Ciudad México.- Las elecciones judiciales no sólo trajeron especulaciones sobre el peso de la reforma, sino también, la manifestación de la violencia contra las personas juzgadoras; un fenómeno poco nombrado y que estuvo presente desde el 30 de marzo hasta el día de las elecciones, dando como resultado, un clima de tensión, amenaza, atentados y la persecución incisiva de miembros del crimen organizado.
Según acota Data Cívica, en términos de género (de las 25 personas vinculadas al Poder Judicial atacadas), el 76 %
de las víctimas fueron hombres, el 16 % mujeres, y del resto no se sabe pues la información no se registró en las notas de periódico. Los estados con mayor número de ataques registrados son Morelos y la Ciudad de México, con cuatro casos cada uno; Baja California y Zacatecas, con tres; y otros estados con un caso registrado, como Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Data Cívica registró en 2025, 6 ataques contra personas juzgadoras; 3 amenazas, 2 atentados y 1 asesinato. El último, fue el asesinato del juez municipal Francisco de Jesús Cabrera en Salina Cruz, Oaxaca. Un mes antes, se registró un ataque armado en contra del auto del magistrado penal Ramón Alejandro Senties; su chofer resultó herido en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
El primer atentado registrado este 2025 corresponde a una mujer: La magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, Cecilia Verónica López, quien fue atacada en Cuernavaca el pasado 7 de enero.
Si bien durante las elecciones la organización no refirió casos particulares de violencia político-criminal, sí hila el asesinato de Francisco de Jesús en Oaxaca y el atentado contra el chofer de Ramón Senties en la capital como posibles actos de represión cometidos por el crimen organizado. En añadidura, el hecho de que no se presentaran más incidentes en la veda electoral no representa una victoria; en México, las personas juzgadoras son asesinadas, con o sin elecciones desde hace años.
Sólo un año antes de las elecciones, entre abril y mayo, Data Cívica registró a 3 víctimas de violencia político criminal, cuando hombres armados atacaron a 3 personas trabajadoras del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Ciudad de México. Lo que infiere que, esta violencia se ha mantenido de forma sostenida; no se recrudeció durante las elecciones, pero tampoco disminuyó.
Pero, si existe un nexo -casi natural- entre elecciones y violencia, ¿por qué no se registró un repunte de este fenómeno? Data Cívica esboza que el propio desconocimiento pudo ser una barrera que blindó a las y los candidatos. Por sorprendente que resulte, el hecho de que poco se supiera de quiénes eran las y los candidatos, así como las nulas campañas mediáticas, produjo que no se captara la atención del crimen organizado.
En el informe Votar entre balas, se registró que, desde 2018, 25 personas vinculadas al Poder Judicial fueron vinculadas y se desglosa de la siguiente forma:
- 13 personas juzgadoras -juezas, jueces y magistraturas-
- 3 familiares de personas juzgadoras
- 9 personas trabajadoras del Poder Judicial, como auxiliares, secretarios y choferes
Verónica, Brenda y Cecilia
El 16 de junio del 2020, se registró el asesinato de Verónica Barajas en Colima. Barajas era esposa del juez federal Uriel Villegas -también asesinado-. El feminicidio se cometió en el hogar de la familia Villegas Barajas, cuando hombres armados irrumpieron en el espacio y perpetraron el ataque a quemarropa, para después huir del lugar; las 2 hijas del matrimonio resultaron ilesas.
El asesinato de Verónica y Uriel se liga a que el juez habría iniciado un proceso en contra de Rubén Oseguera «El Menchito» hijo de Nemesio Oseguera «El Mencho«. Sin embargo, este hecho es sólo un supuesto y a la publicación del artículo, se desconoce la liga de investigación que oriente sobre el móvil del doble homicidio.
Del hecho, se vinculó a proceso a David «L» y a Jaime «T», presuntos perpetradores del crimen. Este último también fue vinculado por el asesinato de la diputada de morena Francis Anel Bueno. El homicida, identificado como sicario del Cartel de Jalisco Nueva Generación, fue asesinado el primero de diciembre del 2023, según documentó el diario Reforma.
