Ciudad de México.- El día de ayer, con 348 votos a favor y 132 en contra la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley de la Guardia Nacional, por lo que ahora, se profundizará su carácter militar y tendrá incidencia en tareas de inteligencia y podrán acceder a cargos por votación electoral, sin embargo, organizaciones advierten riesgos en la protección de datos personales y retrocesos en derechos humanos, uno de los puntos preocupantes es su carácter permanente en labores de seguridad en el país.
Con esta aprobación queda abrogada la reforma del 2024 la cual tiene historia, la cual narramos a continuación.
La reforma a la Guardia Nacional es un hecho histórico sin precedentes que se venía gestando desde el principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Con excepción de la Ley de Seguridad Interior, aprobada en 2017, todas las iniciativas legislativas que ampliaron las facultades de los militares se aprobaron en su sexenio.
El reciente dictamen no ocurrió de la noche a la mañana, cuenta con historia. En la recta final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Jefe del Ejecutivo dio a conocer un paquete de 20 reformas, llamado Plan C, donde propuso la reforma a la Guardia Nacional. Esto, durante la ceremonia por la conmemoración del 107 aniversario de la Constitución de 1917, en Palacio Nacional, para reformar la Constitución del país.
Previo a esa iniciativa, el periodo de militarización actual en México tiene relación con la creación de la Guardia Nacional (GN) en 2019. Esta institución estaba ligada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y nació con la tarea de intervenir en la de seguridad pública de México.
Al respecto, Nancy Carmona Arellano, coordinadora del área de políticas públicas de la organización Equis Justicia, asevera que cuando el Ejército comienza a tomar atribuciones que no le corresponden, estamos hablando de un proceso de militarización, uno que perpetúa violaciones sistemáticas a los derechos humanos de niñas y mujeres.
Documentos de Equis Justicia señalan que el despliegue de las fuerzas armadas en el espacio público compromete la seguridad y la vida de las personas debido a que las expone a violencia directa e indirecta de los enfrentamientos del crimen organizado, mismo que asesina a mujeres y niñas y usa sus cuerpos como botín.
Por ello, no es sorpresa que las mujeres a la fecha sean quienes menos confían en las fuerzas militares y teman más a sus actos violentos, como las agresiones sexuales o la desaparición forzada, asegura Carmona Arellano.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProdh) también advirtió tiempo atrás que esta reforma implica múltiples retrocesos a los derechos humanos, pues:
- Militariza totalmente la cadena de mando
- Otorga a la Sedena el control de aspectos sustantivos de la GN
- Amplía la intervención de la GN en investigación de delitos e inteligencia
- Extiende los alcances del fuero militar
- Dota de más recursos presupuestales a Sedena, sin controles civiles externos robustos
A esta preocupación, se suma Lucía Lagunas, quien en 2022 vió con preocupación cómo la Guardia Nacional poco a poco tomaba terreno, “callendo sobre nosotras”:
“Si hablamos de seguridad, las mujeres lo sabemos bien, a mayor violencia generalizada con presencia de hombres armados en las calles, mayor violencia en nuestra contra y más restricciones a nuestras libertades”.
De 2007 a 2022 el gobierno federal había firmado 258 acuerdos para transferir funciones y presupuesto civil a instituciones militares. De este total, 94 acuerdos han sido firmados por la administración de AMLO, el 36.4 por ciento.
Así lo apunta el Inventario Nacional de lo Militarizado, que documentó el incremento de la presencia castrense en el país. Esta base de datos, realizada por el Programa de Política de Drogas (PPD), México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) e Intersecta señaló que se había profundizado la militarización en la vida civil del gobierno y afectado a la población más vulnerable, como mujeres, niñas y personas migrantes e indígenas.
En materia de protección y seguridad de las mujeres, el MUCD señaló en su informe de 2021 La militarización: afectando desproporcionalmente a las mujeres en México que en México las mujeres se han visto mayormente afectadas por la militarización de la seguridad pública por diversas razones entre las que se destacan violaciones a los derechos humanos cometidas directamente por el Ejército y la Marina. A esto le podemos sumar el aumento generalizado de la violencia en el país.
