Ciudad de México.- Después de dos días de espera, los resultados de la primera elección judicial señalaron a Hugo Aguilar, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Estela Ríos, Giovani Figueroa, Irving Espinoza, Arístides Guerrero y Sara Herrerías como los nueve integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo, se debe poner en perspectiva su compromiso con las mujeres.
La labor de la SCJN juega un papel importante no solo dentro del Poder Ejecutivo, sino en la defensa de los derechos de las mujeres. Debido al incremento de la violencia, en el que al menos 1 de cada 3 mujeres experimentan un contexto generalizado de violencia, la creación de instrumentos jurídicos para erradicarlo se ha constituido como una respuesta efectiva.
Si bien se han creado leyes desde el Poder Legislativo tanto a nivel federal y local en las cuales se ha reconocido y visibilizado la realidad que las mujeres afrontan en varias áreas de su vida para que sean atendidas de manera específica, la historia de miles de ellas que enfrentan violencia e impunidad señala que no han sido suficientes, poniendo en relevancia la necesidad del trabajo de órganos jurisdiccionales.
La SCJN es uno de ellos, ya que con ayuda de sus sentencias y fallos se pueden colocar parámetros y medidas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, cuando se declaró inconstitucional criminalizar la interrupción legal del embarazo, la sentencia Mariana Lima para investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidios, e incluso el reciente fallo para reconocer a los padres de Fátima Virina como víctimas indirectas de su feminicidio.
Hasta el corte de las 11:00 horas del 4 de junio de 2025 y el 99.82% de boletas computadas, los Cómputos Distritales Judiciales 2025 muestran los siguientes resultados:
- Hugo Aguilar Ortiz con 6 millones 079 mil 665 votos
- Lenia Batres con 5 millones 744 mil 942 votos
- Yasmín Esquivel con 5 millones 195 mil 391votos
- Loretta Ortiz con 4 millones 918 mil 585 votos
- Estela Ríos con 4 millones 614 mil 561 votos
- Giovani Figueroa con 3 millones 600 mil 520 votos
- Irving Espinoza con 3 millones 473 mil 275 votos
- Arístides Guerrero con 3 millones 471 mil 636 votos
- Sara Herrerías con 3 millones 153 mil 803 votos
Para sorpresa de la ciudadanía, Hugo Aguilar Ortiz se coronó como el presidente de la Suprema Corte al obtener el mayor número de votos dentro de las candidatas y candidatos. Pese a que el pasado 3 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que Lenia Batres podría quedarse con la presidencia de este órgano.
Hugo Aguilar es mixteco originario del Municipio de San Miguel el Grande, en Oaxaca. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma «Benito Juárez» de Oaxaca y cuanta con una maestría en Derecho Constitucional en la misma universidad.
Comenzó trabajando como auxiliar en la Delegación de la Procuraduría para la Defensa del Indígena en la ciudad de Tlaxiaco (1989-1990). En sus últimos cargos se desempeñó como Coordinador General de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el que se encargó de coordinar trabajos de consulta de proyectos urbanos como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Aeropuerto Felipe Ángeles.
Sin embargo, pese a defender legalmente a diferentes comunidades indígenas respecto a sus derechos humanos, el ministro tiene una deuda pendiente con las mujeres indígenas de Oaxaca, sobre todo con las mujeres mixes cuyas fotografías fueron compartidas con connotaciones sexuales en un grupo de WhatsApp llamado Sierra XXX en el que participaron funcionarios del INPI.
El caso fue denunciado por la defensora Sandra Domínguez en 2020 y cuando viajó a la Ciudad de México para hablar Krhistian Mahatma Hernández, del equipo legal del instituto, logró la destitución de Rolando Vázquez, encargado de plazas del INPI, aunque en realidad, la defensora esperaba que con su denuncia se lograra la limpieza del personal de la organización involucrados con el chat sexual, acción que nunca ocurrió.
Reportaje Especial. Sandra Domínguez, la defensora indígena oaxaqueña – cimacnoticias.com.mx
Si bien Hugo Aguilar no tuvo una incidencia directa en la difusión de las fotografías de las mujeres mixes y tampoco le competía hacer algo al respecto cuando la defensora denunció a los funcionarios, sí pudo pronunciarse al respecto para romper el pacto patriarcal; sin embargo, su involucramiento con personas señaladas de cometer violencia continúa.
