Ciudad de México.– A un año de la despenalización del aborto en Puebla, activistas integrantes del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS) han manifestado su preocupación por las múltiples barreras que siguen impidiendo el acceso seguro, gratuito y digno a este derecho, por lo que alertaron sobre la presencia de grupos conservadores que, haciéndose pasar por colectivas feministas, intentan disuadir a las mujeres de ejercer su decisión.
De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), entre 2015 y 2022 se registraron 50 casos de mujeres criminalizadas por interrumpir su embarazo en Puebla. Por su parte, cifras de la Secretaría de Salud federal indican que entre 2002 y 2022 se documentaron 78 muertes de mujeres por abortos mal practicados.
En ese mismo periodo, Puebla ocupó el octavo lugar a nivel nacional en muertes maternas, con un total de mil 371 fallecimientos. La gineco obstetra Aurora Morales Domínguez señaló que muchas de estas muertes pudieron prevenirse si el sistema de salud pública hubiera garantizado el acceso a abortos seguros.
Ante este panorama, Cimacnoticias conversó con Jessica Techalotzi, integrante del colectivo CAFIS, quien denunció que han recibido reportes de mujeres que fueron engañadas por grupos antiaborto. A través de redes sociales, estos grupos se hacen pasar por colectivas feministas, utilizando la estética del movimiento (colores verde y morado, frases como “no estás sola”) para atraer a mujeres que buscan información sobre la interrupción del embarazo. Una vez que logran contactarlas, las citan y las persuaden para que cambien de decisión.
“Nos compartieron la publicidad de esas páginas. Usan toda la estética feminista, pero cuando las citan, buscan persuadirlas de abortar”, advirtió.
Explicó que la derogación de la ley que criminalizaba el aborto fue un hecho histórico para las mujeres en el estado. Esta victoria, dijo, fue resultado de una larga lucha impulsada por colectivos feministas y organizaciones sociales, que incluyó la creación de propuestas, estrategias y campañas informativas para desmontar creencias que limitaban la autonomía de las mujeres. Sin embargo, advirtió que la lucha feminista no ha terminado, ya que muchas mujeres, incluso en la capital poblana, aún enfrentan serias dificultades para ejercer este derecho.
Techalotzi denunció que, a través del acompañamiento que brindan a mujeres que desean interrumpir su embarazo, han detectado malas prácticas dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Explicó que el personal médico suele intentar disuadir a las mujeres cuestionando constantemente su decisión e infundiéndoles miedo.
“Les hacen comentarios como: ‘tienes que estar consciente de que esto pone en riesgo tu vida’, ‘te puedes morir’, ‘te puedes desangrar’. Así, generan un ambiente de temor entre las usuarias como una forma de disuadirlas”, explicó.
Estas prácticas, señaló, han provocado que mujeres eviten regresar a sus consultas de seguimiento. Otras, que conocen estos casos a través de testimonios de amigas o familiares, optan por no acudir al IMSS ante el temor de ser maltratadas o revictimizadas, recurriendo en su lugar a métodos autogestionados, sin acompañamiento médico, lo que incrementa los riesgos.
Además,Jessica Techalotzi, integrante del colectivo CAFIS, subrayó que fuera de la capital del estado el panorama es aún más preocupante, ya que la mayoría de los municipios no cuenta con unidades médicas habilitadas para ofrecer el servicio de interrupción del embarazo. Por ello, las mujeres se ven obligadas a abortar por su cuenta, ya que no tienen los recursos económicos, el tiempo o las condiciones laborales para trasladarse hasta Puebla capital.
Otra limitante identificada es el horario en el que se ofrecen estos servicios, ya que suelen coincidir con las jornadas laborales. Aunque cuenten con seguridad social, las usuarias no tienen derecho a solicitar licencias o permisos laborales para asistir, lo cual limita significativamente su acceso.
Asimismo, han documentado que en muchas ocasiones, cuando las mujeres solicitan medicamentos para interrumpir el embarazo, solo se les proporciona una parte del tratamiento. Por ejemplo, se entrega únicamente Misoprostol, sin incluir Mifepristona, que es necesaria para garantizar un procedimiento más efectivo. Techalotzi destacó que conseguir Mifepristona en México es complicado y costoso.
“Muchas usuarias nos dicen: ya la busqué en varias farmacias y no la venden o es muy cara. Ante eso, nosotras hemos tenido que generar estrategias para gestionar el medicamento y donarlo a las usuarias”, señaló.
Esta deficiencia ha provocado que muchas mujeres experimenten abortos incompletos, lo que representa un grave riesgo para su salud. Algunas han tenido que acudir a urgencias, donde suelen ser revictimizadas mediante comentarios culpabilizantes por parte del personal médico.
Frente a este panorama, Jessica hizo un llamado a las autoridades para que se garantice la presencia de personal médico capacitado, se difunda ampliamente que el aborto es legal en Puebla hasta las 12.6 semanas y se descentralicen los servicios de salud para que lleguen a todas las mujeres del estado. Asimismo, subrayó la importancia de asegurar el suministro completo y gratuito de medicamentos.
También instó a dar mayor difusión a servicios de acompañamiento como la línea telefónica de aborto seguro, donde las mujeres pueden recibir consejería especializada. Aunque considera que esta herramienta ha representado un avance importante, lamentó que aún no sea ampliamente conocida por la ciudadanía.
No es un hecho aislado
Esta situación no es nueva, ni aislada. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ya había señalado que el IMSS cuenta con una norma interna que impone requisitos adicionales que obstaculizan el acceso al aborto durante las primeras doce semanas de gestación.
En su informe “Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México”, GIRE reportó que en junio de 2023 interpuso un amparo contra dicha norma, que antes solo aplicaba en casos de violación, pero que ahora se ha extendido a todos los casos.
Entre los requisitos impuestos por el IMSS, se encuentran: obligar a las mujeres a realizarse un ultrasonido, presentar una opinión jurídica, contar con la firma de dos testigos o con una orden de un juez o agente del Ministerio Público.
Cimacnoticias previamente ya ha documentado que en estados como Zacatecas, mujeres que han acudido a unidades médicas que presuntamente brindan “aborto seguro» se les ha indicado que, para poder acceder al procedimiento, ellas mismas deben comprar su medicamento.
De igual forma, la criminalización del aborto en Veracruz ha ocasionado que, en su mayoría, las instituciones de salud no sigan métodos y protocolos correctos; haya desabasto de medicamentos abortivos; se haga revictimización y falta de empatía en el trato médico; y exista desinformación sobre la ruta de acceso a un aborto.
También se tiene identificado que el estado de Oaxaca sigue enfrentando dificultades en el ámbito operativo para que el acceso al derecho a decidir sea una realidad. Entre los principales problemas se encuentran la falta de información adecuada, insuficiencia de medicamentos necesarios o que los plazos para realizarlo no alcanzan en relación a las distancias geográficas de las unidades de salud.
Pese a que la despenalización del aborto en diversos estados de la República mexicana representa un avance significativo, es indispensable que este logro vaya acompañado de buenas prácticas dentro de los servicios de salud. Paralelamente, es necesario imponer sanciones a quienes intenten disuadir a las mujeres de su decisión, ya que se trata de una elección personal que no debe ser estigmatizada ni, mucho menos, criminalizada.
