Ciudad de México.- En Oaxaca se está gestando la Reforma al Poder Judicial entre tensiones políticas de la bancada morenista y panista; la discusión de la autonomía y los señalamientos de una probable apertura a mayores tasas de corrupción se mantienen al margen. Y mientras esto acontece, la Sala Indígena se tambalea, amenazada de ser suprimida y con ello, recrudecer la vulnerabilidad de la población indígena oaxaqueña que conforma al 70% de la entidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Creada mediante el decreto mil 367 el 3 de diciembre del 2015 y publicada ese mismo mes en el Diario Oficial de la Federación, la Sala de Justicia Indígena nació con la intención de resolver todo acontecimiento, discrepancias y salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, particularmente, en materia de justicia, territorio y sistemas normativos internos, teniendo como prioridad, la armonización entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción del estado.
En Oaxaca, la jurisdicción indígena está reconocida desde hace 27 años y la Constitución local reconoce que la justicia indígena debe ser protegida, pues es parte fundamental de la autonomía de los pueblos oaxaqueños que se rigen a través de las costumbres y tradiciones milenarias. Sólo en un mapeo local, Oaxaca cuenta con 570 municipios y 418 eligen a sus autoridades según sus sistemas normativos internos, de acuerdo con el Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO).
Sin embargo, a pesar de que este sistema jurídico se ha mantenido vigente y cuenta con un respaldo constitucional, el arribo de la discusión para reformar el Poder Judicial de la entidad ha puesto en tela de juicio qué sucederá con esta Sala y si atravesará por alguna reforma o en su defecto, su eliminación como sostiene el dictamen mismo.
Controversia por la Sala de Justicia Indígena
La Red de Abogadas Indígenas (RAI) se ha pronunciado al respecto, manifestando «profunda preocupación e indignación», luego de que la mayoría de las y los diputados del bloque de Morena aprobaron una reforma a la Constitución de Oaxaca que, entre otras cosas, establecía la desaparición de la Sala de Justicia Indígena.
«Representa un retroceso brutal en el reconocimiento, respeto y garantía de los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en Oaxaca, es una clara muestra de racismo en las leyes», sostiene la Red.
En añadidura, esta reforma que contempla la eliminación de la Sala representa una violatoria al artículo 2 de la Constitución Federal que reconoce los marcos normativos de las comunidades y obliga a crear juzgados que establezcan los procedimientos para validar las decisiones de las autoridades comunitarias, por lo tanto, según la RAI, la reforma a la constitución local atenta contra el principio de libre determinación y autonomía de las comunidades y va en contra de los compromisos del Estado a nivel internacional de reconocer, respetar y garantizar los derechos de la población indígena.
La reforma en materia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, propuesta por el gobernador del Estado de Oaxaca, Salomón Jara, carece de elementos que puedan garantizar la representación de los pueblos originarios y del goce pleno a su derecho y autonomía; la desaparición de este espacio implica una falta de respuesta a las realidades de las comunidades indígenas.
Este último, un hecho que denuncia el Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO), sosteniendo que la reforma implica una imposición de un modelo homogéneo que no responde a las realidades y necesidades de las comunidades indígenas.
La exigencia se mantiene vigente entre las colectivas y organizaciones defensoras: Que Salomón Jara y el Congreso reconsidere la decisión y ponga al frente los pueblos y comunidades indígenas.
Congreso de Oaxaca sostiene que no existirá eliminación
De acuerdo con información del Congreso de Oaxaca, la Sala no será eliminado y continuará operando bajo el marco de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En añadidura, la magistrada Margarita Leonor Gopar también ha realizado un pronunciamiento sosteniendo que el espacio no desaparecerá, sino que se mantendrá vigente para garantizar todo derecho de los pueblos indígenas.
Y aunque la promesa del Congreso de no tocar a la Sala de Justicia Indígena con la reforma al poder judicial está de pie, la realidad, es que las organizaciones continúan inconformes con esta respuesta y se ha puesto en tela de juicio si se respetará la autonomía de la Sala o por el contrario, perseguirá valores jurídicos únicos que desatiendan a la población indígena de Oaxaca, pues dentro de este vaivén hay una verdad inequívoca: La reestructuración del Poder Judicial nunca contempló, de forma expresa, qué rumbo tomará la Sala de Justicia Indígena y aunque se niega su desaparición, la imprecisión puede abrir la puerta a una cooptación de autonomía.
Esto último, sustentado por el abogado indígena del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Hugo Aguilar Ortiz, quien explica que, aunque la reforma judicial tiene como principal objetivo mejorar el sistema de justicia, la Sala de Justicia Indígena no fue contemplada y resulta urgente que este espacio sea parte del nuevo diseño institucional Poder Judicial de Oaxaca.
Pues, además, en el artículo 99 del dictamen aprobado por el Congreso oaxaqueño, sí se prevé el funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia en salas, sin embargo, no se dispone de forma expresa que una de ellas sea la Sala de Justicia Indígena y aunque no implica su desaparición automática, técnicamente, no hay ningún deber constitucional de mantenerla, según Aguilar Ortiz.
Esto implica que, si bien el Congreso puede defender la reforma judicial bajo la premisa de que la Sala continuará operando con total normalidad, esto no implica precisamente que la reforma proteja y blinde la acción de este espacio, por el contrario, queda en medio de esta ofensiva política que reestructurará todo un sistema judicial y donde, además, no ha sido contemplada. Ello, sin mencionar que no goza de ningún reconocimiento constitucional.
Esto último, resulta un eje prioritario dentro de las discusiones de la reforma al poder judicial, pues abre la ventana a un vacío legal que puede dejar en vulnerabilidad a todas aquellas comunidades indígenas que deben enfrentar al sistema judicial formal, el cual, no responde a sus necesidades; las poblaciones no se sienten representadas, ni comprendidas por un sistema que no conoce, ni toma en cuenta, siquiera, sus lenguas, cosmovisiones y formas de organización. Según señala la CEDIAO, esto reproduce desconfianza en las instituciones del Estado, pues muchas comunidades optan por recurrir a la justicia indígena para resolver sus conflictos internos a manera de que se respete su jurisdicción y dignidad.
Por ello, antes de un avance en la reforma judicial de Oaxaca, la Sala de Justicia Indígena debe erigirse como un espacio intocable sin importar los alcances de la reestructuración del sistema judicial de Oaxaca, por ello, se insta a fortalecer los mecanismos de colaboración y priorizar la justicia indígena: Alto al atentado al pluralismo jurídico (Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, CEDIAO)
