Ciudad de México.- En un punto de acuerdo, la diputada Gabriela Valdepeñas González, busca que las diferentes autoridades de Aguascalientes puedan garantizar la interrupción legal del embarazo hasta la semana 12, como lo dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y no hasta la semana seis como fue legislado por el Congreso de Aguascalientes en agosto del 2024.
Hay que recordar que el pasado 28 de agosto del 2024, con 19 votos a favor, 6 en contra y una abstención, el Congreso de Aguascalientes aprobó una reducción en la interrupción legal del aborto, pasando de 12 a 6 semanas.
Aguascalientes reduce límite de semanas para ejercer aborto
La diputada Anayeli Muñoz Moreno, destacó que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, prácticamente se ha duplicado el número de mujeres que están siendo encarceladas y criminalizadas en Aguascalientes, por lo que no se está siguiendo el principio de progresividad.
De 2020 a lo que va de 2023, en Aguascalientes se han abierto un total de 40 investigaciones contra mujeres por el delito de aborto, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el año con más casos es 2021, con un total de 14; seguido del año 2022, donde se criminalizó a 13 mujeres; en 2023 se han iniciado ocho investigaciones, mientras que en 2020 la cifra fue de cinco.
Asimismo, consultando información oficial de la Secretaría de Salud de la CDMX, se encuentra que de 2007 a 2023, un total de 155 mujeres han viajado a la capital -donde está despenalizado el aborto- para interrumpir su embarazo. Ante este retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos, la preocupación para las mujeres incrementa y demuestra que, en nuestro país, ningún derecho está asegurado; la lucha se mantiene vigente y las colectivas hidrocálidas siguen en resistencia para darle un revés al panorama que instó el Congreso panista.
El exhorto
La Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna (Morena), aprobó, por 16 votos a favor y uno en contra, el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Aguascalientes, a su Poder Ejecutivo y a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, a emitir las recomendaciones necesarias para garantizar los derechos fundamentales y la protección del derecho a decidir de las mujeres.
El documento busca la no regresividad y la no discriminación contra las mujeres y evitar el castigo a la pobreza por parte de mujeres que no tienen la posibilidad de acudir a médicos privados
Domínguez Serna indicó que el derecho de las mujeres debe estar por encima de los intereses de cualquier particular. “Le agradezco a cada uno de las y los compañeros su voto a favor, su sororidad, solidaridad y congruencia”.
La diputada Laura Hernández García (MC) indicó que este exhorto es una acción que es fundamental llevar a cabo pues la Comisión está por la protección y garantías de todas las personas, en este caso de las víctimas de la criminalización del aborto.
Por su parte el diputado Jaime Genaro López Vela (Morena) reafirmó que, aunque es un exhorto con respeto, debe ser enérgico porque en esta Legislatura se aprobó la igualdad sustantiva y el estado de Aguascalientes no puede eximirse de esa responsabilidad.
La diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero Dávila puntualizó que las sentencias de la SCJN se acatan y aquí no está siendo el caso, además de que se trata de un tema de criminalización de las mujeres y la pobreza, donde estarán en un proceso penal y seguramente privadas de la libertad, aunado a que es un asunto de salud pública, pues al no ser una norma vigente en todo el país habrá clínicas y abortos clandestinos.
¿Qué pauta esta ley?
Cimacnoticias accedió a la iniciativa del Congreso del Estado de Aguascalientes, donde se encontró una serie de hallazgos preocupantes que defienden la vida desde la concepción, demandan la protección del embrión y ejerce la criminalización en contra de las mujeres. A continuación, un resumen de las principales demandas:
- El embarazo comienza desde la implantación del embrión en el endometrio.
- Determinar que quien voluntariamente practique un aborto u otorgue consentimiento para que se lo realice otra persona, se le aplicarán de 3 a 6 meses de prisión, de 600 a mil días de multa y el pago total de la reparación de los daños.
- La punibilidad no será aplicable en mujeres que aborten por causa culposa, es decir, de forma «accidental» y sin «mala intención».