Desde los inicios de su carrera, e incluso antes de trabajar para el Estado, Hugo Aguilar ha mantenido una relación cercana con Adelfo Regino Montes, cuyo hermano Francisco, fue denunciado por acoso sexual y hostigamiento laboral. Adriana Hernández, promotora comunitaria indígena del INPI, fue quien lo denunció en 2023, aunque la historia de violencia comenzó en 2020 cuando recibió un mensaje con insinuaciones sexuales.
Desde ese momento la violencia escaló hasta el punto de excluirla de proyectos cuando, durante pandemia, Adriana Hernández se negó a propuestas sexuales. Francisco optó por pedirle a sus compañeros que no compartieran información con ella y finalmente la reubicaron en otra oficina donde debía sacar copias y escanear documentos.
El caso de Adriana Hernández fue tomado por la organización Consorcio Oaxaca junto con el de Aracely Cruz Jiménez, víctima de violencia de género por parte de Donato Vargas, también involucrado en los señalamientos del grupo de WhatsApp Sierra XXX y otro personaje ligado a Hugo Aguilar.
Por lo que, la falta de respuesta ante la denuncia de violencia digital contra mujeres mixes y el mantener relación con un hombre que ha sido señalado de proteger a su hermano, acusado de acoso sexual, pone en relieve que el futuro presidente de la SCJN ha estado involucrado en estructuras de poder que han facilitado la violencia contra las mujeres.
Hasta el cierre editorial de esta nota informativa, el ministro Hugo Aguilar no dio respuesta a Cimacnoticias para emitir información sobre los señalamientos en su contra.
Lenia Batres Guadarrama llegó a la elección judicial autonombrándose como «la ministra del pueblo» y terminó posicionándose como la mujer con el mayor número de votos para ocupar uno de los nueve cargos de la SCJN. Su camino en el proceso electoral estuvo marcado de señalamientos por su cercanía a Morena, pues en 2023 fue colocada como ministra por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y desde entonces sus decisiones se han alineado con la agenda de la 4T.
Es licenciada en Derecho y maestra en Derechos Penal por la Universidad Humanitas, maestra en Gestión Pública para la Buena Administración por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México y maestra en Estudios de la Ciudad y candidata a doctora en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Militó en diferentes partidos y organizaciones como el Partido Socialista Unificado de México, Partido de la Revolución Democrática, en la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores, Unión Nacional de Jóvenes y el Consejo Estudiantil Universitario.
Su carrera política comenzó en la Cámara de Diputados cuando fue diputada federal en la LVII Legislatura del Congreso de la Unión (1997-2000). En sus últimos cargos estuvo como asesora de la Jefa Delegacional de Tlalpan (2015-2018), directora general de Gestión, Vinculación y Asuntos Jurídico-Normativos de la Autoridad del Espacio Público (2018) y asesora de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (2018-2021).
Cuando se convirtió en ministra en 2023, emitió 703 asuntos para discutir en la SCJN; sin embargo, de ellos solo uno, con número de expediente 170/2025, está ligado a los derechos de las mujeres. El tema fue la omisión de la traducción de la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género a todas las lenguas indígenas del estado de Oaxaca.
Incluso en sus propuestas como candidata, no hace mención sobre sus compromisos con las mujeres, por lo que muestra una total lejanía con temas que atraviesan cada día la vida de las mexicanas, mientras que prioriza los intereses de la agenda del gobierno oficial.
En el tercer puesto se coloca Yasmín Esquivel Mossa, quien también ha sido señalada de mantener una agenda alineada a la 4T, ya que fue propuesta por AMLO para conformar la SCJN y para presidirla. No obstante, ha sido señalada por plagiar su tesis para obtener su título como licenciada en Derecho en 1987 y estar en contra del aborto.
Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Tiene una especialidad en Derecho Administrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano en la Universidad Panamericana. Es maestra en Administración en Instituciones Educativas por la Universidad del Valle de México y doctora por la Universidad Anáhuac.
Comenzó su carrera política como asesora jurídica en la subdelegación jurídica del Departamento del Distrito Federal en 1885. En sus últimos cargos estuvo como fue presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal del Distrito Federal (2012-2015). En 2019 fue elegida para ser parte de la SCJN y en 2021 se convirtió en la presidenta de la Segunda Sala.
