Ciudad de México.- Tras la aprobación de la nueva Ley de la Guardia Nacional, Ximena Said del área de investigación de la organización Intersecta, se cuestiona: «¿Cómo va a golpear estos cambios a sectores vulnerables como lo son las mujeres?» La investigadora respondió que continuará la violencia que ya persiste. Actualmente existen dos sectores vulnerables ante la militarización en México. El primero de ellos son las mujeres migrantes que se ven afectadas con el aumento de número de elementos de la Guardia Nacional desplegados en estaciones y espacios públicos y que, como acciones patrulla, detienen, inspeccionan y controlan los flujos migratorios.
La Guardia Nacional ha sido movilizada para contener y disuadir a las personas migrantes tratándolas como «enemigas externas» en lugar de como personas. Esto ha generado diversas violencias hacia ellas, ya que existe evidencia de que el personal militar se encuentra dentro de sus principales abusadores, ejerciendo extorción, abuso de poder, violencia física y psicológica que pueden ser ejercido frente a sus hijas e hijos y que se vuelve frecuente en mujeres racializadas y afrodescendientes.
«Ahí se cruzan diferentes ejes de discriminación o de opresión que también tienen que ver con la raza, la clase y por el género. -Ximena Said, investigadora de Intersecta.
Por otro lado, están las mujeres indígenas que en cuyos casos se han documentado incursión en los territorios de las Fuerzas Armadas para realizar obras de infraestructura como el tren Maya. En estos espacios, contratan a personas civiles, muchos de ellos indígenas. quienes han denunciado condiciones laborales informales como la falta de un contrato, seguridad social protecciones laborales y jornadas extensas.
Además, se reportan casos de maltrato contra las mujeres indígenas como violencia sexual e intimidación, la cual no termina cuando las obras se acaban, sino que la permanencia de las Fuerzas Armadas continúa afectando la vida de las mujeres al no poder realizar sus actividades con normalidad.
Otros indicadores que han permitido dimensionar la situación ha sido particularmente con la violencia hacia las mujeres. En 2023, la organización Intersecta analizó dos instrumentos estadísticos para conocer en qué medida miembros del ejército y la marina han sido autores de violencia contra mujeres. Después de revisa la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 y la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, encontraron que más de 68 mil mujeres fueron agredida por la GN y la Marina.
Las agresiones reportadas fueron piropos ofensivos, con 38.2%; en menor medida, se encuentran ofensas u otras instancias de humillación, con 14.7%; miedo a ser atacada sexualmente, con 10.1%; ataques con armas blancas o de fuego con 3.3%, mientras que el 1.1% y el 0.2% indican intentos de violación y violación.
La ENPOL evidenció que la incidencia de violencia perpetuada al momento de la detención de una mujer incrementa en operativos conjuntos con 87%, seguido de la Marina con 86.4% y del ejercito con 77.4%. Particularmente se denunció que un tercio de las mujeres detenidas por la Marina vivieron descargas eléctricas, el 19.4% vivió violencia sexual y el 11.5% de las mujeres detenidas por la entonces SEDENA, también sufrió esta agresión.
Asimismo, se denunció la existencia de una relación entre la perpetración de violencia y la fabricación de culpabilidad, pues nueve de cada diez detenidas por la Marina, el ejército o por un operativo conjunto, afirmaron estar en prisión por acusaciones falsas vivieron algún tipo de violencia. Estos datos fueron publicados en el informe «Entre dos guerras» de Intersecta.
De acuerdo con Ximena Said del área de investigación de la organización Intersecta, la nueva Ley de la Guardia Nacional plantea una pregunta fundamental ¿cuál será la diferencia entre que te detenga un policía y un elemento de la Guardia Nacional? Para contestar este cuestionamiento se debe poner en relevancia las nuevas funciones de esta institución castrense.
El pasado 15 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión una iniciativa de más de 953 páginas para armonizar distintas leyes con la reforma constitucional sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional publicada en septiembre de 2024, la cual había establecido un plazo de 180 días para modificar las leyes necesarias para armonizarlas con su naturaleza militar, por lo que dichos cambios ya se estaban esperando.
Sin embargo, el proyecto fue puesto en marcha en junio y aprobado en fast track en un lapso de una semana. Primero, el 18 de junio por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el 24 de junio se discutió en el Pleno y el 30 de junio se aprobó en el Senado de la República, por lo que, ahora fue turnada a la presidenta y se espera que próxima publicación en el Diario Oficial de la Federación.
De esta manera se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de 8 leyes: la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Código de Justicia Militar y Código Militar de Procedimientos Penales.
Para Ximena Said, las consecuencias a futuro que se pueden esperar en el país con los cambios a estas leyes están ligadas a su participación en tareas de seguridad pública. Dentro de ellas, se ha evidenciado el abuso de fuerza, el cual puede ser igual o mayor que el usado por fuerzas policiacas. Por ejemplo, cuando hay un cruce de fuego, es más común que suceda en eventos donde participen militares y donde no existan personas detenidas, pero sí asesinadas. Esta ha sido una constante que no se ha podido disminuir desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según describió la investigadora.