- Cuando el aborto lo realice una persona médica, partera o cirujana, se le impondrán de 6 meses a un año de prisión y hasta dos mil días de multa. Si es otra persona que no cumpla con esta preparación profesional, alcanzará hasta 6 años de prisión y 3 mil días de multa.
- Intentan modificar el artículo 101 para que quede establecido de la siguiente forma:
El aborto consiste en la interrupción del embarazo con el consentimiento de la mujer embarazada, después de la sexta semana de gestación, para este Código, el embarazo es la parte del proceso de reproducción humana que comienza desde la implantación del embrión.
Aguascalientes ha mantenido un sentido régimen derechista que conservaba en su Código Penal, artículos extremadamente violentos y punitivistas, pues en la entidad, la interrupción del aborto, sin importar las semanas de gestación, era contemplado como homicidio y se sancionaba de manera directa con la pena de prisión.
De 2020 a lo que va de 2023, en Aguascalientes se han abierto un total de 40 investigaciones contra mujeres por el delito de aborto, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el año con más casos es 2021, con un total de 14; seguido del año 2022, donde se criminalizó a 13 mujeres; en 2023 se han iniciado ocho investigaciones, mientras que en 2020 la cifra fue de cinco.
Asimismo, consultando información oficial de la Secretaría de Salud de la CDMX, se encuentra que de 2007 a 2023, un total de 155 mujeres han viajado a la capital -donde está despenalizado el aborto- para interrumpir su embarazo. Ante este retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos, la preocupación para las mujeres incrementa y demuestra que, en nuestro país, ningún derecho está asegurado; la lucha se mantiene vigente y las colectivas hidrocálidas se preparan para darle un revés al panorama que instó el Congreso panista.
El precedente por la Suprema Corte
El 6 de septiembre del 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos y, por lo tanto, a ninguna mujer, ni personal de salud, se le podrá castigar por abortar, por tanto IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución de salud deberán brindar el servicio de aborto a todas las mujeres que lo soliciten.
Asimismo, la Corte ordenó que se elimine el delito de aborto en el Código Penal Federal. Al haberse aprobado por unanimidad, esta sentencia se vuelve obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales, quienes tendrán que implementar lo dicho por la Corte.
Este hecho acontenció luego de que feministas de Grupo de Información en Reproducción Elegida, conocida como GIRE junto con otras organizaciones locales emprendieran una estrategia jurídica nacional que consistió en presentar amparos para eliminar el delito de aborto autoprocurado y consentido en todos los códigos penales del país donde no se ha despenalizado por parte de los congresos, incluido el federal.
Con base en la sentencia sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en el Código Penal de Coahuila resuelta por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2021, GIRE presentó un amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal por haber emitido una regulación que criminaliza el aborto.
¿Qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia sobre el aborto?
En el 2008
Declaró constitucional despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación, en el entonces Distrito Federal. El Pleno validó la norma emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. (Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y 147/2007)
En el 2018
Amparó a una menor y a sus padres en contra de la negativa de las autoridades de una institución pública de salud del estado de Morelos de interrumpir legalmente el embarazo derivado de una violación sexual. Estimó que ese acto es en una violación grave de derechos humanos, tanto de los padres como de la menor.
(Amparo en Revisión 601/2017)
Resolvió que las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad para atender, sin dilación alguna, casos urgentes de interrupción legal del embarazo, en caso de violación. (Amparo en Revisión 1170/2017)
En el 2019
Concedió el amparo a una mujer que reclamó la negativa de diversas autoridades de una institu- ción pública de salud en la CDMX, a realizar la interrupción de su embarazo por razones médicas. (Amparo en Revisión 1388/2015)
En el 2021.- La Suprema Corte resolvió por unanimidad de diez votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez en favor de garantizar el derecho de las mujeres, sin enfrentar consecuencias penales.
Las razones de la Corte obligan a todas y todos los jueces de México; tanto federales como locales. A partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción.
