Ciudad de México.- Rodeada de mujeres indígenas y ostentando el bastón de mando, Claudia Sheinbaum encabezó su primera conmemoración del Día Internacional de la Mujer encuadrando este suceso en la defensa de los derechos humanos de las mujeres indígenas y afrodescendientes. Desde Palacio Nacional, se reafirmó el compromiso de la primera presidenta en reconocer a este sector; en las calles, y en la lucha a pie, las mujeres indígenas y defensoras gritaron por la liberación inmediata de la defensora Kenia Hernández y la aparición de la abogada ayuuk Sandra Domínguez.
Acompañada de otras figuras políticas como Citlalli Hernández de la Secretaría de las Mujeres y la coordinadora general del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, Yaneth Cruz Gómez, se nombró la diversidad de mujeres y se hizo un llamado para que, nunca más, las mujeres indígenas queden fuera de cada acción del gobierno mexicano.
Por su parte, Yaneth Cruz Gómez, agradeció la convocatoria realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum para conmemorar juntas a las mujeres indígenas, afromexicanas y migrantes, «las olvidadas de México«.
“Decimos estas palabras aquí, porque sabemos que hay una puerta abierta para nosotras, porque estamos seguras de que vamos caminando por el mismo rumbo, porque es tiempo de mujeres, pero también tiempo de mujeres indígenas y afromexicanas”.
Además, Yaneth Cruz hizo un llamado a que no sólo el 2025 sea considerado el año de la mujer indígena, sino todo el sexenio y los años subsecuentes.
“Que las mujeres indígenas y afromexicanas seamos el centro de la política nacional”, enfatizó.
Mientras el discurso se gestaba, sobre Avenida Reforma, un contingente de mujeres indígenas y defensoras avanzaba bajo una bandera concreta: No hay Año de la Mujer Indígena, sin justicia para Kenia Hernández, quien está próxima a cumplir 5 años privada de su libertad «como un acto de persecución política para tenerla lo más aislada posible”, según ha dicho en entrevista con Cimacnoticias.
Uno de los sellos del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido los derechos humanos de las mujeres indígenas, de ello deviene el nombramiento del 2025, las reformas por la igualdad sustantiva, la presentación del Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas que dedicará 500 millones de pesos a las comunidades. Recientemente, el pasado viernes 7 de marzo recalcó su política señalando que Países Bajos la había contactado para nombrar a su primer tulipán «Claudia», sin embargo, la mandataria dijo que dio una contra propuesta para que sea «El Tulipán de la Mujer indígena».
Así, la presidenta ha manejado un discurso sólido desde su campaña presidencial a favor de las comunidades indígenas y/o afromexicanas. Un avance importante que una mandataria mantenga a este sector en la mira, pero que, más allá de actos políticos y ceremonias, resulta insuficiente si las mujeres indígenas de nuestro país son criminalizadas, perseguidas o viven desapariciones forzadas derivado de su activismo; no hay reformas, ni reconocimientos suficientes, si no hay libertad.
Este 8 de marzo, mujeres indígenas, familias y defensoras marcharon por su inmediata liberación con carteles de «2025 Año de la Mujer Indígena»; la imagen oficial de Gobernación y que, en lugar del rostro de la mujer que ondea una bandera, aparece Kenia Hernández como símbolo de represión, de violencia por parte del Estado y del punitivismo que se ejerce en contra de las defensoras indígenas en nuestro país.
