Este 14 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos una decisión histórica porque la Primera Sala votará el proyecto de sentencia presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat en el Amparo Directo en Revisión 5363/2023, una resolución que podría transformar el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio en México.
El caso de Fátima Quintana es un caso de feminicidio emblemático desde el 2015, el cual representa una lucha de una década por justicia para Fátima Quintana Gutiérrez, una niña de 12 años víctima de feminicidio en febrero de 2015 en Lerma, estado de México.
El 5 de febrero de 2025 se cumplió una década del feminicidio de Fátima. Ante el hecho, Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima, escribió un mensaje en el que declaró:
«Mi dolor es profundo y mi rabia es inmensa. No podrán callarme, ni la perversidad del ser humano que hace tiempo dejó de serlo para buscar solamente sus fines personales. No lograrán que desista de mi lucha, porque el amor por Fátima y Daniel es inmenso, y es lo único que me sostiene en pie después de haber puesto un pie y este 5 de febrero para levantarme. No me voy a callar, mis hijos son el amor más grande que tengo, y son quienes me sostienen, mis dos ángeles. Les abrazo desde aquí, esperando y anhelando ese abrazo. Todo llegará a su tiempo. Los amo, Fátima y Daniel, a 10 años de esta violencia infame, violencia institucional, sin justicia, sin verdad.» –
Lorena Gutiérrez, madre de Fátima y Daniel.
Durante estos 10 años, su familia no solo ha enfrentado el dolor de su pérdida, también amenazas, desplazamiento forzado y, en 2020, la muerte de su hijo Daniel de 16 años, víctima de negligencia médica y estatal mientras se encontraba bajo medidas de protección en Monterrey, Nuevo León.
El Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito negó a los padres de Fátima el reconocimiento formal como víctimas indirectas del feminicidio, impidiéndoles acceder a la reparación del daño. Ahora, la SCJN tiene la oportunidad de corregir esta injusticia y sentar como precedente que la calidad de víctima indirecta no debe depender de formalismos, sino del vínculo con la víctima y el impacto en sus familiares.
De ser aprobado, además de reconocer a los padres de Fátima como víctimas indirectas, el Máximo Tribunal ordenará medidas de satisfacción y de no repetición a cargo del estado de México, por su responsabilidad solidaria ante la persistencia del contexto de violencia feminicida en la entidad y el incumplimiento a la obligación de prevenir estas violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes.
«Aprobar este proyecto no solo haría justicia para la familia de Fátima, sino que también sentaría un precedente fundamental en la lucha contra la impunidad y la violencia feminicida en México. Garantizar la reparación integral del daño en casos de feminicidio es un paso indispensable para reconocer el sufrimiento de las familias, dignificar la memoria de las víctimas y asegurar que el Estado asuma su responsabilidad en la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.»
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
El contexto en el Estado de México es alarmante. Con dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2022 y 2024 se han registrado mil 052 asesinatos de mujeres, pero solo el 28% se investigan como feminicidios. Además, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta 31 mil 180 mujeres desaparecidas en la entidad, sin claridad sobre cuántas han sido localizadas. Estas cifras evidencian la necesidad urgente de implementar políticas efectivas para prevenir, atender, sancionar y erradicar el feminicidio.
Un proyecto de sentencia con vocación transformadora
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que desde hace ocho años acompaña a la familia en su lucha, hizo un llamado urgente a las y los ministros de la Primera Sala para votar a favor del proyecto que propone:
-Reconocer con vocación transformadora el alcance del derecho a la reparación integral del daño a las víctimas.
· Exhorta al gobierno del estado de México a garantizar medidas de satisfacción y de no repetición como parte de la reparación integral del daño.
Medidas de no repetición:
· Pavimentación de caminos inseguros.
· Vigilancia policial, botones de auxilio y cámaras de seguridad.
· Transporte público accesible para niñas y niños.
· Charlas comunitarias sobre violencia de género.
Estas medidas buscan visibilizar y prevenir el feminicidio, asegurando que los espacios públicos sean seguros para niñas y mujeres, y promoviendo una cultura de respeto y protección en las comunidades.
