Ciudad de México.- Desde 2022, en México desaparecen en promedio cuatro mujeres cada día, una cifra que, con el paso del tiempo, se ha acumulado hasta superar actualmente las 30 mil mujeres desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), lo que refleja la insuficiencia de las acciones del Estado mexicano para frenar una crisis humanitaria.
Fue en mayo del 2022 cuando México superó las 100 mil personas desaparecidas y entonces había 24 mil 771 mujeres desaparecidas, es decir, en menos de tres años son 5 mil 260 mujeres las que han desaparecido, lo que se traduce en 4 mujeres desaparecidas por día. Cabe señalar que las entidades donde se tenían en ese momento mayores registrados por desaparición eran: Jalisco, estado de México, Nuevo León y Veracruz.
Este aumento imparable de desaparición de mujeres ha sido documentado desde el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), cuyas cifras datan desde 1964 al el 30 de julio de 2025, cuando se registraron 131 mil 437 personas desaparecidas, de las cuales, 30 mil 31 son mujeres y 100 mil 983 son hombres, lo que evidencia la permanencia de una crisis que no ha sido contenida.
Las desapariciones de mujeres ocurren en un contexto diferenciado por razones de género. Aunque, en términos numéricos, desaparecen menos mujeres que hombres, también son quienes tienen menos probabilidades de ser localizadas. La mayoría de las desaparecidas son víctimas de redes de trata y explotación sexual.
De las 32 entidades de la república mexicana, son 10 estados en donde desaparecen más mujeres que hombres: Estado de México, Tabasco, Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Yucatán, Puebla y Tlaxcala.
Estado de México y Chiapas: epicentros de la crisis
Dos casos ilustran las desapariciones de mujeres son el estado de México y Chiapas, entidades que concentran índices de violencia feminicida y desapariciones. Pese a contar con AVGM, en ambas persiste la impunidad y la ausencia de resultados contundentes.
En el estado de México, gobernado por Delfina Gómez (Morena), los casos de mujeres desaparecidas continúan en aumento. Según datos de Red Lupa, en 2023 se registraron 4 mil 844 desapariciones, cifra que escaló a 5 mil 588 en el año en curso. La primera AVGM por feminicidio se declaró el 31 de julio de 2015, y en septiembre de 2019 se emitió una segunda alerta —primera en el país por desaparición— para los municipios de Toluca, Ecatepec, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca y Cuautitlán Izcalli.
Sin embargo, el presupuesto destinado no ha sido suficiente. Tanto en 2023 como en 2024, el Congreso local asignó 22.5 millones de pesos para la Alerta por violencia feminicida y la misma cantidad para la Alerta por desaparición. Aunque no ha disminuido, este recurso sigue siendo limitado e ineficaz para enfrentar la magnitud del problema.
En Chiapas, la situación no es mejor, pues la violencia impacta de manera particular a mujeres indígenas en condiciones de vulnerabilidad, generando incluso desplazamientos forzados masivos en regiones como Altos, Norte, Frailesca y Sierra Mariscal. El informe “Chiapas es un desastre” (2023), del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), advierte que el estado se ha convertido en un territorio en disputa por el control político, económico y territorial entre gobierno, empresas y crimen organizado, lo que ha intensificado la violencia.
En este contexto, la violencia machista representa ya el 60% de las desapariciones de mujeres en Chiapas. Desde 2006, las desapariciones de mujeres superan a las de hombres, afectando principalmente a adolescentes de 15 años. Pese a la gravedad, la AVGM declarada en 2016 solo abarcó siete municipios y, a casi diez años, no ha demostrado efectividad.
La ineficacia institucional también se refleja en el Consejo Estatal Ciudadano, órgano previsto en la Ley de Desaparición para Chiapas, que sigue sin materializarse a más de cinco años de su anuncio.
El incremento exponencial de mujeres desaparecidas en México, ejemplificado por los casos de Estado de México y Chiapas, muestra que los mecanismos implementados para prevención están estancados, como la AVGM y no han logrado contener la crisis, así como la falta de presupuesto, coordinación y resultados ha permitido que la violencia, la impunidad y las desapariciones sigan creciendo, dejando en evidencia la fragilidad institucional frente a la protección de mujeres, niñas y adolescentes.