Entre sus controversias se encuentra cuando en 2022 El País, reveló en una investigación periodística que la ministra plagió su tesis doctoral cuando estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de México. El trabajo original era de Édgar Ulises Báez, quien estudió un año antes. Las comparaciones indicaron que parte del contenido era idéntico y generó un escándalo mediático y académico.
Por otro lado, ha mostrado una postura conservadora respecto al aborto, aunque no se ha pronunciado abiertamente ha declarado estar a favor de la vida y de la ley, por ello en 2021 señaló que criminalizar el aborto es poner en riesgo la vida de las mujeres y posteriormente, pese a su postura personal.
Cuando se convirtió en ministra, emitió 2 mil 741 asuntos para discutir en la SCJN; sin embargo, solo 2 están relacionadas con las mujeres: la validación de la figural violencia vicaria en la legislación del estado de San Luis Potosí (163/2022) y ordenar al agresor la entrega del pasaporte de sus hijos menores de 18 años para su resguardo, hasta que un juez de lo familiar determine la custodia (187/2020).
Loretta Ortiz Ahlf es miembro de la Corte desde 2021 cuando fue propuesta por AMLO, por lo tanto, al igual que sus compañeras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, su agenda ha estado alineada con la 4T. Es egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.
Su carrera inicio entre 1986 y 1987 cuando fue investigadora del consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A lo largo de los años se desenvolvió como asesora en la dirección general adjunta del Banco de México (1993-1998), directora jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, diputada federal de la LXII Legislatura (2012-2015).
En 2018 fue coordinadora de los foros de pacificación en donde participó el papa Francisco ganando críticas por dicha acción. En ese mismo año concurso en la terna ante el Senado de la República para ser ministra, pero fue electa hasta 2021 convirtiéndose en la cuarta ministra en funciones en el máximo tribunal mexicano junto a Yasmín Esquivel, Norma Piña y Margarita Ríos Farjat.
Entre sus polémicas destacan el apoyo a la Reforma Judicial en 2024 impulsada por su antiguo partido Morena, lo que le ha validado confrontaciones públicas y protestas. Además, ha sido señalada por estar en contra de la prisión preventiva oficiosa, aunque ha reconocido la medida cautelar atenta contra los derechos fundamentales -como la libertad personal y la presunción de inocencia- considera que excede las facultades del Poder Judicial, por lo que debe ser discutida desde el Poder Legislativo.
Cuando se convirtió en ministra en 2021, emitió mil 377 asuntos para discutir en la SCJN, pero solo 1 está relacionado con las mujeres: el número de expediente 33/2022 se determinó si ajustar las listas de representación proporcional se justifican o no en términos de acceso a un número mayor de mujeres en el tema de paridad de género.
María Estela Ríos González ha llegado a la SCJN como parte de las candidatas alineadas a Morena, pues paso de ser consejera jurídica de AMLO a ministra de la Corte. Es licenciada en Derecho de la Universidad Autónoma de México, maestra en Derecho Laboral por el Centro Universitario Emmanuel Kant y maestra en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM.
Su vida laboral inicio como litigante en derecho laboral en defensa y asesoría de Sindicatos y Trabajadores (1970-1997), Más tarde fungió como directora del Registro Civil del Distrito Federal (1998), procuradora de la Defensa del Trabajo del Distrito Federal (2000) y consejera jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal (2000). No obstante, su carrera como servidora pública inicio en 2021 cuando Julio Scherer Obarra renuncio como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. El mismo cargo que anteriormente había ocupado, pero a nivel federal.
Debido a su historial laboral, se le ha señalado por no contar con una carrera jurídica para el cargo de ministra que desempeñará. Asimismo, participó activamente en la promoción de la Reforma Judicial y en febrero de 2025 fue postulada en dos ternas simultaneas (una por el legislativo y otra por el ejecutivo) para ocupar un cargo en la SCJN generando inquietudes sobre la transparencia del proceso de selección.
En 2023 cuando fue propuesta por AMLO para formar parte de la Corte, fue rechazada por el Senado de la República, incluso por los mismos integrantes del partido oficial.
Giovanni Azael Figueroa Mejía llegó a la SCJN sin haber cursado una carrera jurídica, por lo que su nombramiento pone en duda su capacidad para el cargo y sobre todo su compromiso con los derechos de las mujeres. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, maestro en Estudios Superiores en Derecho Constitucional y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid.