Medidas de satisfacción para la memoria de Fátima
Como parte de la reparación integral del daño, el proyecto incluye acciones simbólicas y de memoria que reconocen la vida de Fátima y la exigencia de justicia de su familia:
· Construcción de una estatua en su honor, como símbolo de resistencia y memoria.
· Disculpa pública con la presencia de su familia, reafirmando el compromiso de las autoridades para erradicar la violencia contra las mujeres.
El feminicidio de Fátima y la lucha de su familia
Berenice Chavarría Tenorio
Fátima Varinia Quintana Gutiérrez tenía 12 años cuando tres hombres, entre ellos un menor de edad, la agredieron sexualmente y perpetraron en su contra violencia física extrema que culminó en su feminicidio el 5 de febrero de 2015, en la comunidad Lupita Casas Viejas, en Lerma, Estado de México.
Tras el crimen, la familia se vio amenazada por las familias de los presuntos feminicidas; situación que obligó a las y los 12 miembros de su hogar a huir para salvar la vida. Actualmente se encuentran en su cuarto desplazamiento luego de que en la tercera medida de protección Daniel, hermano de Fátima, perdiera la vida como consecuencia de negligencia institucional y médica.
Por el feminicidio de Fátima fueron detenidos los hermanos Misael y Luis Ángel Atayde, junto a José Juan Hernández Tecruceño, quienes eran vecinos de la niña en Lerma, Estado de México.
Luis Atayde fue sentenciado a 73 años y cuatro meses de prisión, José Juan recibió prisión vitalicia, mientras que Misael Atayde fue sentenciado a cinco años de cárcel, ya que el feminicidio de Fátima lo perpetró cuando él era menor de edad.
Fue el pasado mes de junio de 2024 cuando el feminicida salió de prisión, a punto de cumplir 25 años de edad. Sin embargo, Lorena Gutiérrez, madre de Fátima y Daniel, acusa que desde un inicio el proceso estuvo plagado de irregularidades.
Cuando Misael fue ingresado al Centro De Internamiento Para Adolescentes «Quinta Del Bosque» Zinacantepec ya tenía 20 años. Sin embargo, cuando asesinó a Fátima estaba a tres meses de cumplir 18 años, no era mayor de edad, por lo que únicamente se le sentenció a cinco años.
El día que se dictó su sentencia su madre estaba presente junto a él. Se le indicó que debía pagar una reparación del daño a la familia Quintana Gutiérrez, pero tanto él como su mamá aseguraron que no contaban con recursos económicos para cubrir la cantidad solicitada, por lo que pidieron una prórroga e incluso la posibilidad de “pagar en abonos chiquitos”.
El 29 de noviembre de 2024, José Juan solicitó un amparo para reducir la pena vitalicia ante el Poder Judicial del Estado de México, que fue aprobado por tres magistrados que resolvieron a favor, de los cuales dos de ellos se jubilaron un día después de esta resolución. Sin embargo, nadie le notificó a la familia cuando las audiencias se llevaron a cabo.
Feminicidios en el estado de México
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el contexto en el Estado de México es alarmante, pues la entidad federativa ya cuenta con dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (ACGM). De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo, de 2015 a 2025 ha habido 8 mil 455 feminicidios a nivel nacional, siendo que esta entidad federativa siempre encabeza la lista y solo el 20% de los casos se investigan como feminicidios.
Además, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta 31,180 mujeres desaparecidas en la entidad, sin especificar cuántas han sido localizadas. Estas cifras evidencian la necesidad urgente de implementar políticas efectivas para prevenir, atender, sancionar y erradicar el feminicidio, declaró el OCNF.
El caso de Fátima Quintana Gutiérrez es un recordatorio de la urgencia de fortalecer las políticas de prevención de la violencia feminicida y de garantizar que el Estado cumpla con su deber de proteger a mujeres y niñas en México. La Suprema Corte tiene en sus manos la oportunidad de consolidar un marco de justicia y reparación basado en el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género y el interés superior de la niñez.
