Ciudad de México.- A mayo de 2025, Red Lupa, en su informe anual, denunció que las desapariciones de mujeres aumentaron en todo el país, especialmente en tres estados, donde el incremento fue superior al 40%: Campeche (55), Chiapas (46) y Ciudad de México (45), un aumento masivo que evidencia la falta de efectividad del Estado para frenar la crisis, pues la ausencia de planes estratégicos y la falta de presupuesto han impedido brindar la atención necesaria a las víctimas y sus familias.
Las desapariciones de mujeres ocurren en un contexto diferenciado por razones de género. Aunque en términos numéricos desaparecen menos mujeres que hombres, ellas tienen menores probabilidades de ser localizadas, y la mayoría son víctimas de redes de trata y explotación sexual.
De las 32 entidades federativas, el análisis señala que son 10 los que concentraron el mayor número de mujeres desaparecidas, encabezadas por el estado de México con 5 mil 585 casos, seguido de Ciudad de México (2 mil 607), Tamaulipas (2 mil 686), Jalisco (2 mil 280), Tabasco (mil 761), Nuevo León (mil 731), Michoacán (mil 805), Veracruz (mil 383), Puebla (973) y Coahuila (776).
Como se puede observar, los cinco estados que encabezan la lista concentran actualmente el 49% de las niñas y mujeres desaparecidas del país. Además cabe destacar el incremento en Tabasco, que no aparecía entre los cinco primeros en 2024, al pasar de 236 casos de mujeres desaparecidas a mil 761.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), de las 32 entidades de la república mexicana, son 10 estados en donde desaparecen más mujeres que hombres: estado de México, Tabasco, Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Yucatán, Puebla y Tlaxcala.
El rango de edad donde se concentran la mayoría de los casos de niñas y mujeres desaparecidas continúa siendo de 15 a 19 años, con el 21% del total. En 2024, este grupo representaba el 22%, lo que muestra que, aunque sigue siendo el más vulnerable, ha habido una ligera redistribución en otros rangos etarios.
Panorama general
Para el 30 de julio de 2025, el país registra 131 mil 316 personas desaparecidas, de las cuales 30 mil 015 son mujeres, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). A estas cifras se suma la crisis forense, con más de 72 mil 100 cuerpos sin identificar y 5 mil 696 fosas clandestinas.
En mayo de 2025, cuando se realizó el informe, había 128 mil 064 personas desaparecidas, siendo 29 mil 258 mujeres. En tan solo tres meses, esto representó un incremento de 2.5% en el total de desaparecidos y de 2.6% en mujeres desaparecidas.
Los cinco estados con más casos de personas desaparecidas en 2025 son Jalisco, estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León. En conjunto concentran el 44.3% de los desaparecidos, mientras que en 2024 representaban el 48%, lo que indica que cinco puntos porcentuales se han distribuido en otros estados.
Entre 2000 y el 16 de mayo de 2025 se concentra el 90% de las desapariciones, y solo entre 2018 y 2025 se acumula el 56% de los casos, periodos correspondientes principalmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y al actual de Claudia Sheinbaum.
Dentro de este periodo, Red Lupa advierte que 2024 fue el año con más casos, con 13 mil 106 desapariciones, pero de continuar la tendencia, a finales de 2025 se alcanzará una cifra igual o incluso mayor.
Madres buscadoras: violencia colateral
El incremento de las desapariciones afecta desproporcionadamente a las madres buscadoras, quienes se enfrentan a un contexto hostil que las coloca en un estado de total desprotección y vulnerabilidad ante la ola de violencia que no cesa y sigue en aumento.
De acuerdo con Amnistía Internacional, entre febrero de 2011 y mayo de 2025 se registraron 30 asesinatos de personas buscadoras, de las cuales 16 fueron mujeres: once madres, dos hermanas, dos esposas y una activista. Estos asesinatos ocurrieron después de haber reportado amenazas, ya sea públicamente o ante las autoridades, y muchos se dieron tras el hallazgo de fosas, identificaciones o detenciones de probables responsables.
Aunque la crisis se arrastra desde sexenios anteriores, ninguno ha tomado las medidas pertinentes para evitar llegar a este punto catastrófico. El Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés) lanzó advertencias contundentes al gobierno de López Obrador, exigiendo que frenara las desapariciones a través de políticas públicas eficaces, siendo la más importante la Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones, que nunca se diseñó ni se implementó.
Además de estas recomendaciones, este año el Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (CEDAW) solicitó el reconocimiento formal de las buscadoras como una categoría específica de defensoras de derechos humanos, estableciendo normas mínimas nacionales para su protección.
Estas deben incluir mecanismos de seguimiento de la violencia que enfrentan, medidas de seguridad con enfoque de género y programas integrales que reconozcan los distintos tipos de violencia que viven, garantizando atención en salud mental, apoyo psicosocial y prevención de la revictimización.
Pese a las recomendaciones para frenar la violencia vinculada al aumento de desapariciones y la vulnerabilidad de las madres buscadoras, el panorama sigue siendo desalentador, pues persiste un ciclo de violencia sistemática en ascenso que el gobierno parece intentar ocultar.
