Ciudad de México.- En entrevista para Cimacnoticias, Dora Lilia Roblero García, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció que en el transcurso de 2025 se han acumulado 8 ataques directos en su contra y 51 para la organización. Esto como consecuencia de su labor como defensora y en un contexto de violencia que atraviesa el estado de Chiapas.
Siguiendo el informe ‘Chiapas es un desastre’ del 2023, del Frayba, Chiapas se ha convertido en un lugar en disputa por el control político, social, económico y territorial resultado de la triada gobierno, empresas y delincuencia organizada que han contribuido a la violencia.
En primer lugar, está la marcada militarización. Fue el episodio del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lo que marcó el inicio ocupacional por parte de las fuerzas armadas en Chiapas y que se exacerbó en 2006 con la guerra contra el narcotráfico que provocó un despliegue militar en todo el país.
Durante estos años, el CDH Fray Bartolomé de las Casas ha documentado la implementación de un estado de sitio de facto en zonas específicas, así como crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno mexicano, paramilitares, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y otras corporaciones policiales.
La organización agrega que el control psicosocial de la población a través de programas sociales facilita la alienación a proyectos de militarización. En consecuencia, la desmemoria y anestesia social como parte del control militar, cambiando así la narrativa de los derechos humanos, los cuales “son vaciados de contenido y reinterpretados en defensa de los intereses del Estado”.
A este panorama se suma el escenario de gobernanza criminal donde la venta de drogas, homicidios, feminicidios y desapariciones incrementaron. Aunque el informe menciona que la presencia del crimen organizado en Chiapas es histórica, el punto de quiebre se dio en 2021 cuando comenzaron disputas y reacomodos en la región, sobre todo en los municipios de Frontera Comalapa, La Trinitaria y Chamic.
Ante este panorama, Dora Roblero, quien recientemente fue ratificada como directora de la organización por segunda ocasión, señaló que las autoridades del estado no emprendieron acciones para atender las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, quienes enfrentan las consecuencias por alzar la voz.
«Sabemos que toda persona que hable, que diga la verdad, que diga lo que está pasando realmente, pues tiene pues señalamiento, amenazas, persecución como resultado. Hablamos de defensoras, pero también de periodistas que sabemos que han sido asesinados o desaparecidos» -Dora Lilia Roblero García, directora del Frayba
El episodio de allanamiento
El pasado 22 de julio a las 7:52 de la noche, Dora Roblero se encontraba en el centro de San Cristóbal de Las Casas en una reunión cuando recibió una llamada de una de sus vecinas. Le avisaron que la puerta de su casa estaba abierta y la defensora pidió que prendieran la luz de la sala y cerraran la entrada; sin embargo, cuando la mujer ingreso al inmueble, escuchó un ruido en la planta alta de la casa y corrió del lugar.
De inmediato, Dora Roblero notificó al equipo del Frayba para que la acompañaran a su domicilio. Al llegar, notó que no había signos de robo y que sus pertenencias de valor estaban en el mismo sitio donde las dejo como su televisión y un celular que estaba conectado a la corriente. En cambio, una silla cuyo lugar habitual es la cocina, estaba movida al centro de la habitación
Asimismo, no apareció la aldaba de la puerta de su cocina, la cual permite el acceso al patio; una de las ventanas del segundo piso estaba abierta y algunos objetos del baño estaban tirados como un envase de champú que fue encontrado en la regadera. Por afuera de la casa, las lámparas de la calle dejaron de funcionar siendo que tenían sensores de movimiento y la chapa de la puerta principal estaba forzada.
Alrededor de las 9:30 de la noche, Dora Roblero activo el botón de emergencias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de derechos Humanos y posteriormente, un agente estatal llamó para preguntar sobre las medidas cautelares, pero la organización denunció que la respuesta institucional del Mecanismo fue negligente y evasiva y que la autoridad estatal no ofreció respaldo en cuanto a la seguridad de Dora.
Luego de interponer una denuncia en la Fiscalía General de Chiapas, la fiscal ordenó girara rondines como medida de protección alrededor de su domicilio y en su lugar de trabajo. No obstante, el Frayba acusó que a la defensora no se le proporcionó un número de contacto de los agentes responsables de los rondines y al agente le mencionó que, de necesitar auxilio, llamara al 911.
En añadidura, la organización manifestó que una patrulla de la Policía Municipal llegó al lugar con cuatro elementos, quienes se limitaron a realizar una entrevista sin diligencia alguna y más tarde, cuatro agentes de la Guardia Estatal arribaron al domicilio de la defensora sin activar un protocolo acedado retirándose veinte minutos después.
Por el momento, Dora Robles también cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana como defensora de derechos humanos, desde el Fraiba exigen al Estado mexicano atender, investigar y garantizar la seguridad de la directora y del resto de integrantes por su labor.
«Es claro que la justicia no vendrá del gobierno mexicano, así lo demuestra los casos de impunidad que se mantienen como una loza inquebrantable como es el caso de Simón Pedro o el caso del Padre Marcelo» -Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
Las secuelas de ser defensora en México
Las mujeres defensoras están en constante peligro debido al ejercicio de su labor ya que tienen que ir o viven en lugares con altos índices de violencia; abordan temas de impunidad, injusticia y lucha social; acompañan a las familias o victimas generando un contacto; y a esto se suma los factores de género donde sufren violencia o tortura sexual y feminicidios.