La Investigación periodística de 2024 “Permiso para matar” documenta que 250 mujeres fueron víctimas de asesinatos y desapariciones en México, desde el año 2006 y hasta 2022 a manos de policías estatales, agentes federales, soldados y marinos.
Incluso se han advertido por parte de organizaciones civiles como Intersecta y Data Cívica las violaciones a los derechos humanos de mujeres, hombres, infancias y adolescencias que trae consigo la militarización, pero todos estos análisis han pasado de largo, pues la población mexicana continúa confiando ampliamente en las fuerzas armadas.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del segundo trimestre de 2024 del Inegi, el Ejército tiene un 82.9 por ciento de aprobación. Un porcentaje apenas menor en un punto al inicio del sexenio de López Obrador, 84.3 por ciento.
La iniciativa 2025
La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue aprobada por su partido MORENA, la cual incluye cambios a ocho leyes secundarias y la emisión de esta nueva Ley.
En el dictamen presentado se define a la Guardia Nacional «como una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Además, se indica que la Guardia Nacional será la organización encargada de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en aquello que corresponda al orden Federal.
La nueva Ley de la Guardia Nacional forma parte de una serie de reformas que profundizan el proceso de militarización en México. Esta legislación tiene como objetivo consolidar a la Guardia Nacional (GN) como un cuerpo operativo con funciones ampliadas en materia de seguridad pública, nacional e inteligencia.
Se define a la GN como una fuerza de seguridad pública e integrada por personal militar con formación policial. En relación con esto, se reforman cuatro leyes: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas; Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas: y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas.
Con ello, uno de los cambios más significativos es la adscripción de la Guardia Nacional al ámbito militar como se había aprobado en 2024. De esta manera, la institución quedará bajo la estructura y disciplina de la DEFENSA, esto implica que: podrá ser comandada por un militar de alto rango y habrá jerarquía equivalente a la división militar; y que el personal quedará sujeto a las leyes, códigos y tribunales militares.
La ley también permite que miembros de la GN puedan ser transferidos al Ejército o a la Fuerza Aérea y viceversa. Además, se autoriza que el personal de la GN pueda solicitar licencias especiales para participar en procesos electorales o desempeñar cargos civiles, abriendo la puerta a que militares en activo tengan influencia en la política nacional.
Pese a que se afirma que la GN conservará su «carácter civil», estas modificaciones implican la ruptura con el principio constitucional sobre otorgar las tareas de seguridad pública a cargo de autoridades civiles. Además, aunque se menciona un mecanismo para sancionar a quienes incurran en abusos, no se especifica cómo se garantizara la transparencia y rendición de cuentas.
Tareas en inteligencia
Otra ley que se busca reformar es la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, la cual es una nueva propuesta de la estrega nacional de seguridad que funciona como «una herramienta de prevención, detección y des articulación de las amenazas». Estará coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), operado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y bajo la conducción del Ministerio Público.
Entre sus objetivos se encuentra establecer medios de colaboración entre las instancias del sistema nacional de inteligencia y las diversas autoridades del Estado en sus tres órganos, así como mecanismos de coordinación con el gabinete de seguridad con la GN y la Fiscalía General de la República (FGR).
Es decir, que la GN ampliar sus facultades de patrullaje y vigilancia en tareas de inteligencia, así como en la investigación de delitos. Esto incluye el uso de tecnología de punta para el análisis de datos, monitoreo de personas o grupos considerados peligrosos para la seguridad nacional y la recolección de información para construir casos judiciales, pero solo bajo el mando del Ministerios Público (MP) y con autorización judicial
Con el nuevo Sistema Nacional de Inteligencia, se creará una plataforma tecnológica interconectada con bases de datos públicas y privadas que permitirá generar información en tiempo real. La GN compartirá datos y recibirá información para ejecutar operativos o detener a presuntos generadores de violencia.
