Ciudad de México.- El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, informó que el pasado 30 de junio, el juez de control de Guanajuato, Efraín Frausto Pérez, dictó un auto de no vinculación a proceso en favor de la activista indígena amuzga Kenia Hernández y aunque esta decisión representa un avance significativo, aún se exhorta a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) a aceptar un acuerdo reparatorio, pues la colaboración de este organismo resulta clave para lograr la pronta liberación de la defensora.
Desde 2019, Kenia ha sido víctima de amenazas, hostigamiento judicial y detenciones arbitrarias. En junio de 2020 fue detenida junto con otras personas durante una manifestación, sin orden de aprehensión, en la carretera Toluca–Valle de Bravo. Posteriormente fue recluida cinco días en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, Estado de México, y posteriormente liberada. Cuatro meses después, el 18 de octubre de 2020, fue nuevamente detenida en la caseta de Amozoc, Puebla y desde entonces permanece en prisión.
El caso de Kenia Hernández no es un hecho aislado. Responde a un patrón sostenido de criminalización contra mujeres defensoras en México y América Latina. Entre 2012 y 2023, el informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan, elaborado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), documentó 35 mil 77 actos de violencia contra 8 mil 926 mujeres defensoras y 953 organizaciones.
A inicios del mes pasado, el Juez Efraín Frausto decidió no vincular a Kenia Hernández por el presunto delito de ataques a las vías de comunicación, pues se determinó que no existían elementos suficientes para sostener esta acusación. Sin embargo, aún existía la posibilidad de que la Fiscalía estatal reformulara una imputación contra la defensora.
Ante ello, Hernández tuvo que ser trasladada nuevamente a Guanajuato para exigir y señalar su inocencia por el delito que se le imputa. Dentro de la sesión, la defensora Rosario Díaz Ruiz del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), argumentó que no existía fundamento legal para acusar a Kenia Hernández, debido a que en 2020, año en que ocurrieron los hechos, la ley aún no contemplaba expresamente el cobro en casetas como un servicio cuya interrupción pudiera tipificarse como delito.
Esa reforma legal entró en vigor hasta 2022, cuando Kenia ya se encontraba en prisión. Por tanto, aplicar esa modificación para sustentar una imputación violaría el principio de taxatividad penal, que impide castigar una conducta que no estaba tipificada como delito en el momento en que ocurrió.
El juez respaldó esta postura y tras una revisión etimológica y jurídica, dictó un auto de No vinculación con efectos de sobreseimiento, es decir, se llegó una resolución judicial que impide que un proceso penal continúe, pero no determina su culpabilidad o inocencia, sino que se basa en la falta de elementos suficientes para continuar con el proceso.
“El juez reflexionó: ¿Qué es interrumpir? cortar, coartar, impedir que llegue… ¿Kenia interrumpió el tránsito en las vías de comunicación? La fiscalía dijo que ella y sus compañeros levantaron las plumas para que la gente pasara sin pagar o algunos dando alguna cooperación. Así que no interrumpió, sino que liberó. Y liberar es lo contrario a interrumpir. Kenia hizo un ejercicio de libertad». detalló El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Tampoco ha habido pronunciamiento oficial por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum ni de su gabinete. Cabe recordar que hace más de seis meses se le entregó una carta solicitando su intervención y apoyo para Kenia y su familia. Aunque en ese momento recibió el documento con disposición, dicha apertura no se ha reflejado en acciones concretas.
Una deuda histórica hacia las defensoras de derechos humanos
el informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan, elaborado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras destaca que entre 2019 y 2020 las agresiones prácticamente se duplicaron: se registraron 2 mil 397 ataques en 2019 y 4 mil 745 al cierre de 2020. Este incremento coincide con la pandemia, periodo en el que muchas mujeres defensoras continuaron con sus luchas, a pesar de las restricciones sanitarias, y fueron objeto de represión, hostigamiento y violencia institucional, particularmente por parte de autoridades municipales y estatales.
De acuerdo con EarthRights International, en su informe Criminalización de defensores y defensoras de la Tierra, este tipo de persecución tiene efectos devastadores. A nivel individual, implica impactos psicológicos, emocionales y financieros, así como el riesgo de agresiones físicas que pueden poner en peligro la vida de las defensoras y sus familias. A nivel colectivo, debilita a las organizaciones, afecta su legitimidad y reduce su capacidad de acción, generando un entorno de miedo que erosiona el tejido social.
¿Quién es Kenia Hernández?
Kenia Inés Hernández Montalván, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, con especial énfasis en los derechos de las mujeres indígenas. Fue dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos. Además, fue beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Desde 2019, Kenia ha sido víctima de amenazas, hostigamiento judicial y detenciones arbitrarias. Tras la primera detención de Kenia en 2020, fue recluida cinco días en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, Estado de México, y posteriormente liberada.
Cuatro meses después, el 18 de octubre de 2020, fue nuevamente detenida en la caseta de Amozoc, Puebla, por alrededor de 22 elementos policiales que no le informaron el motivo de su aprehensión ni presentaron orden judicial. Al día siguiente, sus familiares fueron notificados de que se encontraba en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ahí se le acusó de ataques a las vías de comunicación, con CAPUFE como parte denunciante.
Actualmente, Kenia se encuentra privada de la libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza-Sur, donde enfrenta una condena de 21 años y 9 meses de prisión, derivada de 10 causas penales. Dos de estas ya han resultado en sentencias condenatorias por presunto robo con violencia y uso de arma, delitos que su defensa ha calificado como fabricados. Las otras ocho están relacionadas con supuestos ataques a las vías de comunicación. Aunque ha habido pequeños avances en su defensa, su libertad sigue dependiendo de la voluntad política del Estado y la colaboración de instituciones como CAPUFE.
