secundaria en el Instituto Departamental de Occidente y posteriormente entró a la Escuela Normal Mixta de Occidente, militó en la Organización Patriótica Estudiantil Lempira (OPE-L) haciendo trabajo clandestino contra la Doctrina de la Seguridad Nacional y la presencia militar de Estados Unidos en Honduras.
Después de graduarse como maestra en 1988, participó en la Gran Ofensiva General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En 1989, impulsó programas de educación popular y fundó Acción Cultural y Ecológica de Rescate (HACER) para preservar la cultura Lenca y la defensa del medio ambiente. Más tarde, trabajó en la organización y capacitación de mujeres de la Organización Parroquial de Intibucá.
En 1993, co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) que fue clave en la lucha por los derechos del pueblo lenca y la protección de recursos naturales. Gracias a su liderazgo, logró victorias como la expulsión de aserraderos industriales, la creación de municipios indígenas y la ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Además, organizó eventos internacionales en defensa del medio ambiente y la autodeterminación de los pueblos, así como la promoción de la inclusión política de las mujeres y la fundación de radios comunitarias indígenas para amplificar la voz de su movimiento.
No obstante, enfrentó persecución y criminalización por su activismo. Su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa DESA y financiado por bancos internacionales la posicionó bajo la mira y en 2015, gano el Premio Medioambiental Goldman.
Finalmente, aunque murió en marzo de 2016 generando indignación a nivel internacional, su lucha dejo un legado de resistencia en la defensa de los pueblos indígenas y del medio ambiente.
