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Tras 16 años de liberar a señalados por Matanza en Acteal, impunidad y violencia persiste

Por Paola Piña

Ciudad de México.– Jóvenes integrantes de la comunidad de Acteal, Chiapas, se manifestaron en contra de los 16 años de impunidad que, denunciaron que pesan sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por haber liberado a paramilitares acusados de la Matanza de Acteal cometida el 22 de diciembre de 1997, donde fueron asesinados 45 tsotsiles, en su mayoría mujeres, dentro de su propio territorio y hasta el momento, ninguno de los cinco principales autores intelectuales ha sido detenido.

El 22 de diciembre de 1997, alrededor de 60 paramilitares vestidos de negro dispararon con armas exclusivas del Ejército contra integrantes de Las Abejas, comunidad indígena tsotsil, mientras oraban en una ermita. Los hechos comenzaron a las 11 de la mañana y se prolongó hasta las 7 de la tarde. El saldo fue de 45 personas asesinadas. De las víctimas, 16 eran niñas, niños y adolescentes; 20 eran mujeres y nueve hombres adultos. Siete de las mujeres estaban embarazadas.

Con el propósito de no dejar en el olvido este hecho de lesa humanidad, la comunidad de Acteal se reunió el pasado 12 de agosto para exigir justicia y denunciar que la impunidad que rodea al caso es consecuencia, en gran parte, de la decisión de la SCJN de liberar a quienes ellos describen como paramilitares, acción que, afirmaron, buscó encubrir a los autores intelectuales: Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, general Enrique Cervantes, general Mario Renán Castillo y Julio César Ruiz Ferro, quienes no han sido llamados a rendir cuentas.

La SCJN argumentó en su momento que la liberación de los paramilitares se debía a que no existió un “debido proceso”. Sin embargo, los testimonios de las y los sobrevivientes de la masacre fueron desestimados y omitidos en su totalidad, motivo por el cual la comunidad acusó a la institución de corrupción.

Ante ello, calificaron las negligencias de la SCJN como una “vergüenza”, pero enfatizaron que la lucha de sus antepasados les da fuerza para seguir exigiendo justicia y dignidad para su pueblo:

“Del dolor que el mal gobierno nos causó al quitarnos a nuestras 45 hermanas y hermanos, y a los 4 bebés ultrajados en el vientre de sus madres, brotará nuestra fuerza y motivo para continuar la lucha hasta lograr justicia verdadera”.

Durante esta liberación como ministras y ministros de la Suprema Corte estaban: Sergio Aguirre Anguiano, Olga Sánchez Cordero, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Luis María Aguilar Morales, Margarita Luna Ramos, Sergio Valls Hernández y como presidente del organismo Juan N. Silva Meza.

Asimismo, recordaron que el caso permanece desde hace más de diez años estancado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que hasta la fecha no ha emitido un informe de fondo. Esta falta de resolución, aseguraron, ha permitido que la impunidad y la crisis de violencia en la región se mantengan intactas.

Pese a la impunidad que impera en el país, advirtieron que no permitirán que la memoria de sus abuelas y abuelos quede en el olvido: “No dejaremos libre a Zedillo, ni a sus cómplices ni a su ejército; estos criminales deben ser juzgados y castigados para que nunca más se repita otra masacre en México, como la de Acteal”.

Las y los integrantes de Las Abejas de Acteal, responsabilizaron también a los gobiernos posteriores a Zedillo, incluido el actual, por permitir asesinatos y hostigamientos contra defensoras, defensores sociales, representantes de pueblos organizados y periodistas.

Ejemplo de ello es el caso de Dora Robledo, directora del El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), quien ha enfrentado hostigamientos y amenazas de muerte. Ante este hecho, la comunidad exigió a la CIDH condenar los ataques y obligar al Estado mexicano a garantizar la vida de todo el equipo del centro de derechos humanos, además de realizar una investigación “sin pretextos” contra los responsables.

Finalmente, no solo exigieron por lo derechos de su pueblo y de la nación, sino que también se solidarizaron con el pueblo palestino, lugar donde se está cometiendo un genocidio, hecho que condenaron como “la gran vergüenza de estos tiempos que vivimos” cometida en contra de  los gobiernos de Israel y de Estados Unidos. 

Somos pequeños, no tenemos el poder de detener la barbarie de este atroz genocidio contra el pueblo palestino, pero si nos unimos todas y todos a levantar la voz para que se pare el infierno en Palestina, podremos salvar la vida de mucha gente.

27 años después, la violencia persiste

A 27 años de la masacre, la violencia en el territorio persiste. El pasado 8 de junio, en la comunidad de Tzajalch’e, municipio de Chenalhó, se registraron múltiples detonaciones de armas de fuego provenientes de un monte cercano, a apenas 400 metros de una escuela y de una iglesia.

Las Abejas señalaron que no se trata de un hecho aislado. Desde hace años han denunciado la presencia de grupos armados vinculados al crimen organizado en la región. La situación se agravó desde julio de 2024, cuando se intensificaron los bloqueos de caminos, cortes de electricidad, ataques directos y reclutamiento forzado, sin que el gobierno en turno haya atendido ni frenado la violencia.

Denunciaron además la colusión de autoridades con estos grupos, pues cuando intentaron documentar los hechos con sus celulares, policías de Chiapas les confiscaron los dispositivos para borrar las evidencias y ocultar lo ocurrido.

Cimacnoticias documentó en “Soy una niña desplazada. Infancias como víctimas de conflictos armados en Chiapas” que desde hace tres años la disputa territorial en la frontera sur ha provocado enfrentamientos constantes en municipios de la Sierra Mariscal y Frailesca, poniendo en riesgo la vida e integridad de 161 mil 570 niñas, niños y adolescentes.

Esta situación demuestra que, la Matanza de Acteal no es un hecho aislado sino que responde a una violencia estructural que encapsula al territorio chiapaneco, la cual afecta desproporcionadamente a las mujeres. A casi 3 décadas del suceso, aún no hay justicia para las comunidades lo que evidencia que la corrupción y la impunidad siguen gobernando


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