Ciudad de México.- Sin medios convocados, ni transmisión en vivo, el Congreso de Campeche se reunió a las 11:00 de la noche del 24 de febrero en una sesión privada para discutir y votar la despenalización del aborto, una iniciativa lanzada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) y que ha sido respaldada por las colectivas feministas de la entidad. Así, durante la madrugada del 25 de febrero, se aprobó por unanimidad la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.
Hasta el momento, se desconoce el perfil de las y los diputados locales que votaron a favor de la iniciativa, sin embargo, el Congreso ya se ha pronunciado, defendiendo que se legisló en favor de la salud física y mental de las mujeres que, por diversas circunstancias decidan interrumpir de forma voluntaria su embarazo antes de las 12 semanas como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Acción de Inconstitucionalidad 148/17 donde se estableció una metodología para el análisis de los derechos fundamentales que tienen las mujeres sobre su derecho a decidir, a la salud, al libre desarrollo de su personalidad y a la dignidad humana.
También se modificaron los artículos 157 y 158 del Código Penal del Estado de Campeche, poniendo penas más severas a quien obligue a una mujer abortar sin su voluntad, cuidando su libre determinación y protección. La pena se incrementó de cinco a ocho años de prisión y cuando mediare violencia física o psicológica de ocho a diez años de prisión. Estas penas protegen a la mujer y personas en sus derechos reproductivos.
La no criminalización de la mujer es un derecho y un mandato judicial en nuestro país, la interrupción segura y legal es un asunto de Estado porque la protección a la salud pública y cuidado de las mujeres y personas gestantes es una responsabilidad.
(Congreso de Campeche)
Esta mañana la noticia ha caído por sorpresa a los sectores eclesiásticos y provida de la entidad, que han comenzado a incitar el movimiento a través de redes sociales, como el obispo de Campeche.
Sobre esta misma línea, el regidor Ricardo Farfán ya se ha pronunciado al respecto, cuestionando el por qué la votación se hizo un lunes fuera de horarios; un lunes de «carnaval, cuando la gente está metida en los bailables», también, ha señalado de «penoso» el actuar del Congreso que, en sus palabras, actuó a espaldas de los campechanos: «Yo estoy en contra del aborto, pero tú puedes estar a favor, lo que no se vale es que se haga en lo oscurito, si verdaderamente están tan seguros que tienen la aprobación, ¿por qué no se hizo una discusión pública?»
A pesar de los detrimentos de algunas figuras políticas y religiosas de la entidad, las organizaciones feministas campechanas han celebrado el avance de la despenalización; una deuda pendiente por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, pues sólo de septiembre a enero del 2024, 168 mujeres buscaron ayuda con la Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con una Perspectiva de género (Redmyh) A.C, según ha reportado Estela Sánchez Canto.
Se debe recordar, que desde 2022 esta entidad impulsó el programa «Aborto Seguro«, sin embargo, organizaciones civiles como la Red de Acompañantes Peninsulares han denunciado que no tiene presupuesto, ni mucho menos personal para apoyar a las mujeres en busca de una ILE, pues según reportó la Secretaría de Salud, se atendieron entre 8 y 10 casos, cuando organizaciones como la Redmyh deben hacer grandes movimientos para atender a más de 20 mujeres mensualmente y canalizarlas a la entidad vecina, Quintana Roo que despenalizó el aborto el pasado 26 de octubre del 2022.
De acuerdo con colectivas como Abortistas Mx, lo sucedido esta madrugada implica una serie de reformas a 3 artículos, entre los que se encuentra la modificación de «aborto» a «interrupción del embarazo hasta la semana 12«. Además, se realizaron modificaciones que amplían las causales del aborto, por lo que ahora se contemplan factores como la inseminación no consentida, peligro a la vida, producto del delito de lenocinio o alteraciones genéticas.
Paralelamente, se recuerda que el aborto continúa siendo un delito punible en todo el país, siempre y cuando, se haga fuera de los límites establecidos de cada entidad -la mayoría, 12 semanas, a excepción de Aguascalientes que redujo a 6 las semanas de gestación para la ILE-. Esto infiere que no se ha modificado la pena por aborto voluntario; 1 a 3 años de prisión, según lo dicta el Código Penal de la entidad. Como pendiente en la agenda, quedará esperar la publicación en la Gaceta Oficial que pautará la entrada en vigor de esta serie de reformas y con ello, la oficialización de la interrupción legal del embarazo en Campeche.
Una lucha de más de una década
Desde hace 14 años, CIMAC ha documentado el punitivismo de esta entidad que cuenta con una larga historia de criminalización en contra de las mujeres que ejercen su derecho a la interrupción legal del embarazo.
Desde el 23 de abril del 2009 el Congreso del estado de Campeche reformó el Artículo sexto de la Constitución Política del estado, gracias al apoyo de legisladoras y legisladores del PRI, PAN, Convergencia y Nueva Alianza; un movimiento político provida.
Esta reforma sostiene que toda persona está protegida por la ley desde el momento de la fecundación o concepción hasta la muerte natural, con las salvedades ya previstas en la legislación ordinaria.
La primera discusión que puso en aprietos a la entidad se dio en marzo del 2009, cuando en marzo, fue denunciada una estudiante universitaria de 20 años de edad, quien se puso a disposición de un juez del ramo penal adscrito al Centro de Readaptación Social (Cereso) de ciudad del Carmen, en Campeche, acusada de interrumpir su embarazo de forma insegura.
La joven, originaria del estado de Chiapas, ingirió unas pastillas para terminar con un embarazo no deseado -de entre 18 y 22 semanas de gestación-, sin embargo tuvo una hemorragia que la obligó a acudir al Hospital General «María del Socorro Quiroga Aguilar».
Tras haber constatado que la joven intentó interrumpir su embarazo, los servidores públicos del hospital la denunciaron. El 30 de marzo, una trabajadora social acusó a la jovenante el Ministerio Público del fuero común, quien a su vez levantó la denuncia por «aborto provocado».
Aún con el revuelo que produjo este caso y las férreas posiciones de algunas diputadas por impulsar la despenalización del aborto en aquel entonces, la lucha terminó cayéndose poco después luego de que se reforzara el marco normativo de la entidad para proteger, supuestamente, la vida desde la concepción. Un asunto que se mantuvo vigente hasta nuestros días y que hoy, después de una lucha de 16 años, se ha logrado tirar con el avance de la marea verde en Campeche.
En México 21 entidades han despenalizado el aborto y el acceso a este derecho es libre (Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, CDMX, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas, Nayarit y ahora Campeche); 1 Congreso local tienen pendiente acatar las ordenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de un Tribunal Colegiado ( Yucatán ); 9 entidades mantienen vigente la penalización de la ILE (Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala), finalmente, se tiene el caso extraordinario de Aguascalientes donde el aborto sólo está permitido hasta las 6 semanas de gestación.
