Ciudad de México. – En respuesta al estado guanajuatense que decidió archivar de forma definitiva diversas iniciativas que buscaban la despenalización del aborto en el estado; colectivos como la Red de Acompañantas de Aborto León en conjunto con diversas activistas locales presentaron una demanda ante el Poder Judicial de la Federación en contra del Congreso estatal y de la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo.
Posterior a que el pasado 5 de junio se rechazara la iniciativa que buscaba despenalizar el aborto en Guanajuato, la colectiva Red de Acompañantas de Aborto León, informó que se tomarían acciones legales con el objetivo de no dejar en el olvido la lucha por el derecho de decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo.
El pasado 23 de junio el Juzgado Primero de Distrito en la ciudad de Guanajuato decidió admitir dicha demanda como parte de una “violación de los tratados internacionales de derechos humanos”.
En México, los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ya despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas.
Por otro lado, 8 entidades mantienen vigente la penalización de la ILE (Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala), y se tiene el caso extraordinario de Aguascalientes donde el aborto sólo está permitido hasta las 6 semanas de gestación.
Hay que recordar que el debate sobre la despenalización del aborto en Guanajuato ocurrió en un contexto en el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó al Congreso del estado al avance de un marco normativo que garantice la igualdad y la protección de los Derechos Humanos de las mujeres. Además, señaló la importancia de adoptar en concordancia con los estándares internacionales y los criterios de la SCJN en 2021.
Guanajuato
Organizaciones civiles han advertido que, la barrera legislativa no detendrá a las mujeres de abortar. Su prohibición no se traduce en menos abortos y más natalidad. En cambio, penalizarlo conlleva a abortos inseguros y peligrosos que causan morbilidad o mortalidad al no contar con proveedores calificados y condiciones higiénicas adecuadas.
“La insistencia de las autoridades de atender la criminalización el aborto es una forma de discriminación que viola instrumentos internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”. – Red de Acompañantas de Aborto León
La discusión sobre la despenalización del aborto en Guanajuato ha mantenido a la Marea Verde en una constante lucha activa, sobre todo porque es una de las entidades con mayores restricciones para que las mujeres puedan acceder a un aborto, con un total de 6 artículos penales dedicados a la criminalización y prohibición de este derecho.
De acuerdo con la colectiva, las autoridades involucradas ya fueron notificadas debidamente, concediéndoles tres días hábiles improrrogables para contestar la demanda, sin embargo, hasta el momento la demanda se encuentra aceptada y en trámite de resolución, dejando en espera una posible sentencia.
Lucha por la despenalización del aborto en Guanajuato
La lucha de las mujeres guanajuatenses no ha sido fácil, diversas colectivas de acompañamiento han levantado la voz por todas las mujeres de la región, en años pandémicos se llevó a cabo la primera discusión (virtual) sobre la despenalización del aborto, misma que fue archivada y olvidada.
Posteriormente, en 2021, en la legislatura pasada, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) retomó la reforma llamando la atención de colectivos feministas que abogaban por el derecho de elección de las mujeres. Teniendo pláticas directas con el grupo parlamentario, crearon un foro en el Congreso, convocando la presencia de activistas para que entre las mismas dialogaran sobre la despenalización del aborto, pero la iniciativa no prospero.
En 2024, Sandra Pedroza, diputada de Movimiento Ciudadano volvió a presentar la iniciativa, dando pauta a mesas de diálogo para discutir el marco legal de la problemática. Con un espacio temporal de tres días, las mesas de diálogo se dividieron en módulos, cada uno orientado a las diferentes comisiones a las que las reformas estaban dirigidas; abordando la importancia de la educación integral en temas de sexualidad, brindando datos en materia de salud y mostrando las estadísticas que las redes de acompañamiento manejaban en cuanto aborto seguro en casa. Del mismo modo estas mesas de dialogo quedaron es un propuesta estancada.
Finalmente, el pasado 5 de junio el estado de Guanajuato rechazó la despenalización del aborto en el estado; a diferencia del pasado 29 de mayo (fecha de la primer votación del pleno), cuando las votaciones sobre la despenalización del aborto en el Congreso de Guanajuato empataron, esta vez la diputada Luz Itzel Mendo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) dio un revés para la Marea Verde al cambiar su voto de último momento logrando que con 19 votos en contra y 17 a favor, las mujeres todavía no puedan interrumpir su embarazo en el estado.
El debate sobre la despenalización del aborto en Guanajuato ocurrió en un contexto en el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó al Congreso del estado al avance de un marco normativo que garantice la igualdad y la protección de los Derechos Humanos de las mujeres. Además, señaló la importancia de adoptar en concordancia con los estándares internacionales y los criterios de la SCJN en 2021.
La despenalización del aborto en Guanajuato va más allá de dejar de sentenciar y criminalizar a las mujeres que decidan sobre si mismas; esta iniciativa contempla reformas a la ley de salud, educación y al código penal del Estado, abrazando todo el panorama de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
«Las mujeres guanajuatenses están requiriendo acceder a los servicios de aborto seguro constantemente, aunado a los datos de las mujeres que viajan a Ciudad de México o alrededores donde el aborto es legal y seguro para acceder a la interrupción Legal del Embarazo (ILE)». – Nayeli Tello
Aborto en Guanajuato
Históricamente, el estado de Guanajuato se ha negado a adoptar leyes reformas o iniciativas que concilien con los estándares internacionales de derechos humanos; agudizándose cuando se aborda particularmente los derechos fundamentales de las mujeres en el panorama de la diversidad sexual y de género.
En Guanajuato, el artículo 158° establece que el aborto “es la muerte provocada del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”. Siendo la sanción mínima para la mujer que abortan de 6 meses y la máxima de 8 meses; mientras que, para el personal de salud que lo realiza es de 1 año mínimo y 3 años máximos, según reportó GIRE en su informe Maternidad o Castigo. Hacia la despenalización del aborto.
En una entrevista para Cimacnoticias, Nayeli Tello, fundadora de la Red de Acompañantas de Aborto León, compartió que: de forma particular la red realiza al año más de 350 acompañamientos a mujeres que deciden interrumpir su embarazo, sin contar a las que acuden a otros colectivos del estado, que se estima hay al menos 4 más dedicados al acompañamiento del aborto en casa, o inclusive a las que se tuvieron que trasladar a otras entidades federativas, siendo el aborto una problemática que afecta seriamente a las mujeres de la región.
“El aborto existe en Guanajuato y se práctica de manera continua y segura gracias a las colectividades”. – Nayeli Tello
Por otra parte, al menos en Guanajuato, la secretaria de salud registra al mes apenas 2 o 3 interrupciones voluntarias del embarazo, todas justificadas bajo la Norma 046: según el Gobierno de México, la Norma 046 (NOM-046-SSA2-2005) establece que las instituciones ligadas al sistema de salud están obligadas a ofrecer la anticoncepción de emergencia o la interrupción voluntaria del embarazo en caso de concepción por violación, de manera inmediata y hasta 120 horas después del ocurrido evento.
Es decir, aunque el estado acata una norma oficial mexicana en cuanto al aborto “voluntario”, la realidad es que se sigue declinando la idea de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo.
