Ciudad de México.- En México, defender la dignidad humana y los derechos fundamentales no es sinónimo de justicia, sino de quedar en completa vulnerabilidad frente al Estado. Los datos evidencian que entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025 se registraron 133 violaciones de derechos humanos contra defensoras y defensores, de acuerdo con cifras de la organización Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH) y el Comité Cerezo.
El escenario fue expuesto en la presentación del informe “Defender los derechos humanos en México: la esperanza se desmorona”, un título que por si solo refleja la realidad que atraviesa el país, lo cual se sustenta con las cifras que revela, de esas 133 violaciones, 86 fueron detenciones arbitrarias, 22 ejecuciones extrajudiciales y siete desapariciones forzadas.
Detrás de esas cifras hay patrones de represión que se repiten una y otra vez. El derecho a la protesta se coloca como el de mayor incidencia, la mayoría de las personas que hoy figuran como víctimas habían salido a las calles para exigir justicia o denunciar abusos. En segundo lugar, aparece el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, seguido de los derechos ligados a la defensa del territorio.
Pero no sólo se criminaliza la protesta social o la defensa del territorios, pues uno de los derechos más golpeados es el de quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos. Las madres buscadoras se han convertido en blanco de ataques constantes. Es por ello que fue invitada María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, quien desde hace ocho años se convirtió en defensora tras la desaparición de su hijo, Juan de Dios Barojas.
En entrevista con Cimacnoticias, Núñez explicó que en su trayectoria como defensora ha sufrido violaciones a su derecho a la libre manifestación y a la protesta, además de ser revictimizada, criminalizada y desprotegida en su seguridad e integridad física.
“Nos volvemos carne de cañón para los perpetradores de la desaparición, pero también para los agentes del Estado en su modalidad de agentes del Ministerio Público, agentes de investigación, agentes u operadores de la Comisión de Búsqueda. Todos ellos se vuelcan en nuestra contra de manera violenta” declaró .
Cabe recordar que María Luisa fue revictimizada y criminalizada por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quien tras ser cuestionado por las inconformidades del colectivo Voz de los Desaparecidos, señaló a Nuñez como una opositora, la cual “respondía a intereses personales”, además de apuntar que su hijo de la defensora tenía vínculos en el triángulo rojo.
La defensora advirtió que el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, representa un riesgo para quienes defienden derechos humanos, pues, aunque se presenta como progresista, en los hechos limita derechos y busca callar las voces disidentes mediante acciones que impiden su derecho a la protesta.
“En el discurso se dice que no que no criminaliza y que no revictimiza, pero en los hechos hacen todo lo posible para callar nuestras voces y también para limitar nuestros derechos creando leyes que criminalizan nuestro derecho”
El informe confirma esta percepción, pues advierte que mientras en años anteriores la agresión directa era el mecanismo más utilizado por agentes del Estado, en el último periodo analizado la criminalización se ha convertido en la herramienta predilecta del gobierno en turno para frenar y castigar la labor de las y los defensores de derechos humanos.
Sin embargo, pese a este contexto hostil que ha atravesado, María Luisa desde su colectivo en Puebla ha impulsado en materia de desaparición de personas, una fiscalía especializada, la comisión de búsqueda, la ley estatal en materia de desaparición de personas, la declaración especial de ausencia. Además han contribuido a encontrar fosas clandestinas e incluso han logrado hallar personas con vida, incluso después de 4 años de haber desaparecido.
Porque entonces por levantar la voz, por denunciar públicamente las omisiones, las inacciones, los actos de corrupción por parte de las fiscalías de cualquier instancia del Estado, nos volvemos incómodas.
El mapa de la represión
Las cifras del informe permiten ubicar con claridad los estados más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos humanos. En lo referente a detenciones arbitrarias, Jalisco se coloca a la cabeza con 36 casos, lo que representa el 30.96% del total nacional. Si se suma Querétaro, que acumula el 11.18%, ambas entidades concentran el 42% de las detenciones. El dato es relevante, pues en ambos estados gobierna la ultraderecha: Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional.
En segundo lugar aparece Michoacán, que en informes anteriores había encabezado la lista. En tanto, la Ciudad de México y Chiapas sumaron en conjunto 14 detenciones arbitrarias.
La situación no es menos grave en materia de desapariciones forzadas. Entre enero de 2006 y mayo de 2025 se han registrado 225 casos de personas defensoras desaparecidas en 18 estados del país. Guerrero lidera con 86, seguido por Chiapas con 30, Michoacán con 20 y Oaxaca con 17.
Respecto a las ejecuciones extrajudiciales, Oaxaca se coloca como el estado con más víctimas: 10 de los 22 casos documentados ocurrieron en su territorio. Ni siquiera el cambio de gobierno del PRI a Morena modificó este patrón represivo. Veracruz y Jalisco ocupan el segundo y tercer lugar en la lista, mientras que Chiapas registró tres casos.
Lo significativo es que estos patrones se repiten independientemente del partido en el poder. Morena, Movimiento Ciudadano o el PAN: todos mantienen las mismas prácticas de criminalización y represión hacia quienes defienden la vida, el territorio y los derechos humanos.
Recomendaciones
La gravedad de estas cifras se explica, en buena medida, por la falta de justicia. Así lo señaló Maia Campbell, integrante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), al advertir que uno de los principales desafíos en México sigue siendo la impunidad en los crímenes cometidos contra personas defensoras.
Frente a este panorama, la organización internacional planteó una serie de recomendaciones urgentes que buscan romper con la indiferencia y la inacción del Estado mexicano:
En el tema de desaparición forzada, propuso crear una Comisión de la Verdad junto con víctimas y colectivos, reformar la Comisión Nacional de Búsqueda para darle mayor capacidad técnica y humana, y establecer un Instituto Nacional Autónomo de Antropología Forense que resguarde un banco nacional de ADN independiente.
En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, pidió expedir una Ley General que tipifique este crimen como una grave violación a los derechos humanos y publicar un protocolo homologado de investigación basado en el Protocolo de Minnesota de la ONU.
Respecto a la detención arbitraria, urgió al Estado mexicano a cumplir con los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas y apegarse a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ambos de la OEA.
