Ciudad de México.-En seguimiento con la agenda impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en materia político-electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició los trabajos para estructurar una nueva reforma electoral, denominada el «Plan D», como parte de uno de sus 100 compromisos de gobierno. Para ello, creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que tendrá a su cargo la elaboración de la propuesta.
De acuerdo con lo estipulado en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral será responsable de realizar consultas a la ciudadanía para conocer sus puntos de vista, llevar a cabo diagnósticos especializados, integrar grupos de trabajo y formular propuestas concretas. Además, deberá establecer su propio reglamento interno para normar su funcionamiento.
La integración de la Comisión estará conformada por las personas titulares de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino; la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy; la Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel; la Coordinación de Asesores del Presidente de la Oficina de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas; Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar; y una persona servidora pública designada quien asumirá la presidencia, Pablo Gómez Álvarez.
Este último, no es un rostro nuevo en el mapa de las reformas político-electorales, ya que fue coautor junto a Horacio Duarte, de la iniciativa original conocida como Plan A, presentada en abril del 2022 durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el Congreso de la Unión, ya que Morena no contaba con la mayoría calificada
El decreto también contempla la posibilidad de que la Comisión convoque a personas representantes de dependencias públicas, instituciones privadas, organismos autónomos, personal académico, integrantes de la sociedad civil y autoridades de los tres niveles de gobierno. Estos actores podrán participar en calidad de invitados con voz, pero sin voto, en los trabajos que se desarrollen. L instalación formal del órgano deberá concretarse dentro de los diez días posteriores a la publicación del decreto en el DOFA.
Hasta ahora, poco se ha detallado públicamente sobre el contenido preciso de la reforma que se pretende impulsar. No obstante, durante diversas conferencias de prensa en la Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó entrever dos ejes fundamentales: la necesidad de reducir los costos asociados al financiamiento de los partidos políticos y los procesos electorales, así como la modificación al esquema de representación legislativa, especialmente a las diputaciones y senadurías plurinominales que se asignan mediante listas partidistas sin hacer campaña política.
Las advertencias de la reforma electoral
El pasado 3 de agosto, un grupo de exconsejales y exmagistrados electorales publicó una carta abierta en la que expresaron su preocupación sobre el rumbo que podría tomar la próxima reforma electoral. En el documento hicieron un llamado a promover un dialogo público y abierto que permita una deliberación informada y plural, basada en los diagnósticos técnicos que dé cuenta de los costos reales de las elecciones y su impacto financiero.
«Una reforma electoral, como ha sido el caso en las últimas décadas, debe ser fruto de una amplia deliberación y acuerdos. No solo importan los votos en el Congreso, sino la voz de todos, incluyendo las minorías. Una democracia se fortalece cuando todos tienen cabida, aunque tengan menos votos» -exconsejales y exmagistrados electorales
Ante la situación, propusieron una serie de opciones para fortalecer el sistema democrático. En primer lugar, se busca corregir las distorsiones en la representación política que genera esquemas de subrepresentación y sobrerrepresentación excesivos, acercando la distribución a escaños de porcentaje real de votos obtenidos por cada fuerza política. Asimismo, señalan que es prioritario preservar la autonomía e independencia de los organismos electorales garantizando la colegialidad en la toma de decisiones.
Otra propuesta es que la designación de consejerías y magistraturas electorales recaiga en el Congreso de la Unión, con base en criterios de experiencia, conocimiento técnico e imparcialidad, y no mediante voto popular. También plantean que el Registro Federal de Electora, padrón, listado nominales y las Credenciales para votar continúen bajo la administración de la autoridad electoral. Finalmente, se propone implementar un sistema riguroso de rendición de cuentas y fiscalización que garantice campañas equitativas y erradique la compra del voto.
Las reformas de Andrés Manuel López Obrador
El proceso que ahora retoma Claudia Sheinbaum Pardo tiene como antecedente tres intentos de reforma durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, conocidos coloquialmente como Plan A, Plan B y Plan C.
El Plan A fue dado a conocer en abril del 2022 y en este se propuso la elección a través del voto popular de consejerías y magistraturas electorales, la transformación del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, la reducción al financiamiento de la autoridad electoral, reducción del número de legisladores y disminución de presupuesto para los partidos políticos.
Asimismo, se planteó facilitar el voto de la ciudadanía mexicana en el extranjero, implementar el voto electrónico, reducir los tiempos oficiales de la autoridad electoral y redefinir la propaganda institucional, así como generar un ahorro de 24 mil millones de pesos a nivel nacional. Sin embargo, el Plan A no alcanzó a pasar las trabas en el Congreso de la Unión y la reforma se desechó en la Cámara de Diputados con 269 votos a favor y 225 en contra.
El Plan B dio inicio en noviembre de 2022 cuando se previó el fracaso de la propuesta anterior. En dicho proyecto se anunció un paquete de reformas a leyes secundarias para modificar el sistema electoral y se presentó como una alternativa al Plan A, ya que, para ese entonces, se había aplazado la votación del proyecto en el Congreso de la Unión del primer proyecto.
En febrero de 2023, el Plan B fue aprobado por el Senado de la República con 72 votos a favor y 50 en contra; sin embargo, el decreto fue objeto de controversias y señalamientos, por lo que se presentaron siete acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y para el 8 de mayo la Corte declaró inconstitucional la primera parte de la propuesta.
Finalmente, el Plan C se publicó en febrero de 2024 y fue parte del paquete de reformas constitucionales de Andrés Manuel López Obrador, donde se expuso la necesidad de reducir el financiamiento de las campañas políticas para generar un ahorro de 32 mil millones de pesos de 2025 a 2030.
Para ello se buscó crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) que buscaba sustituir al Instituto Federal Electoral (INE) y reducir el número de consejeros electorales, de 11 a 9 integrantes con un periodo de 9 a 6 años sin posibilidad de reelección. También que el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) absorbiera las funciones de los 32 Tribunales Electorales locales del país y reducir el periodo de los magistrados electorales de 9 a 6 años sin posibilidad de reelección.
En suma, se propuso la eliminación de 200 diputaciones y 64 senadurías plurinominales para que el Congreso obtuviera 300 diputaciones y 64 senadurías electas por el principio de mayoría relativa en los distritos o estados que representen; la eliminación de 459 diputaciones locales plurinominales; y la reducción del número de regidores y concejales.