Por otro lado, se quiere reformar la Ley General del Sistema de Seguridad Pública la cual nació en 1995 y cuya última actualización fue en 2009. Tiene como finalidad actualizar y reorganizar el sistema nacional vigente y se busca corregir la rigidez de sus mecanismos de coordinación y su enfoque limitado en los operadores del sistema, sin evaluar a las instituciones en su conjunto.
Antecedente
A cinco días de dejar la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, logró el 25 de septiembre del 2024 que una de sus reformas constituciones más controvertidas fuera aprobada, durante la madrugada de ese miércoles cuando el senado de la República aprobó la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), consolidando el proceso de militarización.
El día 23 de agosto dictamen fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales para ser turnado, discutido y aprobado por la Cámara de Diputados el 19 y la madrugada del 20 de septiembre.
Esta aprobación coincidió con el décimo aniversario de la desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa en Iguala, hechos que aún persisten en la impunidad y a ocho del aniversario 56 de la masacre de estudiantes por parte de militares en Tlatelolco.
En la carrera por aprobar una de las reformas más polémicas propuestas el 5 de febrero del 2024 por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador antes de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia.
Entonces, la reforma se aprobó con 86 votos a favor por parte de Morena y aliados y 42 en contra por los partidos de oposición (PAN, PRI, MC) durante la madrugada, algo que Ricardo Anaya, integrante del PAN y excandidato a la presidencia de México destacó en su participación: “De noche quisieron que pasara la militarización de la seguridad en nuestro país, pero que no pase desapercibida”.
De esta forma, en punto de las seis y media de la mañana, el Pleno aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que traslada la GN a las Fuerzas Armadas y permitió que los militares estén activos en tiempos de paz, luego de 167 años de tenerlo prohibido. El voto decisivo fue de Miguel Ángel Yunes Márquez.
Advertencia de las organizaciones
De acuerdo con la Red de Defensores de los Derechos Digitales (R3D), esta reforma propone legalizar la vigilancia de las comunicaciones por parte del Ejercito, una práctica que se ha hecho con anterioridad contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, investigadoras e incluso funcionarios públicos. De esta manera, se facultad a instancias militares a procesar y usar información por motivos de seguridad nacional sin que exista controles para acotar estas atribuciones.
Para la organización, la actualización de la Ley de Guardia Nacional vigente representa un retroceso a los controles existentes, por ejemplo, el articulo 9 de esta Ley genera confusión respecto a si la GN requiere autorización judicial para acceder a datos conservados en manos de empresas de telecomunicaciones o para conocer la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real.
«Estas reformas son parte de un paquete de iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión que configuran -de manera individual y conjunta- un panorama peligroso para los derechos humanos« -la Red de Defensores de los Derechos Digitales (R3D).
La organización también mencionó su preocupación ante la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, ya que plantean la interconexión de bases de datos nacionales e internacionales tanto públicas como privadas sin los controles necesarios, así como la creación de una Plataforma Nacional de Telefonía Móvil.
Cabe resaltar que, la Ley de Telecomunicaciones establece que todos los usuarios de telefonía deben registrarse de forma obligatoria y que las empresas están obligadas a almacenar y compartir información de sus clientes. Por otro lado, las reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada hacen obligatorio el uso de una CURP con datos biométricos para poder acceder a servicios tanto públicos como privados. Además, crean una Plataforma Única de Identidad, diseñada para verificar, monitorear y administrar la identidad de todas las personas en México mediante consultas en tiempo real.
Por lo que, tomando en cuenta lo anterior, advirtió que el incremento de la vigilancia «sin control» para la DEFENSA y el «debilitamiento de controles» de la GN se adhieren al contexto de debilitamiento de disposiciones en materia de transparencia y datos personales: «En esencia, esta legalización de la vigilancia de comunicaciones por parte del Ejército expone gravemente la intimidad de la población y plantea importantes riesgos a la protección de datos personales y los derechos humanos», mencionó R3D.
Esta reforma, aunque se presenta bajo el título “en materia de Guardia Nacional”, rebasa este ámbito y le da facultades de vigilancia sin controles al Ejército» -la Red de Defensores de los Derechos Digitales (R3D).
