Ciudad de México.- La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C. (ADIVAC), señaló que el Estado mexicano acudió a rendir cuentas, ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), pero olvidó mencionar una de las realidades más violentas que siguen ocurriendo bajo su omisión y negligencia que es: México ocupa el primer lugar dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)’ en embarazos forzados y matrimonios infantiles.
En junio de este año, con registros de la Secretaría de la Salud, se hizo pública una lista de 30 nacimientos en donde las edades entre las madres y los padres es abismal. La lista se viralizó en redes sociales y medios de comunicación desde la perspectiva de «las madres más jóvenes del 2024», invisibilizaron que se tratan de niñas que sufrieron violencia sexual y quienes probablemente están en un matrimonio forzado.
Entre las edades de las mujeres que rondan en la lista se encuentran de 10 años hasta los 12 años; mientras que las edades de los padres rondan entre los 13 hasta los 65 años. De estos solo 7 hombres son menores de edad y 23 son jóvenes, adultos y personas mayores. Asimismo, la mayor diferencia de edad es de 53 años en el caso de una niña de 12 y un adulto mayor de 65 años en el municipio El Oro, ubicado en el Estado de México.
Por otro lado, los estados en donde más se registraron estos casos fueron: Chiapas (Comitán de Domínguez, Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo), Guerrero (Acapulco, Chilpancingo de los Bravos y Chilapa de Álvarez) y Puebla (Puebla, Izúcar de Matamoros y Tehuacán). Aunque, en casi todas las entidades de la república se registró al menos un caso, lo que pone en relieve que esta situación acontece de manera generalizada en México.
Una segunda lista se hizo pública; sin embargo, estuvo enfocada en «30 nacimientos con la mayor diferencia de edad entre padres» mostrando a mujeres entre los 16 años y los 49 años; mientras que la edad de los padres ronda entre los 72 años y los 97 años, siendo que la mayor diferencia de edad se registró en 75 años que abarca el caso de una joven de 22 años y el adulto mayor de 97.
De la misma forma, estos nacimientos casos ocurrieron en Guerrero (Arcelia, San Luis Acatlán y Ayutla de los Libres), Estado de México (Otzolotepec y Toluca), Puebla (Acatzingo, Zacapoaxtla y Puebla) y Baja California (Mexicali y Tijuana).
ADIVAC, mencionó que esta «violencia sexual institucionalizada», está documentada desde la Secretaría de Salud (SSa) la cual reporta una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes entre 9 y 19 años. Sin embargo, en ninguno de estos casos se activó el protocolo de la Norma Oficial Mexicana 046 ni se dio aviso al Ministerio Público para que se investigaran como delitos sexuales.
Los cuales se persiguen de oficio, pero es necesario iniciar una carpeta de investigación. Adivac mencionó que en 2024, la Secretaría de Salud, documentó 7 mil 975 partos de niñas entre 10 y 14 años. De esos, 30 niñas de entre 10 y 12 años tenían parejas de hasta 65 años.
La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C., señaló al Estado mexicano en esa misma comparecencia ante la Cedaw donde tampoco mencionó que México ocupa el octavo lugar a nivel mundial en matrimonios infantiles y uniones tempranas, porque se calcula que un millón 420 mil niñas y adolescentes están unidas o casadas antes de los 18 años.
Desde ADIVAC, autoconsiderada como organización feminista, de derechos humanos y con décadas de trabajo con mujeres y niñas que han vivido violencia sexual, exigen a la Secretaría de las Mujeres federal, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a las fiscalías especializadas en Delitos de Violencia de Género, a los tribunales de Justicia, a la Secretaría de Salud y, especialmente, a la presidenta de México: mirar lo que ocurre con las niñas y adolescentes mexicanas quienes son obligadas a unirse con sus agresores bajo «usos y costumbres», violentando su derecho a una vida libre de violencia.
Además solicitaron que se realice un diagnóstico profundo y sin simulación sobre los resultados de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) 2019-2024. Que se articulen acciones reales, interinstitucionales sin corrupción ni negligencia para reducir de manera efectiva el matrimonio forzado (esclavitud), la violencia sexual, la trata de personas y los embarazos en niñas.
Que se reintegre y audite el presupuesto destinado a esta problemática del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres -(FOBAM), 2019-2024, y se revisen las prácticas de las consultoras que lo han operado y que el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), a nivel federal y locales, actúe con congruencia, con el principio del interés superior de la niñez, y se pronuncie pública ante esta emergencia.
ADIVAC recalcó que en México, las niñas siguen siendo víctimas de violencia sexual y trata, disfrazada de matrimonio, y eso «es inaceptable». Por eso solicitaron a las autoridades voluntad; a la sociedad civil organizada, «no callar» porque «
¡Las niñas no se tocan, no se violan, no se venden, no se casan!
Es preciso recordar que México suscribió la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en 1979, y la ratificó el 23 de marzo de 1981».
Con ello, nuestro país se comprometió —ante el mundo- a garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, a eliminar la discriminación directa e indirecta y a proteger de manera prioritaria a niñas, adolescentes y mujeres.
México y la deuda pendiente con las niñas
De acuerdo con el informe sombra ‘Matrimonio forzado, venta y embarazo de niñas y adolescentes’ enviado ante la CEDAW para la comparecencia del Estado mexicano en su X informe periódico, los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas (MUITF) son fenómenos que se relacionan con las desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente, marcos legales y políticas inadecuadas que ponen en riesgo a las niñas y adolescentes.
Las abismales diferencias entre las edades de una mujer y su conyugue revelan que muchas se casan con hombres mayores cuando aún son adolescentes de entre 15 a 19 años. Esto toma relevancia al considerar que cuando las infancias comienzan un matrimonio, este repercute en su capacidad de alcanzar o abandonar hitos de transición hacia la vida adulta.
«El matrimonio infantil y las uniones tempranas son prácticas perjudiciales, nocivas que tienen un impacto negativo en el desarrollo integral de las niñas y adolescentes, exponiéndolas a violencia, el abuso sexual, sobrecarga de trabajo de cuidados, así como de explotación en el trabajo doméstico y agrícola», apunta el informe.
Otro de los apuntes que hace el informe es que los matrimonios infantiles en áreas rurales no tienen la misma connotación cultural y social, incluso en contextos de pobreza la situación se agrava. Por ejemplo, el 30.9% de las mujeres en zonas rurales se casaron antes de los 18 y solo el 19% lo hicieron las mujeres en zonas urbanas.
El Censo 2020 del INEGI demuestra que a nivel nacional 27 mil 800 mujeres indígenas de 12 a 17 años estaban casadas o en unión conyugal, representando el 7.5% de la población femenina indígena en ese rango de edad, de las cuales el 1.2% eran niñas entre los 12 y 14 años.
En la Montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres y marginadas de México, las niñas indígenas se enfrentan a matrimonios forzados desde los 12 años, transaccionadas mediante trueques bajo usos y costumbres patriarcales. A veces, el intercambio se da económicamente por 250 mil pesos con la complicidad de autoridades locales.
«Las víctimas son sometidas a esclavitud doméstica y violencia, sin acceso a educación ni protección. La pobreza extrema, la omisión estatal y la falta de políticas públicas perpetuán esta violación sistemática de derechos humanos (…) sin que existan mecanismos efectivos para erradicarla», denunció el informe.