Libertad para Kenia
Kenia Inés Hernández Montalván, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, especialmente de mujeres indígenas. Fue dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, además de ser beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Desde febrero de 2019, Kenia y los miembros de su colectivo comenzaron a ser objeto de amenazas y hostigamiento judicial. En junio de 2020, durante una manifestación por la liberación de los presos del Movimiento por la Libertad de Presos Políticos, ella y tres activistas fueron detenidos sin orden de aprehensión en la carretera Toluca-Valle de Bravo, en el estado de México. Posteriormente, Kenia estuvo cinco días en prisión preventiva en Chiconautla, una cárcel en Ecatepec, antes de ser liberada
Cuatro meses después, el 18 de octubre de 2020, Kenia fue detenida en la caseta de Amozoc, en Puebla, por más de una veintena de elementos policiacos, quienes no le informaron el motivo de su aprehensión ni presentaron una orden judicial. Al día siguiente se comunicó a sus familiares que se encontraba en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Se le acusó de ataques a las vías de comunicación contra Caminos y Puentes Federales (Capufe). “
Enfrenta una condena de 21 años y 9 meses de prisión. El caso de esta defensora afroindígena sigue sin mostrar avances significativos, por ello, el Comité de Apoyo a la Libertad de Kenia, entregó una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para exigir su liberación y recordando su compromiso de visibilizar la lucha de las mujeres indígenas, sin embargo, no existe respuesta, ni voluntad política por la liberación de Kenia Hernández quien permanece privada de su libertad en el penal de Neza Sur.
Además, lo que vive Kenia no es aislado, este sistema de agresión contra defensoras ha sido documentado. Entre 2012 y 2023, el informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan creado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, IM-Defensoras, documentó 35 mil 77 actos de violencia en contra de 8 mil 926 mujeres defensoras y también, en contra de 953 organizaciones y colectivas que luchan por la defensa de los derechos humanos.
Pero el caso de Kenia Hernández no es único, de hecho la organización Documenta ha denunciado de forma reiterada que las mujeres indígenas son un grupo que enfrenta una tripledesventaja: ser mujeres, ser pobres y ser indígenas, así como un contexto dominado por el hombre y el trato desigual, donde participan de forma pasiva frente a múltiples implicaciones cotidianas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) en México, existen 12.5 mil mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios federales y estatales, ellas representan el 5.4% de la población total. El 53.5% de ellas se encuentra en centros femeniles, 45.8% en mixtos y 0.6% en varoniles. Los delitos más recurrentes por los que se les juzga son: participación en secuestros, homicidio doloso y posesión de narcóticos con fines de comercio y suministro. De este universo, el 2.8% de ellas es indígena, 7 de cada 10, se dedicaba al comercio antes de su aprehensión; la mayoría de ellas, son originarias de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Estado de México y Yucatán.
Una de las armas que usa el Estado en contra de las personas indígenas privadas de su libertad es el uso exacerbado de la prisión preventiva; son condenadas a permanecer hasta más de una década con un proceso congelado y sin ningún avance. El acceso a la justicia se vuelve complejo cuando estás dentro de los márgenes de la precariedad, eres monolingue y por supuesto, la condicionante de género.
El informe «El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de la libertad» de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, documenta cómo el abuso de la prisión preventiva constituye una violación al principio de presunción de inocencia y es un elemento a partir del cual se generan problemas como la sobrepoblación y el hacinamiento en los Centros de Reinserción Social.
Para las personas indígenas la prisión preventiva representa un castigo que, de manera grave, genera un proceso de abandono debido a que en muchos casos los Centros de Reinserción Social se encuentran alejados de sus lugares de origen y familia. Sólo como un ejemplo, el informe documenta que en el estado de Oaxaca el uso excesivo de la prisión preventiva es extremadamente grave, de las mil 174 personas indígenas privadas de su libertad [en 2017], el 97.44% se encuentra en prisión preventiva.
Sandra Domínguez: La lucha sigue
Mientras se conmemoraba el 8M de la mujer indígena en Palacio Nacional, en Oaxaca, las hermanas y madre de Sandra Domínguez tomaron las calles para exigir la aparición de la defensora y abogada ayuuk, a 5 meses de su desaparición. Este caso, al igual que el de Kenia Hernández, resulta fundamental ponerlo en la mira ante este escenario del Año de la Mujer Indígena, colocando -de nueva cuenta- el acento en que no existe ninguna garantía de derechos, sin libertad.
De acuerdo con la familia y amistades de Sandra, fue el Estado el culpable por la desaparición de la abogada mixe al no garantizar su seguridad: «Categóricamente hoy afirmamos que: La vigilaron, la acosaron, la persiguieron hasta desaparecerla», afirmaron. Asimismo, acusaron a las instituciones de ser indiferentes, tener falta de sensibilidad, personal inexperto y de ser víctimas de maltrato y desinformación.