También advirtió que, hasta el momento, no han podido encontrar estudios que respalden el éxito de la implementación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero sí estudios que relacionan el incremento de la violencia homicida con la estrategia de hacer frente al crimen organizado. Señaló que muchos análisis coinciden en que dicha estrategia fallo en contener y reducir la violencia, sino que ahora también la genera.
«No es que digamos que quienes integran a la Guardia Nacional o al ejército sean personas muy malvadas, pero lo que pasa es que existe un entramado institucional que a los militares les hace tener ciertas características y actuar de ciertas maneras, porque son corporaciones que están pensadas para contextos y funciones pues de guerra. Entonces es difícil que ahora las queramos usar para todo tipo de funciones y para estar en contacto con la población.» -Ximena Said, investigadora de Intersecta.
Los cambios para la Guardia Nacional
El análisis “La legislación secundaria sobre la Guardia Nacional” en colaboración entre Intersecta y México Unido contra la Delincuencia (MUCD) señala que el eje central de la iniciativa es el cambio de naturaleza de la Guardia Nacional, ya que pierde su carácter civil.
De esta manera, aunque conserva su función policial, esta queda señalada solo de forma simbólica, puesto que su formación está ligada a lo militar. También advirtieron que esto es preocupante tomando en cuenta que, se abre la posibilidad de que los problemas relacionados con el fuero militar en casos de abusos cometidos por el Ejército, Fuerza Aérea y Armada pudieran replicarse en la Guardia Nacional.
Ahora todo el ingreso del personal que formará a la Guardia Civil está sujeto al Reglamento de Reclutamiento del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, y a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto se traduce a que la Secretaría de la Defensa Nacional será la única autoridad responsable del reclutamiento consolidando su control militar sobre esta institución. Su formación estará a cargo de instituciones y cuarteles militares y los rangos serán homologados con los del Ejercito añadiendo únicamente la leyenda «de la Guardia Nacional».
Asimismo, el nuevo organigrama estará conformado por la Secretaría de la Defensa, seguido por una Comandancia, Jefatura General de Coordinación Policial, Coordinaciones Territoriales, Estatales, de Unidad y nuevas «Unidades Circunstanciales». En la nueva ley no se detallan las funciones de esta última lo que para las organizaciones de la sociedad civil, esto abre la puerta a discrecionalidad operativa.
Entre sus nuevas facultades, las cuales consolidan su papel como fuerza armada con funciones policiales, se encuentran en primer lugar la capacidad para realizar operaciones encubiertas y utilizar usuario simulados en tareas de investigación bajo el mando del Ministerio Público, pese a ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A esto se suma, que podrán intervenir las comunicaciones en delitos de hidrocarburos que de igual forma fue declarada inconstitucional en el pasado; así como su incorporación en tareas de inteligencia en seguridad pública mediante el Consejo Nacional de Inteligencia y el Secretariado Ejercito del Sistema Nacional de Seguridad Pública teniendo participación en la producción y manejo de información sensible.
Sus labores en inteligencia es una de las atribuciones que resulta preocupante para las organizaciones, Ximena Said apunta que, anteriormente, la Guardia Nacional sí podía recibir información en cuestiones operativas; sin embargo, ahora podrá utilizarla, generar insumos, hacer estudios, participar en la toma de decisiones como participar en la planeación de estrategias, usando esa inteligencia.
«Entonces, la Guardia Nacional pues dejó de tener un papel secundario y tiene ahora un papel activo de un área que es compleja, que es delicada, que conlleva muchas responsabilidades y por lo tanto también muchos riesgos y esto preocupa especialmente considerando su actual carácter militar. (…) Está sujeta a ciertos controles, a protocolos poco claros en el manejo de la información y preocupa que la incorporación de una fuerza militar a tareas de este tipo pueda tener efectos sobre la transparencia, sobre la rendición de cuentas y posible opacidad» -Ximena Said, investigadora de Intersecta.
Sin embargo, ahora que opera bajo un rol militar y pierde el carácter civil, no tendrá facultad para vigilar audiencias penales, centros de supervisión de medidas cautelares y centros penitenciarios federales. Esto porque fue creada como una institución de seguridad pública que colaboraba con el sistema de justicia penal, esto deja a la deriva sobre quien caerá estas responsabilidades.
La nueva ley de la Guardia Nacional establece que será la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien dictamine el uso de este órgano castrense a la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa). Para las organizaciones, esto es un intento por demostrar la conservación del control civil de la institución: sin embargo, en las leyes reformadas no se describe un contrapeso civil, por lo que refuerza la advertencia sobre que, en la práctica, el mando quede en manos militares sin mecanismos reales de supervisión o rendición de cuentas.
Otro punto a resaltar es la posibilidad de que elementos de la Guardia Nacional participen en elecciones populares, actividades ajenas a la institución o desempeñar empleos civiles en dependencias federales, estatales o municipales, solicitando licencias especiales. No obstante, está disposición es equivalente a las licencias de los miembros del ejército y la fuerza aérea para los mismos objetivos, contempladas desde la expedición de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea en 1986.
