Ciudad de México.- El día de hoy, el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas en México condenó la difusión del listado de la y los periodistas en Chiapas acusados de colaborar con el crimen organizado que opera en la región, por lo que exigieron a la Comisión Ejecutiva Nacional del Mecanismo, iniciar un proceso de incorporación para la evaluación de riesgos y medidas cautelares.
De acuerdo con el Consejo Consultativo, desde la publicación en Facebook sobre dicha acusación se avisó a la Comisión Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas en México que atendiera el caso, pues hasta el momento, la página donde se realizó la publicación sigue vigente y se ha replicado en otra página de la misma plataforma y en perfiles de varias personas.
Señalaron que desconocen si el Gobierno de México, hizo una solicitud formal a la empresa Meta para eliminar la página de origen y las publicaciones subsecuentes por la agresión contra la periodista y los periodistas señalados por nexos con grupos criminales. Además, mencionaron que esta acción «lacera su imagen pública y representan ofensas a su honor».
El Consejo Consultativo mencionó que, este tipo de publicaciones coloca a la y los periodistas en un nivel de riesgo mayor en una región considerada de riesgo por conflictos de la movilidad humana que se registran en la zona fronteriza entra Chiapas y Guatemala, donde operan grupos del crimen organizado en la venta de drogas, el tráfico humano, la extorsión y donde se registraron abusos por integrantes del Estado adscritos al Instituto Nacional de Migración, el Ejército y la Guardia Nacional.
«Las acusaciones que se hicieron públicas representan una amenaza a la integridad física, la seguridad y la vida de las personas periodistas aludidas, además de que significan un atentado directo a su derecho a ejercer el periodismo de forma libre y segura» -Consejo Consultativo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas en México
En consecuencia, el Consejo solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar y proceder contra los responsables, estableciendo como medida cautelar, la eliminación de la página al «representar una amenaza para la y los periodistas».
También pidió a la Comisión Ejecutiva Nacional del Mecanismo mantener contacto con las personas afectadas e iniciar un proceso de incorporación al mecanismo para realizar estudios de evaluación de riesgo y establecer medidas cautelares a su favor.
Cabe mencionar que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas en México es una instancia federal, adscrita a la Secretaría de Gobernación que tiene como objetivo proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor. Su tarea es implementar y operar medidas de prevención, protección y urgentes para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas en situación de riesgo.
La agresión
El pasado 28 de marzo, un medio de comunicación digital publicó a través de Facebook una lista con los nombres, fotografías y medios donde laboran 17 periodistas donde fueron acusados de tener vínculos con Horacio de la Cruz Mazariegos alias «el botanas». Entre los acusados se encontró a Paola Ruiz Blanco, de PR Love Tapachula Noticias, como la única mujer de la lista.
Por ello, la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Chiapas denunciaron las consecuencias de la campaña de difamación contra la periodista Paola Ruiz Blanco. Mencionó que se trata de una campaña de difamación y estigmatización contra periodistas de la ciudad de Tapachula, en Chiapas, las cuales no corresponden con los criterios de transparencia y responsabilidad periodística al hacer una acusación sin pruebas de dicha relación con el crimen organizado.
También señalaron que, esto representa una amenaza para su seguridad, la de sus familias y al ejercicio de la libertad de expresión. Sobre todo, en el contexto atravesado por la violencia estructural y la presencia del crimen organizado en la región, una herida que permanece latente.
Paralelamente denunciaron que se trata de un patrón que busca deslegitimar el trabajo de quienes informan desde un territorio en contexto de violencia y a la vez enfrentan condiciones de inseguridad, no tienen garantías laborales y se cruzan con la precarización, censura y autocensura.
«En Chiapas, donde ejercer el periodismo ya implica un alto costo, estos ataques buscan sembrar miedo, silenciar voces y debilitar los vínculos comunitarios que sostienen nuestro trabajo» -Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Chiapas
Asimismo, al haber una mujer señalada, calificaron este hecho como «un dato no menor», ya que son las mujeres periodistas quienes enfrentan amenazas diferenciadas por razones de género. «Somos blanco de violencia sexualizada, campañas de desprestigio misóginas, intentos silenciamiento que buscan no solo callar nuestra voz, sino deslegitimar nuestra presencia pública», comentaron.
Tan sólo en 2023, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México registró un total de mil 788 agresiones en contra de mujeres defensoras y otros 184 casos de violencia en contra de mujeres periodistas; agresiones relacionadas a su labor periodística.
De 2020 a 2023, 33 mujeres fueron asesinadas por su activismo y 23 son sobrevivientes a la tentativa de homicidio, según se expuso en el Quinto Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México que tuvo lugar en Morelia el pasado febrero.
Desde Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), se documentó que el 38% de los agentes que cometen estas violencias, son los funcionarios públicos. Es decir, las defensoras de derechos humanos no sólo se ven atravesadas por la lucha de su activismo, sino también, por la opresión sistémica y pacto patriarcal que nace desde la esfera política y/o militar.
A nivel regional, el informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan documentó entre 2012 y 2023 un aproximado de 35 mil 77 agresiones en contra de 8 mil 926 mujeres defensoras y también, en contra de 953 organizaciones – colectivas que luchan por la defensa de los derechos humanos. Asimismo, de este número total de agresiones, 200 culminaron con el homicidio.
En América Latina, las principales causas de feminicidio por activismo es la lucha por defender la verdad o buscar la justicia, es la causa que más desempeñan las mujeres y también, el motivo principal por el que son amenazadas, agredidas, desaparecidas e incluso, asesinadas. Del total de agresiones, esta causa representa el 23% de las violencias, con un total de 6 mil 629 agresiones.
Por otro lado, el Quinto Encuentro Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México que se llevó a cabo en Morelia, registró de 2020 a 2023 a 33 mujeres fueron asesinadas por su activismo y 23 sobrevivientes de tentativa de homicidio.
Desde CIMAC se ha documentado que el 38% de las personas que ejercen la violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos son funcionarios públicos. Esto significa que, las y los defensores no solo se ven atravesados por el labor y lucha que hacen, sino que se añade la opresión sistemática y pacto patriarcal desde lugares de poder como lo son la política o lo militar.
Asimismo, la principal causa de feminicidio por activismo en América Latina es la búsqueda de la verdad y de la justicia. A partir de esto, son amenazadas, agredidas, desaparecidas y asesinadas. Del total de las agresiones, está causa representa el 23% de las violencias con un total de 6 mil 629 agresiones.
Por ello, la Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Chiapas solicitan a las autoridades correspondientes:
- Iniciar una investigación con seriedad y rigor sobre la procedencia de las publicaciones y los responsables de promoverlas.
- Garantizar la integridad de la periodista y los periodistas señalados.
- Emitir medidas de protección necesarias por parte de la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos.
- Reconocer públicamente que la campaña constituye un atentado contra la libertad de expresión y al derecho a la información de toda la ciudadanía.
- Que los medios de comunicación actúen con responsabilidad sin replicar contenidos que no están verificados, así como a sostener un ejercicio periodístico libre de criminalización o estigmatización.
- Que las audiencias no se conviertan en cómplices involuntarias de las campañas de odio, por lo que invitan a verificar, cuestionar y denunciar para ejercer el derecho de estar informados.