Entre 2012 y 2023, el informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan, documentó 35 mil 77 agresiones en contra de 8 mil 926 mujeres defensoras y también, en contra de 953 organizaciones – colectivas que luchan por la defensa de los derechos humanos. De este número total de agresiones, 200 culminaron con el homicidio, además, se registraron 228 tentativas de homicidio en contra de estas activistas.
La lucha por defender la verdad o buscar la justicia, es la causa que más desempeñan las mujeres y también, el motivo principal por el que son amenazadas, agredidas, desaparecidas e incluso, asesinadas. Del total de agresiones, esta causa representa el 23% de las violencias, con un total de 6 mil 629 agresiones.
De acuerdo con el informe, casi la mitad de los responsables de estas agresiones corresponden a agentes – instituciones del gobierno (45%), siendo la mayoría, los cuerpos policiales quienes ejercieron el abuso, funcionarios municipales y finalmente, las fuerzas militares.
Por otro lado, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció en su reciente informe las siguientes agresiones en Mesoamérica de 2012 a 2024, las cuales se desglosan de la siguiente manera:
Defensoras de la tierra, territorio y el medio ambiente con 22.4%, defensoras a la verdad, justicia y reparación con 18.9%, defensoras a la información y libertad de expresión con 13.7%, defensoras a la participación política 10.4%, defensoras de las mujeres a una vida libre de violencia con 9.5%, defensora de derechos humanos con 6.5%, defensoras de las mujeres con 5.3%, defensoras de la educación con 3%, defensoras de las personas privadas de la libertad con 2.3%, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos con 1.8%, defensoras de la población LGBTQI+ con 1.7% y defensoras de los pueblos indígenas con 1.6%.
Otros casos en 2025
En lo que va del 2025, se han reproducido mayor violencia contra las defensoras de derechos humanos, sobre todo si están a cargo de alguna organización civil. Desde Cimacnoticias se documentaron tres casos de agresiones contra defensoras que lideran una organización civil. El primero, ocurrió el pasado 22 de junio cuando se dio a conocer que las oficinas de EQUIS Justicia para las Mujeres, liderado por Fátima Gamboa, fueron allanadas.
En el incidente se sustrajeron equipos de cómputo con información sensible y estratégica de su trabajo, así como un dispositivo móvil desde el cual gestionan las solicitudes de medios y prensa. Tras el allanamiento, acudieron a denunciar los hechos con las autoridades correspondientes y hoy se encuentra la investigación en manos del personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Esa no fue la primera vez que ocurrió un allanamiento, anteriormente en 2015, cuando Ana Pecova fungía como directora, las oficinas también fueron abiertas para el robo de equipos de cómputo, solo cinco años después de haber creado la organización en 2010. Ahí se robaron cuentas bancarias y datos personales, lo que puso en riesgo el trabajo de las defensoras de derechos humanos que trabajaban en EQUIS Justicia para las Mujeres.
Durante el 14 de julio, Adriana Leyva Alanís cofundadora y subdirectora de la organización Mujeres Unidas X la Libertad A.C. (MUXLL), denunció el intento de detención que vivió el pasado 8 de mayo. El episodio ocurrió luego de que diversos hombres identificados como trabajadores de la Fiscalía de la Ciudad de México, se apersonaron en su lugar de trabajo con una orden de aprensión por un delito que no cometió.
El hecho comenzó cuando un hombre tocó a las oficinas de la organización para hablar con ella y le requirió presentarse a firmar una serie de documentos sobre su liberación, cuando pasó cuatro años en prisión por el delito de robo, bajo el argumento de que hizo falta revisar otros papeleos. Posteriormente, su día transcurrió con normalidad, hasta que en la hora de la comida salió de las oficinas para ir a la tienda, cuando el mismo hombre la interceptó.
Además, traía consigo una orden de aprensión en su contra por el delito de robo, el mismo cargo por el que fue a prisión anteriormente. Sin embargo, la fotografía de la carpeta no coincidía con la defensora. Una situación que incluso fue extraña para el personal de la Fiscalía cuando confirmaron los datos gracias a las identificaciones oficiales que ella traía consigo.
El último caso ocurrió el 21 de julio, cuando allanaron la casa de la defensora Mariana Ávila Montejano, directora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes. Por medio de las cámaras de seguridad se pudo visualizar a cuatro personas encapuchadas quienes lanzaron un objeto desconocido al interior del inmueble.
A penas una semana atrás, Mariana acababa de regresar a su casa, después de tener que desplazarse por motivos de seguridad. Esa noche en particular, no se encontraba en lugar, ya que tuvo que salir. Esta no es la primera vez que alguien la ataca, según narró Mariana Ávila ella ha recibido diversas intimidaciones en su propio domicilio y un año atrás, incendiaron una de las instalaciones de la organización.
Desde la reciente agresión hacia Dora Robledo, la defensora ya no vive en su casa y atraviesa un estado de incomodidad al tener que buscar refugio en otros lugares y a esto se suma las afectaciones emocionales donde constantemente experimenta ansiedad, miedo e inseguridad que la orillaron a buscar ayuda psicológica.
«El hecho de que pasó en mi domicilio y hacia mi persona indican que estos incidentes traían sin duda un mensaje» -Dora Lilia Roblero García, directora del Frayba.