Alerta por Violencia de Género
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha advertido que estos casos están frecuentemente relacionados con violencia sexual, feminicidio, reclutamiento forzado, trata de personas y explotación sexual, lo que coloca a niñas y jóvenes en una situación de extrema vulnerabilidad.
Ante este escenario, la Alerta de Violencia de Género (AVGM) ha sido una de las principales herramientas para enfrentar la problemática; sin embargo, pese a ser un logro feminista, actualmente la nueva Secretaría de las Mujeres (Semujeres) no ha sido capaz de asumir la función de las alertas ante la falta de estructura administrativa y personal, lo que se tradujo a un retroceso que ha debilitado la protección estatal de las mujeres, según han señalado organizaciones civiles.
De acuerdo con el informe sombra «Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Ni armonización/ ni coordinación», entre 2013 y 2025 se han presentado 56 solicitudes de AVGM, de las cuales se admitieron 41 solicitudes y solo se han emitido 26 declaratorias de Alerta de Género, para 24 estados:
Dos en el estado de México (una por violencia feminicida y otra por Desaparición), Nuevo León, Morelos, Nayarit, Chiapas, Michoacán, dos en Veracruz (una por violencia feminicida y otra por agravio comparado), Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, dos en Guerrero (una por violencia feminicida y otra por agravio comparado), Quintana Roo, Zacatecas, Oaxaca, Campeche, Durango, Jalisco, Puebla, Chihuahua, Sonora, Tlaxcala, Baja California Estado de México (por desaparición) y Ciudad de México (Declarada por Gobierno Local).
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) subraya que estas Alertas son importantes porque visibilizan la violencia contra las mujeres, activan protocolos de búsqueda, obligan al Estado a diseñar políticas públicas y exponen la impunidad institucional. No obstante, persisten fallas es la coordinación y operatividad de las alertas.
Uno de los principales obstáculos es la coordinación efectiva entre la federación, los estados y los municipios que fragmentan la implementación de medidas recomendadas. A esto suma la falta de voluntad política en gobiernos locales que impide a los programas trascender más allá de lo discursivo; así como la alternancia política y los cambios administrativos que interrumpen los esfuerzos iniciados como la creación de la Semujeres, a partir de la cual se extinguió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) que se encargaba de las Alertas por Violencia de Género.
Este retroceso limita los objetivos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), especialmente en la protección de la vida, integridad y acceso a la justicia, además de evidenciar omisión de recursos presupuestarios que garanticen su implementación.
Otros mecanismos que han mostrado fallas e ineficiencia son el Protocolo Alba y la Alerta AMBER, mecanismos de coordinación para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas. Sin embargo, pese a su vital importancia durante las primeras horas de búsqueda en los estados que cuentan con ellos, el informe sombra «Desaparición de mujeres, Alerta AMBER y Protocolo Alba: Cuando no hay voluntad para encontrarlas» indica que no han podido aplicarse de manera efectiva debido a una serie de obstáculos.
En el país se activaron 2 mil 988 Protocolos Alba en 18 fiscalías en donde se lograron encontrar mil 910 mujeres desaparecidas; sin embargo, de las 32 entidades federativas, en Hidalgo, San Luis Potosí y Oaxaca, este no ha sido implementado. Asimismo, a lo largo de 2024, se activaron 871 Alertas Amber en 20 fiscalías locales, aunque de las 32 entidades que disponen de fichas de búsqueda relacionadas con la Alerta Amber, solo 11 cuentan con un protocolo estatal establecido.
De acuerdo con el documento, los obstáculos que enfrentan ambos mecanismos son: activación tardía de las fichas de búsqueda, en algunos casos hasta 72 horas; falta de difusión y seguimiento de las investigaciones; ausencia de campañas informativas sobre la activación de los protocolos; revictimización y minimización de las mujeres desaparecidas; dificultad de acceso a información sobre el seguimiento de las búsquedas; ineficacia en la clasificación de activaciones; falta de capacitación y sensibilización para las y los operadores; carencia de acompañamiento a víctimas y familiares; así como fallas en la coordinación de los mecanismos.
Ante estas obstrucciones, el informe demanda: armonizar el Protocolo Alba y la Alerta AMBER en todos los estados de la República; conformar Comités Técnicos que informen resultados de manera periódica; homologar los criterios de activación, eliminando requisitos discrecionales y estableciendo un plazo máximo de 24 horas; así como fortalecer la transparencia y el acceso a la información, exigiendo que las fiscalías publiquen sus resultados.
