Ciudad de México.- El gobierno municipal de Nuevo Laredo, está en aras de acatar una orden del Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Tamaulipas, que le ordena a la cabecera colocar un memorial con los nombres de 54 personas víctimas de desaparición forzada a manos de la Secretaría de Marina en 2018, lo que se antepone a la versión actual del gobierno federal, que ha negado de forma categórica la existencia de esta tipo de violación a los derechos humanos en el país, adjudicando este tipo de desapariciones a sexenios de entre finales de los noventas y principios del milenio.
Han pasado 7 años desde que elementos de la Marina llegaron a Nuevo Laredo y en un presunto operativo, cometieran la desaparición de 54 personas; 3 personas fueron localizadas con vida; 19 sin vida y hasta la fecha, se desconoce el paradero de otras 32. Entre las que se encuentran 3 menores de edad y 2 mujeres.
Ningún marino ha sido condenado culpable por estos hechos.
De acuerdo con el reporte de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM) utilizando el último conteo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México, cada día 28 personas entre los 0 y los 17 años desaparecen llegando a contabilizar 112 mil 610 casos, de los cuales dos de cada tres son mujeres, es decir 75 mil 479.
Además, este Registro en este 2025 se informó que en México hay 29 mil 555 son mujeres.
Según ha informado el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y su cabeza, el defensor Raymundo Ramos, este memorial deberá ser colocado en la Plaza Primero de Mayo del Sector Aduanal, según ha exigido una sentencia dentro del juicio de amparo 173/2018 y su demandante, María Elena Romero Rodríguez, familiar de José Emilio Romero Rodríguez víctima de desaparición forzada el 12 de mayo del 2018 en la colonia Nueva Era, Nuevo Laredo.
Además, se ha ordenado a esta municipalidad garantizar acciones de reparación como acompañar y coordinar a las familias, así como tomar medidas de no repetición. En añadidura, se espera que el próximo 30 de mayo familiares emprendan una marcha pacífica para recordar a la población los actos de la Secretaría de Marina y cómo, han afianzado su operatividad a pesar de cometer actos crueles e inhumanos como la desaparición sistémica.
«Familiares, amigos y público general podrán tener un espacio de identidad en el que, aparte de recordar desaparecidos por su nombre, [se recuerda que] dicho acto lesivo no deberá ser borrado de la memoria pública, será una forma de dignificarlos y un recuerdo del contexto de violencia que padecieron», refirió el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Dentro de la sentencia expedida a la cabecera de Nuevo Laredo, se ordena que el Ayuntamiento Municipal establecerá, en el ámbito del calendario en el que «triste y célebremente se conmemoren estos hechos para que permanezcan los buscados en la memoria neolaredense», además, se espera que las autoridades refrenden disculpas públicas, elaboren talleres de prevención de delitos, brinden asesoría jurídica y psicológica a las familias y se permita el libre derecho a la manifestación a fin de continuar exigiendo la localización y búsqueda del resto de personas que continúan sin volver a casa.
Desaparición forzada en 2018:
¿En dónde están las y los 32 desaparecidos?
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) documentó que, en este municipio, se gestó la desaparición forzada de 54 personas, los responsables, fueron hombres adscritos a la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, a cargo -en ese entonces- del almirante Marco Antonio Ortega Siu; estos operativos se realizaron entre enero y mayo del 2018, produciendo detenciones arbitrarias, violencia y finalmente, la desaparición de media centena de personas.
En 2021 y por orden de la CNDH, la Semar extendió una disculpa pública, donde se refirió:
«Sabemos que ninguna palabra que hoy aquí se diga podrá redimir el perjuicio de que han sido objeto las víctimas, pero estamos claros que esta es la ruta hacia una verdad que las dignifique, además de que brinde consuelo, atención y apoyo a los afectados, en lo que a nuestra institución compete”, Ramiro Lobato Camacho, contraalmirante de la Semar.
Sólo 3 años después, en febrero del 2024 se dio la liberación de 23 marinos, presuntamente, ligados a este hecho. Esto se logró luego de que se argumentaran fallos en las carpetas de investigaciones, ordenándose así, la liberación de este grupo de marinos. Con esta liberación de 23 personas, ahora, únicamente quedan 7 presuntos responsables; un número mínimo donde, además, se desconoce el avance en las diligencias y si están llevando el proceso en libertad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal, el 65,9 % de las personas jóvenes se quejaron de haber sufrido algún tipo de violencia psicológica y el 45,9 % de violencia física durante sus arrestos (en 2017 el porcentaje fue del 68,8 % con respecto a la violencia psicológica y del 50,2 % con respecto a la violencia física). Las juventudes fueron en ocasiones golpeados por las fuerzas de detención que les colocaban bolsas en la cabeza y los llevaban a pasear mientras los presionaban para que confesaran haber cometido algún delito.