También señalaron al Gobierno de Salomón Jara sobre la narrativa del caso que llevó a minimizar la gravedad de la desaparición de Sandra y la pérdida de tiempo para su búsqueda efectiva, por lo que, exigieron la no criminalización para deslegitimar la lucha de los familiares y amistades de la abogada mixe. Jara ha sido señalado de forma reiterada por la familia Domínguez por cometer omisiones y encubrir, presuntamente, a Donato Vargas, uno de los políticos señalado por la abogada ayuuk por estar en un chat de pornografía donde se compartía contenido no consentido de mujeres indígenas.
A Salomón Jara, también se le ha señalado por acelerar la liberación de la exalcaldesa morenista Lizbeth Huerta, acusada de ser la autora intelectual de la desaparición de la defensora indígena Claudia Uruchurtu; el 9 de marzo, Jara fue invitado a la asamblea informativa de Sheinbaum en el Zócalo Capitalino donde refrendó el compromiso de Oaxaca con la presidenta.
En aras de reconocer las deficiencias del Estado para garantizar la libertad de sus mujeres indígenas, defensoras y activistas, se apunta a a Irma Galindo y Claudia Uruchurtu.
Irma Galindo desapareció en octubre del 2021, es defensora del bosque Ñuu Savi (Mixteca) y hasta la fecha, no hay información de su paradero.En noviembre del 2019 su casa fue quemada y un mes después, desapareció en la comunidad de Mier y Terán, en Atatlahuca, Oaxaca.
Claudia Uchururtú Cruz, activista y madre autónoma de 47 años desapareció el 26 de marzo del 2021, en la población mixteca Asunción Nochixtlán. Era defensora por los derechos humanos en su comunidad, se dedicaba a recolectar las demandas de la población y presentarlas ante el municipio; esto, a pesar de que fueran rechazadas por la alcaldesa Lizbeth Huerta por falta de presupuesto.
La activista descubrió malversación de recursos, falsificación de firmas y empresas fantasmas. Acto seguido, buscó a senadores e incluso, al mismo presidente para pedir ayuda sobre lo que sucedía en la comunidad; nunca obtuvo respuestas.
Claudia desapareció a las 22 horas frente al palacio municipal de la comunidad mixe, esto luego de protestar junto a su comunidad por la detención arbitraria de un vecino; el último registro que hay de ella quedó grabado en una cámara de seguridad donde se le ve pasar y acto seguido, una mujer grita: ¡Se llevan a una muchacha!
De acuerdo con testigos, Claudia fue subida a una camioneta roja por elementos de seguridad; a 4 años de su desaparición, no hay rastro de su paradero y Lizbeth Huerta, autora intelectual, ha sido puesta en libertad este 2025 Año de la Mujer Indígena bajo el gobierno de Jara.
Las hermanas Uruchurtu Cruz se pronunciaron el pasado 13 de diciembre, denunciando que sería una fecha simbólica, pues en Oaxaca impera la impunidad y los compadrazgos, al señalar presuntamente al gobernador Salomón Jara como corresponsable de facilitar la liberación de los culpables.
Asimismo, la familia sentencia el actuar de las y los magistrados, Margarita Leonor Gopar, Luis Enrique Cordero Aguilar y Abraham Soriano Reyes quienes actuaron «privilegiando la injusticia, ejerciendo desde el dolor de las víctimas y haciendo omisión de los estándares internacionales».
«Privilegiaron favores al gobierno del Estado, Salomón Jara y la 4T antes que favorecer la justicia. Qué podíamos esperar de una magistrada que llegó después de ser parte de la Consejería Jurídica de Salomón Jara, de un magistrado que dice contar con perspectiva pluralista y al no contar con la legitimidad de los pueblos originarios busca ser premiado con el cargo de ministro con la reforma al poder judicial, y finalmente, alguien que llegó a este cargo después de desempeñar funciones de manera inconstitucional y vulnerar la paridad de género», condenaron las hermanas Uruchurtu.
