Ciudad de México.- Selene Militza García Vara es una mujer con discapacidad intelectual quien, en julio de 2014, buscó ingresar al Centro Morelense de las Artes para estudiar la licenciatura en Artes Visuales. No pudo porque la institución la discriminó: se negó a hacer ajustes razonables en la admisión, afirmó que no tenían presupuesto para admitir personas con discapacidad intelectual y que los planes de estudio no estaban adaptados a su condición.
Esto inició una lucha jurídica para el reconocimiento de su derecho a la educación que está por cumplir 11 años sin resultados. Tras que el sistema judicial mexicano le cerró todas las puertas, Selene recurrió a la ONU, al Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, quien hace casi dos años, el 27 de abril de 2023 le dio la razón y notificó de ello a México.
En el dictamen 70/2019 de esa instancia internacional se ordenó a nuestro país ofrecer una disculpa pública a Selene, indemnizarla y —muy importante— realizar acciones de no repetición, como cambios legales, para que el camino a la educación de otras personas con discapacidad no tenga los mismos obstáculos.
Tras acercamientos sin resultados, la secretaría de Gobernación, encargada de velar por los derechos humanos, no ha hecho nada en estos casi dos años. Por ello, Selene volvió a recurrir a instancias nacionales: un amparo para pedir que México cumpla lo que la ONU le mandó. Un amparo que volvió a ganar y que ahora Gobernación impugna.
¿Qué dice Gobernación para no cumplir? Es paradójico: en resumen, se lava las manos al decir que una instancia nacional no puede demandar que se lleve a cabo un fallo internacional (sin importar que éste no se haya cumplido). Mientras tanto el Comité sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad volvió a pedir a nuestro país, hace menos de una semana que México cumpla la recomendación de 2023.
Te contamos en exclusiva las novedades de la lucha de esta mujer, quien, por cierto, ya terminó su carrera en Artes en otra universidad.
La respuesta de Gobernación: sólo la ONU debe decir si cumplimos o no
Tras casi dos años de incumplimiento por parte del Estado Mexicano, la defensa legal de Selene —encabezada ahora por las abogadas Karla Michel Salas Ramírez e Ivonee Roa— impulsó un juicio de amparo en el Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito para obligar a las autoridades federales al cumplimiento de las medidas de reparación recomendadas por Naciones Unidas, mismo que fue resuelto a su favor este 19 de marzo de 2025.
Ante ello, la secretaría de Gobernación, entidad administradora de la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, impugnó el 7 de abril el recurso (solo un día antes de su vencimiento) argumentando que esta medida debió declararse improcedente por tratarse de una resolución emitida por un órgano internacional.
“La sentencia recurrida es ilegal y debe revocarse”, se lee en el documento de impugnación.
En el mismo escrito —y con el afán de desconocer el fallo— Gobernación aseguró que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad “es el único órgano facultado para analizar el cumplimiento de sus dictámenes por parte de los Estados (…) por tanto, es quien señalará en su momento si se ha satisfecho lo ordenado”.
Incluso afirmó que en este caso de vulneración contra Selene no se puede hablar de un desacato a las recomendaciones, sino de un “proceso de cumplimiento con la participación de diversas autoridades”.
“Si bien hay una resolución de carácter internacional, a través del poder judicial de la federación que conoce de los juicios de amparo, ellos (aseguran que) no pueden pronunciarse sobre el cumplimento o incumplimiento de una resolución internacional”, explica Daniela García Vara, hermana de Selene y también abogada, en entrevista para Yo También.
El Comité presiona y hace un nuevo llamado a México
En una evaluación de seguimiento realizada por Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad enviada a Selene, su familia y representación legal apenas el jueves 17 de abril por la noche, la ONU enlistó las omisiones cometidas por el Estado Mexicano desde el primer dictamen de abril de 2023. Destaca la no ejecución de las recomendaciones emitidas en relación con la discriminación y negación del derecho a la educación accesible y con ajustes razonables para personas con discapacidad.
“El Comité lamenta la falta de información específica sobre medidas tomadas para avanzar hacia la educación inclusiva en todos los niveles”, dice el documento.
Además, atestigua que Selene aún no está inscrita en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), que las nuevas peticiones de reunión con Gobernación por parte de Selene fueron ignoradas y anuncia que pedirá más información al Estado Mexicano sobre el incumplimiento de su recomendación.
‘No van a reuniones, pero sí dedican esfuerzos para evitar reconocer su responsabilidad’: hermana
Daniela, hermana de Selene, denunció que el actuar de Gobernación responde a una negativa por indemnizar en lo económico a la afectada. Además, criticó que mientras no han mostrado apertura por sostener reuniones entre ambas partes para concluir con éxito el caso, sí dedican esfuerzos y recursos para evitar reconocer su responsabilidad.
“Están buscando estrategias para dilatar y retrasar el cumplimiento (de la resolución emitida en marzo de 2023), porque sí tienes tiempo para estar interponiendo recursos o impugnaciones, pero no tienes tiempo para las reuniones, para ir avanzando en el proceso, porque finalmente es una determinación internacional que ya existe, ya está”, añadió.
Cabe señalar que, desde abril de 2023, Gobernación convocó a Selene a una única reunión en donde le pidieron definir a las autoridades y el lugar en el que deseaba recibir la disculpa pública (que ella quiere que sea en el propio Centro Morelense de las Artes), así como enterarse de los requisitos para comprobar sus gastos y recibir el equivalente. Sin embargo, tras ese encuentro no se concretó otro, siendo cancelados de último momento en las mismas fechas en que fueron programados o reprogramados hasta perder toda comunicación.
“Las abogadas se ponían en contacto por correo o mensaje y no les contestaban absolutamente nada, por eso se buscó la vía judicial”.
Selene y su familia no tiran la toalla. Se van a otra instancia en el país: ahora será un tribunal colegiado quien resuelva el litigio.
También habrá que ver qué contesta Gobernación a la ONU, dado que anunció que le pedirá, de nuevo, cuentas. México debía presentar por escrito al comité una respuesta o informe de las medidas adoptadas a partir del dictamen, algo que no ha sucedido.
Autor: Francisco Javier Munguía
Medio: Yo También