Además, los abogados defensores a veces les dicen a los adolescentes que se declaren culpables para evitar ingresar al sistema de justicia penal para adultos.
De acuerdo con el informe, en 2021 el 23% de las personas detenidas fueron arrestadas en las calles y el 40% afirmó haber sido acusadas falsamente, a pesar de que exista esta vulnerabilidad latente donde las autoridades -y ahora, fuerzas armadas- realizan detenciones arbitrarias el Estado mexicano continúa solapando desde la legislación estos hechos.
El Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Detención Arbitraria visitó México el año pasado, en su visita, se dieron reuniones con una veintena de instituciones castrenses y tras un año recabando la información se apuntaló a una verdad innegable: El Ejército mexicano es detonador de la violencia, la tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
El Grupo de Trabajo advirtió sobre el avance de la Guardia Nacional:
«Si bien los miembros de la Guardia Nacional están capacitados en derechos humanos y en la recolección de pruebas, el Grupo de Trabajo observa que hay reportes constantes de violencia al realizar arrestos y detenciones arbitrarias por parte del personal militar. Aunque se informó que las detenciones arbitrarias cometidas por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina habrían disminuido, 60 de las 240 denuncias de detención arbitraria entre 2018 y 2023 siguen sin resolverse.»
Se identificó que miembros del Ejército y Marina utilizan la humillación y el castigo a fin de obtener información, particularmente, en contra de personas en situación de vulnerabilidad, como personas indígenas, migrantes, adolescentes o mujeres.
En el informe se señala que el perfilamiento racial es una constante y las personas son llamadas «indias» durante los arrestos, asimismo, se documentó el caso de una mujer que explicó estar embarazada, sin embargo, fue víctima de una detención arbitraria; fue humillada, llevada a lugares remotos y golpeada en el estómago en reiteradas ocasiones.
Y mientras Naciones Unidas reconoce a las fuerzas castrenses como catalizadores de violencia, tratos crueles e inhumanos y desaparición, México se ve atravesado por otras causales preocupantes:
- 10 años sin un Sistema de Atención a Víctimas
- Un Estado que rechaza la existencia de la desaparición forzada y sistémica.
Entre omisiones y sin sistema de atención a víctimas
Registrar qué ha sucedido con el Sistema de Atención a Víctimas y qué tanto ha trabajado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cobra una relevancia especial porque cargan con la obligación de garantizar una justicia restaurativa a las víctimas directas e indirectas de estos hechos.
En un contexto actual donde las desapariciones han levantado las alertas, resulta indispensable nombrar la importancia de la Comisión y los vacíos del Sistema de Atención, particularmente, cuando existe una incisiva negación por parte del gobierno actual por reconocer esta crisis.
Oliver de Frouville, presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) ha reconocido que las desapariciones en México son un tema «preocupante» por ser sistemáticas, y ordenó la activación del protocolo para que México rinda cuentas, sin embargo, el Senado de la República -y su mayoría morenista- tomó revancha, exigiendo la penalización internacional a de Frouville por sus declaraciones.
El pasado 08 de abril, el presidente de la mesa directiva Cámara de Senadores, Gerardo Noroña anunció que el Estado mexicano emprenderá ante las más altas instancias de las Naciones Unidas acciones condenatorias para el presidente de la CED, Olivier de Frouville, decisión que fue sometida a votación con 71 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones.
De acuerdo con el Centro Prodh, esta estrategia queda en evidencia incluso en la propuesta de iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando señala que las desapariciones forzadas tenían la participación directa de las autoridades en el Siglo XX y desde el 2006 esta situación ha cambiado, pues las personas responsables de las desapariciones corresponden al crimen organizado y no a agentes del Estado.
«En México durante la guerra sucia, la desaparición forzada de personas era perpetrada por agentes del Estado. En la actualidad la comisión de este delito ha mutado y ahora la desaparición está vinculada con la delincuencia organizada y es cometida por particulares «, fragmento sacado de la iniciativa de reforma de Claudia Sheinbaum.
A lo que el Centro Prodh reviró:
» «Lo que necesitamos no son negaciones ni discursos evasivos, sino cooperación internacional, verdad y justicia»
Y mientras al norte del país, en Nuevo Laredo se está en aras de colocar un memorial como recordatorio de que los crímenes de Estado están vigentes y que su nexo a la desaparición de personas es una verdad innegable sin importar cuántas veces la Cámara de Senadores y su cabeza, Gerardo Noroña pretendan ignorar.
El memorial de estas 54 víctimas de desaparición se convierte en un espacio incómodo para el gobierno en turno y su rechazo categórico a este fenómeno de desapariciones que aprieta el cuello al segundo piso de la 4T.
