Ciudad de México.- A diez años de los casos de feminicidio de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Nadia Vera, Alejandra Negrete y homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa, ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, además de permanecer en la impunidad, familiares de las víctimas aún siguen esperando que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo cumpla su promesa de reunirse……..
A Sheinbaum Pardo le hicieron llegar una carta el pasado 21 de julio solicitando un encuentro que había sido prometido desde su gestión como jefa de Gobierno. Hasta hoy, no ha habido respuesta.
“Existe mucha rabia y coraje. Por más que las familias tratamos de aportar pruebas, de recabar información, para las autoridades no son relevantes: no las escuchan, simplemente las ven, pero las hacen a un lado”, expresó Indira Álfaro.
Sheinbaum Pardo en su conferencia Mañanera, no hizo mención alguna al caso. En su agenda solo estuvo la llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump la cual duró 40 minutos aproximadamente en la que sostuvo una negociación para evitar una escalada de aranceles al país. Posterior a este encuentro no tuvo más compromisos que le impidieran sostener esa mesa prometida con familiares.
Con motivo del décimo aniversario luctuoso del caso Narvarte, la organización Artículo 19, junto con los familiares de las víctimas, se manifestaron frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para exigir justicia, pues hasta la fecha no han sido identificadas todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales. Durante esta década, las familias y sus representantes legales han enfrentado negligencia institucional, dilación injustificada y falta de acceso a la verdad.
Indira Álfaro, madre de Yesenia Quiroz, compartió para Cimacnoticias que no ha existido acercamiento con la fiscal Bertha Alcalde Luján y no se han reanudado las mesas de diálogo, a pesar de las insistencias para convocar una reunión.
Desde 2015, año de los hechos del caso Narvarte han pasado tres presidentes, tres jefaturas de Gobierno y cinco titulares de la entonces Procuraduría, hoy FGJCDMX y las autoridades no han mostrado responsabilidad y compromiso de garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
Por el contrario, durante la conferencia se señaló que la investigación ha recaído principalmente en las familias y sus representantes legales, quienes han tenido que litigar por el acceso a la información, solicitar diligencias y proponer líneas de investigación que las autoridades omitieron durante años.
Fue gracias a estos esfuerzos que en 2021 se logró acceder por primera vez a copias completas de las averiguaciones previas y evidencia digital, que habían permanecido retenidas por más de seis años. De este análisis surgieron hallazgos que revelaron una operación planificada y coordinada, con la participación de al menos 10 personas, el uso de un segundo vehículo en el crimen y el posible encubrimiento desde las instituciones.
Estos hallazgos evidenciaron nuevamente la impunidad, ya que solo después de su difusión pública la fiscalía aceptó su relevancia, aunque ninguna de estas líneas de investigación ha sido adoptada hasta la fecha.
A ello se suma que las autoridades no han sancionado a los servidores públicos responsables de filtraciones, omisiones o manipulación de pruebas, a pesar de las denuncias interpuestas por las familias desde 2022.
Ante este panorama, y a una década del caso, Artículo 19 exigió que la FGJCDMX realice todas las diligencias necesarias, agote las líneas de investigación pendientes, especialmente aquellas vinculadas al ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos y sancione a los responsables materiales e intelectuales.
Finalmente, la organización también demanda el cumplimiento total de la Recomendación 4/2017 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
“Es tan abrumador que sean 10 años en los que, desde el primer día, se ha tratado de ensuciar la memoria de las víctimas. Diez años sin seguimiento a pruebas y con desvíos en la investigación. Ninguna línea tiene avances. Hemos vivido un proceso revictimizante, con omisiones y promesas incumplidas”, denunció Indira Álfaro.
Caso Narvarte: sin perspectiva de género
El 31 de julio de 2015, tres personas ingresaron al departamento 401 de Luz Saviñón 1909, en la colonia Narvarte, donde torturaron y asesinaron a las cinco víctimas. Las investigaciones independientes revelan que se trató de un operativo coordinado, en el que participaron al menos otras dos personas, en comunicación con una red de 10 involucrados.
El feminicidio de Nadia, Yesenia, Alejandra y Mile estuvo atravesado por revictimización institucional y mediática. Esto fue especialmente evidente en el caso de Mile, a quien —como denunciaron sus hermanos en el documental “A plena luz: el caso Narvarte”, la prensa mexicana redujo a concepto revictimizante cargado de estigma: “la colombiana” que la vinculaba con delincuencia organizada.
De acuerdo con la defensora Micheel Salas, este imaginario discriminatorio se fortaleció por el uso del apodo de Mile, ya que en narrativas mediáticas y judiciales los sobrenombres suelen asociarse con actividades ilícitas.
Nadia Vera también fue señalada tras hallarse restos de marihuana en un cenicero de su habitación. Filtraciones sobre una supuesta maleta con cocaína reforzaron la hipótesis de que el multihomicidio era un ajuste de cuentas, mientras que la violencia extrema y las demás líneas de investigación fueron minimizadas.
Las autoridades, en lugar de agotar estas líneas de investigación, montaron la versión oficial: una mujer colombiana, restos de drogas y la insinuación de trata de mujeres bastaban para “resolver” el caso.
Sin embargo, tal como expone Patricia Espinosa, hermana de Rubén Espinosa, incluso si la línea de trata de personas hubiera sido la principal, las autoridades nunca la investigaron a fondo. Por ejemplo, nunca indagaron por qué en el auto de Mile había felicitaciones firmadas por funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM).
Según Micheel Salas, Samantha Olivares y Héctor Pérez, la entonces Procuraduría de la Ciudad de México, se limitó a recabar pruebas para desviar el foco del asesinato, evitando explorar su vínculo con la labor periodística de Rubén Espinosa y la defensora Nadia Vera.
Se reforzaba la hipótesis de que el asesinato era un ajuste de cuentas, lo que provocó que el objetivo que perseguían las autoridades se lograra: desviar la atención de los culpables, pues fue una «manera de decir que se merecían el crimen, que las asesinaran, que las torturaran».
Todo fue dispuesto para que las autoridades cuadraran esta versión: una mujer colombiana (cuyos documentos personales estaban montados perfectamente en la escena del delito), restos de drogas y elementos que apuntaban a trata de mujeres.
Estas «evidencias» montadas buscaron dar por cerrado el caso, no obstante a una década de lo sucedido hay una sociedad que contrapone las negligencias, omisiones y encubrimientos del Estado que han provocado que tanto las víctimas como sus familiares no obtengan justicia.