Su actividad profesional ha estado marcada solo en el ámbito académico. Comenzó como secretario de Acuerdos adscritos a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Nayarit (2002) y como profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nayarit (2009-2012). En sus últimos cargos fue coordinador de la Maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana (2022) y coordinador del Doctorado Interinstitucional en Derechos Humanos en la misma universidad (2023).
Entre sus propuestas como candidato apostó por un diálogo constante con el Poder Ejecutivo y Legislativo “para fortalecer el Estado de Derecho”, impulsó de paridad de género y trabajo con grupos minoritarios en la Suprema Corte, e impulsar una justicia “de puertas abiertas” donde la población pueda hacer llegar sus opiniones.
Giovanni Figueroa fue propuesto desde el Poder Ejecutivo remarcando su cercanía con el oficialismo y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además, contribuyó y apoyó a la Reforma Judicial.
Irving Espinosa Betanzo, alineado a la 4T, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Gestión Pública por la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, maestro en Derecho por la UNAM y cuanta con un doctorado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
Su carrera comenzó como becario en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM (1998-1999) y posteriormente laboró en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal como jefe de Unidad Departamental de Expropiaciones y Desincorporacion. Su último cargo fue en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México siendo magistrado de la Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior (2018-2025).
Entre sus controversias resalta cuando fue señalado por Milenio en 2019 por percibir un salario mayor al de AMLO de 113 mil 933 pesos durante los primeros tres meses como magistrado. Además, el medio reportó su baja productividad cuando entre el 7 de junio al 9 de agosto le fueron asignados 69 casos de estudio, de los cuales solo resolvió 5.
Entre sus propuestas como candidato a ministro, destacó garantizar el acceso a la información para generar confianza en la población, así como rendir cuentas a la ciudadanía con informes; fomentar una cultura de derechos humanos con capacitaciones al personal; y una Corte “de puertas abiertas” con constante comunicación con la población.
Arístides Rodrigo Guerrero García, el “ministro chicharrón” propuesto desde el Poder Ejecutivo, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, también cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional, una maestría en Derecho y un doctorado en Derecho en la misma universidad. Su carrera también ha estado centrada en el ámbito académico, impartiendo 30 cursos a lo largo de su vida.
En el ámbito judicial, comenzó su vida laboral en el Tribunal Electoral del Distrito Federal como secretario privado de magistrado (2015). En sus cargos más recientes estuvo en el mismo tribunal laborando como director de la Unidad Estadística y Jurisprudencia (noviembre 2018) y en el INAI como comisionado presidente (2018-2024).
Como candidato propuso realizar sesiones públicas de la SCJN para acercar la justicia a la sociedad; promover sentencias claras y libres de tecnicismos; implementar brigadas jurídicas comunitarias con asesoría legal a comunidades indígenas; asegurar que en la Corte, el 10% de los trabajadores sean de origen indígena; y utilizar la IA como herramienta para agilizar procesos.
No obstante, no cuenta con propuestas directas para avanzar en los derechos de las mujeres.
Sara Irene Herrerías Guerra es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, una especialidad en Derecho Penal por la UNAM y un doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal.
Entre sus cargos más relevantes destaca titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); procuradora social para la Atención a las Víctimas de Delitos del Gobierno Federal; fiscal especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR); directora general del Programa de igualdad entre mujeres y hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como coordinadora de Sistemas Administrativos de la Dirección de Capacitación en ese mismo órgano autónomo.
También ha estado como asesora del Oficial Mayor de la Procuraduría General de la República, coordinadora del Proyecto “Prevención de Violencia y Delincuencia para Niños, Niñas y Adolescentes” del INACIPE en coordinación con la PGR, la SEGOB, el Distrito Federal y la Fundación Renacer, y secretaria proyectista en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
No obstante, ha sido señalada por beneficiarse de una colecta ilegal organizada por altos mandos de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR) para apoyar su candidatura, cuyo caso se denunció en el medio Animal Político; Asimismo, también fue criticada por el alto rezago e impunidad en investigaciones de derechos humanos durante su gestión en la FGR, particularmente en el caso Ayotzinapa, y por su cercanía al gobierno oficial.
