Ciudad de México.- A raíz de la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el feminicidio de Fátima Virina Quintana Gutiérrez en el que se reconoció a sus padres como víctimas indirectas y se ordenó medidas de reparación integral del daño; el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) comenzó a reunirse con el Gobierno del Estado de México para darle segmento al caso.
El encuentro se llevó a cabo el pasado 19 de mayo en donde estuvieron presentes David Orihuela Nava y Karen Yatziri Ramírez Moguel Pérez de la Secretaría de Gobernación del Estado de México; así como la diputada Ana Yuritzi Leyva Piñón. Principalmente, se establecieron dos acuerdos que son clave para la reparación integral del daño no solo por el feminicidio de Fátima, sino también por la muerte de su hermano Daniel.
El primero establece dar seguimiento a la solicitud de la OCNF para instalar una mesa técnica, la cual ya había sido acordado con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para que se garantice el cumplimiento de sentencia de la Primera Sala de la SCJN, en el amparo directo de revisión 5363/2023 en materia de reparación del daño. Asimismo, en ella deberá participar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) federal, estatal (del Estado de México y Nuevo León) e instituciones competentes.
El segundo acuerdo fue gestionar una reunión de trabajo con la CEAV del Estado de México para atender y dar seguimiento a casos de violencia feminicida que estén acompañados por el OCNF. La organización señaló la urgencia de que el gobierno traduzca la sentencia de la SCJN en acciones concretas, sobre todo las medidas de no repetición y satisfacción
La sentencia, un avance en casos de feminicidios
De acuerdo con Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), el proyecto elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat, instruye a un tribunal colegiado a reconocer a los familiares de víctimas de feminicidio como víctimas indirectas. Esta disposición elimina la necesidad de que los familiares cumplan con trámites adicionales, lo cual es relevante en casos de feminicidio infantil.
La resolución representa un cambio importante, ya que anteriormente el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito había negado ese reconocimiento a los padres de Fátima, impidiéndoles acceder a la reparación del daño a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Lo ocurrido no fue un caso aislado; otras familias que han perdido a una hija, madre o hermana bajo circunstancias similares, también han enfrentado obstáculos institucionales.
Además del reconocimiento como víctimas indirectas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se implementen medidas de reparación integral. En el caso particular de Fátima, estas medidas incluyen la instalación de un memorial en su nombre mediante una escultura que honre su memoria y visibilice la violencia feminicida que padeció.
También se establecen acciones para mejorar la seguridad en el municipio de Lerma, como la colocación de casetas de vigilancia, cámaras, botones de auxilio y rondines policiacos, medidas que se integran dentro de la Alerta de Violencia de Género declarada en el Estado de México desde 2015; así como el fortalecimiento del transporte público en la comunidad y la capacitación de autoridades locales en perspectiva de género, con énfasis en los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La Corte reafirma que el Estado tiene la responsabilidad no solo de atender los casos de feminicidio, sino también de implementar mecanismos eficaces para su prevención. Por ello, ordena exhortar al gobierno del Estado de México para que adopte medidas de reparación integral, de satisfacción y de no repetición en contextos similares.
Asimismo, el fallo judicial reconoce que la familia de Fátima fue víctima de desplazamiento forzado como resultado de las amenazas recibidas tras el crimen. Durante ese periodo, ocurrió la muerte de Daniel, el hijo menor de la familia, quien falleció en noviembre de 2020 debido a una negligencia médica en el estado de Nuevo León.
La sentencia establece que la falta de atención médica adecuada y de servicios esenciales para una familia bajo medidas de protección constituye una responsabilidad directa del Estado. El caso de Daniel reveló una cadena de omisiones y negligencias en cinco hospitales de esa entidad, agravando aún más el sufrimiento de una familia ya golpeada por la violencia feminicida.
La sentencia refrenda el reconocimiento a las medidas de reparación integral como una garantía que deben ser un derecho al que puedan acceder las víctimas indirectas de feminicidio, según mencionó Ana Yeli Pérez Garrido del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Esto en consecuencia de que, aunque ya está establecido en la ley, queda de manera abstracta. De esta forma, con la sentencia se establece con ejemplos las medidas que el Estado debería estar brindando. Ana Yeli Pérez Garrido apuntó que, es importante sobre todo en casos donde las órdenes de protección y medidas de desplazamiento no funcionen provocando la muerte de otro de los integrantes de la familia.
Lo que nos recuerda el caso de Fátima
A los 12 años de edad, Fátima Virginia fue víctima de violencia feminicida por tres de sus vecinos: los hermanos Misael y Luis Ángel Atayde, junto a José Juan Hernández Tecruceño, El hecho ocurrió hace 10 años, el 5 de febrero de 2015 en la comunidad Lupita Casas Viejas en el Estado de México.
En la búsqueda de justicia, los doce integrantes de la familia fueron amenazados y obligados a desplazarse como una medida protección. En su tercer desplazamiento, Daniel, hermano de Fátima, perdió la vida por negligencia institucional y medica
Desde su feminicidio hasta la actualidad, han pasado tres gobernaciones en el Estado de México: Eruviel Ávila Villegas, Alfredo Del Mazo Maza y Delfina Gómez Álvarez. Ninguno ha podido diminutive la violencia feminicida en el estado, siendo este la primera entidad federativa donde se registran el mayor número de feminicidios y violencia contra las mujeres. Por ejemplo, 2024 cerró con 797 feminicidios a nivel nacional de los cuales 73 ocurrieron en el estado de México,
La inacción de las autoridades para combatir el tema ha causado qué permanezcan en la entidad dos Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), según la Secretaría de Mujeres del Estado de México. La primera fue declarada en 2015 por feminicidios y contempla once municipios (Chimalhuacán, Chalco, Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco).
Mientras que la segunda se implementó en 2018 por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres y abarca siete municipios (Chimalhuacán, Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco).
El número de desapariciones también resulta preocupante, ya que es el único estado en donde desaparecen más mujeres que hombres. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Al día de hoy, hay alrededor de 61 mil 173 personas desaparecidas en el Estado de México, de los cuales 31 mil 623 son mujeres. Este dato es relevante, ya que la mayoría de los feminicidios comienzan con la desaparición de las víctimas.
Por ello, durante la reunión, el OCNF entre un oficio dirigido a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para dar seguimiento a los compromisos que hizo la mandataria en una reunión previa con los familiares de Fátima y representantes de la organización, celebrada el pasado 13 de marzo. La organización señaló que:
«Hoy más que nunca es indispensable que la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez instale y presida la mesa de trabajo comprometida, con el objetivo de establecer una ruta clara y efectiva para el cumplimiento de la resolución judicial, para evitar que las víctimas y sus familias continúen enfrentando obstáculos en su lucha por acceder a la justicia» -Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF)