El 12 de septiembre del 2024, la jueza cívica Brenda «N» fue emboscada por comandos armados mientras viajaba en su auto sobre la carretera de Salvatierra -Yuriria, localizada en Maravatío, Guanajuato. Aunque la jueza contaba con la protección de dos elementos policíacos, poco se pudo hacer ante la violencia del ataque.
Los dos elementos de seguridad murieron al instante, mientras que la jueza, fue llevada a un hospital cercano para recibir atención inmediata donde murió poco después. De este caso, se desconoce qué sucedió con los agresores y cuáles son las líneas de investigación de la Fiscalía del estado.
A un año del hecho, no hay más pistas que apunten los causales del asesinato de la jueza Brenda y si se ha avanzado por la aprehensión de los homicidas.
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Cecilia Verónica López González ha registrado este 2025 dos incidentes con el crimen organizado. El primero, en enero del 2025 cuando vivió un atentado y el último, el pasado 27 de marzo cuando fue amenazada.
El caso de Cecilia fue el primero registrado este año, cuando un grupo armado arribó a su hogar y disparó en repetidas ocasiones un lunes 6 de enero; la magistrada resultó ilesa y denunció ante la Fiscalía General del estado de Morelos los hechos, como respuesta, la FGR replicó que garantizaría sus medidas de protección, a esto, se sumó el Poder Judicial de Morelos, quienes condenaron la agresión y exigieron dar con los responsables del atentado.
A pesar de la palabra de la FGE, sólo un par de meses después, Cecilia fue amenazada de muerte, pero no sólo ella, sino también, otros compañeros del Tribunal Superior de Justicia quienes denunciaron públicamente que habían recibido mensajes que les amenazaban con acabar con sus vidas.
A medio año de estos hechos, no hay registros sobre en qué quedaron las investigaciones, cuáles son las medidas de protección que se desplegaron a favor de la magistrada Cecilia y si se ha identificado a alguno de los responsables del atentado que vivió a principios de año.
El contexto
«Votar entre balas» de Data Cívica acerca a un panorama general de cómo se han gestado estas elecciones, pero también, el peso que ha caído -desde 2018- sobre las personas juzgadoras de este país que buscan un lugar en el Poder Judicial, esbozando que el crimen organizado ya no sólo opera desde el narcotráfico, sino que ha desarrollado complejos sistemas para tomar el control económico, judicial y político.
A esto, Data Cívica lo reconoce como «una gobernanza criminal«, donde las células delictivas gozan del poder suficiente para ejercer el control político de una zona; sus facultades son extensivas, imponen sus reglas y a través de la intimidación, han logrado incidir en las instituciones políticas y todo su organigrama de funcionarias y funcionarios públicos.
Ante este escenario donde la gobernanza criminal ha infectado distintas ordenes del gobierno en sus 3 niveles, las personas juzgadoras se convierten en uno de los sectores más vulnerables, pues su trabajo infiere directamente en los intereses del crimen organizado.
«La presión y violencia ejercida contra ellas ha llevado a que muchas soliciten medidas de protección, incluyendo reubicaciones o escoltas asignados por el Estado (…) los ataques contra juezas, jueces y magistraturas parecen estar relacionados con redes de corrupción previamente establecidas entre operadores judiciales y grupos criminales» (Data Cívica)
La organización también apunta a que el punto de quiebre suele darse cuando se rompen los acuerdos que tenía el crimen organizado con otros operadores judiciales, puede ser por cambio de administración o presiones institucionales, en este escenario, las nuevas personas juzgadoras pueden representar una amenaza y se convierten en objetivos potenciales, ya sea para amedrentarles a mantener los acuerdos o bien, para atentar contra su vida a fin de garantizar la coerción.
Si bien resulta imposible saber qué hay detrás de la violencia que han vivido todas las personas juzgadoras de nuestro país desde hace 7 años, «Votar entre balas» sí advierte que existe una violencia sistémica a manos del crimen organizado, lo que sustenta el escenario de gobernanza criminal y la alta injerencia que estas células pretenden tener en las tomas de decisiones judiciales y políticas.
